La Comunidad de Madrid se ha sumado a la petición de las otras comunidades autónomas gobernadas por el PP (Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia) para solicitar al Gobierno de España que modifique el Bono Joven para "dar seguridad" a solicitantes, así como a las comunidades que tienen que gestionarla.
En declaraciones al respecto, la consejera de Medio Ambiente y Vivienda de Madrid, Paloma Martín, ha señalado que el bono "se ha gestado de manera improvisada". "Cuando se interviene el mercado por la vía de la subvención, se produce un incremento automático de los precios. Es una medida que se considera un fracaso donde se ha aplicado. Lo vimos con la Renta de Emancipación de la ministra Trujillo, que supuso en el primer trimestre de su aplicación un incremento de un 10 pro ciento del precio del alquiler", ha dicho.
Por tanto, Martín augura que este modelo "generará un efecto inflacionista claro en los alquileres y no resolverá el problema". "El porcentaje de jóvenes entre 18 y 35 años que podrán ser beneficiarios será mínimo, por lo que generará insatisfacción. El Plan Estatal de Vivienda se ha diseñado limitando la capacidad de acción de las CCAA. Obligan a desplegar su modelo de vivienda de subvención y no de incentivos", ha concluido.
REUNIÓN CON EL MINISTERIO
Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia han hecho un frente común para solicitar al Gobierno central que modifique la normativa del Bono Joven durante la reunión de la Conferencia sectorial de Vivienda y Suelo convocada este pasado miércoles por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Los responsables de Vivienda de estas comunidades, Marifrán Carazo; Juan Carlos Suárez-Quiñones; Ángeles Vázquez; Paloma Martín y José Ramón Díez de Revenga, requirieron al Ministerio que concrete la definición de esta medida para "evitar su maraña burocrática" en aspectos como las rentas de alquiler, las rentas máximas de los solicitantes, y los documentos que acrediten la residencia en la vivienda o habitación.
Consideraron "improvisada y enrevesada" la puesta en marcha del Bono Joven por parte del Gobierno central, y lamentaron que no haya contado con la opinión de las comunidades autónomas, ni tampoco con el Consejo de Juventud, antes de aprobar esta medida. "Salió adelante con contactos mínimos e imposiciones máximas", dijeron.
Asimismo, los consejeros del PP reiteraron algunas de las cuestiones ya planteadas en la anterior conferencia sectorial "al seguir considerando que se trata de un modelo que generará un efecto inflacionista claro en los alquileres y no resolverá el problema". Del mismo modo, solicitaron que se aclararan aspectos clave del bono joven tales como el procedimiento de gestión, los supuestos en los que se comparte piso, entre otros.
Avanzaron que, "tal y como está diseñado, va a ser demasiado complejo" y advirtieron que "los fondos estatales llegarán tarde y serán difíciles de gestionar por las administraciones regionales debido al galimatías administrativo que nos trasladan a las comunidades y, lo que es peor, a los ciudadanos".
Los representantes de estas cinco autonomías gobernadas por el PP también solicitaron al Gobierno central el desarrollo de una herramienta informática de gestión que permita a todas las administraciones regionales el traspaso de datos en caso de movimientos a otras autonomías por parte de los solicitantes. "Entendemos que la posibilidad de pagar mensualmente o periódicamente va a hacer inasumible la gestión de estas ayudas", esgrimieron.
PLAN DE VIVIENDA "IDEOLÓGICO"
Los consejeros reprocharon al Gobierno central que no haya recogido sus propuestas en el nuevo Plan de Vivienda 2022-2025 que calificaron de "ideológico y que únicamente satisface a sus socios de coalición, empeñados en reeditar un modelo intervencionista que no ha funcionado en ninguna parte donde se ha aplicado".
Así, solicitaron que se respete escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas y que dé libertad a los gobiernos autonómicos para adecuar los programas de vivienda a las necesidades de cada territorio "sin imponer modelos ni programas".
Asimismo denunciaron que no hayan tenido más participación en la definición y condiciones de los diferentes programas del nuevo Plan de Vivienda y denunciaron que, a pesar de ser cofinanciado, el Plan impone que un 20% de la financiación esté destinada a programas específicos que en su mayoría ya existen en las comunidades autónomas, y elimina otros que estaban dando buenos resultados.
"Y, para complicarlo aún más, condicionan las ayudas entre sí con lo que se limita totalmente la capacidad de decisión y la libertad de elección entre los programas a las comunidades, así como dificulta su gestión, con el objetivo de imponernos su modelo de vivienda de subvención", manifestaron.
Igualmente, lamentan profundamente que la ministra no hubiera convocado hace meses una o varias reuniones de dicha conferencia para abordar el texto de una Ley con tantas y tan graves consecuencias. Y concluyeron manifestando que la regulación estatal aprobada "invade competencias autonómicas porque de facto hace política de vivienda al exigir la implantación de algunos programas que, en muchos casos, choca con la legislación autonómica".
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