El PSOE pide a la AN que investigue en Púnica los contratos del Ayuntamiento con Waiter Music

La acusación popular ejercida por el PSOE en la macrocausa 'Púnica' ha presentado un recurso de apelación donde pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que incluya en la pieza separada 7 los contratos suscritos por el Ayuntamiento de Madrid con la empresa de organización de eventos Waiter Music argumentando que, aunque no habría participación directa del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, el ex senador 'popular' David Erguido habría ejercido de "alumno aventajado" siguiendo el mismo patrón.

En un escrito del pasado lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), bajo cuya coordinación actúa también el PSOE, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que eleve a la Sala de lo Penal el recurso de apelación que formuló esta acusación popular de forma subsidiaria en el caso de que el magistrado rechazara su recurso de reforma, como ha ocurrido.

La intención de ADADE es que la Sala revoque el auto dictado el pasado 29 de julio por García-Castellón con el que puso fin a la instrucción de esta pieza 7 de 'Púnica', al tiempo que acordó procesar por delitos de tráfico de influencias y prevaricación a quince personas, entre ellas Granados, Erguido y siete ex alcaldes, por la supuesta contratación irregular de Waiter Music y otras sociedades propiedad de José Luis Huerta para organizar fiestas populares en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

ADADE reprocha al instructor que deje fuera del objeto del procedimiento los contratos del Ayuntamiento de Madrid con Waiter Music que Erguido habría fraguado desde su posición de concejal del Distrito Centro, apuntando en concreto a los celebrados en 2013 y 2014 para organizar las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Paloma de esos años.

A su juicio, el hecho de que Granados, señalado como el 'cerebro' de 'Púnica', no estuviera implicado en estos contratos no debería impedir que se investiguen en esta pieza 7 y, en este sentido, manifiesta que se debe investigar si en estos casos también hubo una presunta contratación fraudulenta con Waiter Music y, después, identificar a los posibles culpables, "no al revés".

Muestra de que la posible participación de Granados en estos hechos "resulta irrelevante" para continuar con las pesquisas, expone ADADE, es que García-Castellón sí contempla en el auto recurrido las presuntas adjudicaciones irregulares en los ayuntamientos de Algete y Móstoles, a pesar de que no habría indicios de la implicación del ex secretario general del PP madrileño en las mismas.

Para ADADE, es "absolutamente incomprensible" que, si el Juzgado Central de Instrucción Número 6 aprecia indicios suficientes para continuar el procedimiento respecto a Erguido por los contratos con Waiter Music durante su etapa como vicealcalde del Ayuntamiento de Algete, "se niegue a investigar si continuó (...) con las mismas prácticas presuntamente delictivas desde su nuevo destino como concejal del Distrito Centro de Madrid".

"AUTOR INTELECTUAL" PERO NO OMNIPRESENTE

La acusación sostiene que, de lo investigado hasta ahora, se deduce "claramente" que, "quien inicia la práctica, conoce la empresa y al empresario y lo utiliza en beneficio propio y del Partido Popular es el propio Granados, mientras que Erguido resulta ser únicamente ni más ni menos que un alumno aventajado, que pone en práctica dicha actividad desde sus distintos puestos en la administración pública en representación siempre del PP".

De esta forma, apunta a Granados como el "autor intelectual" de una operativa que habría consistido en que las administraciones gobernadas por el PP en Madrid habrían contratado con Waiter Music con sobrecostes para la organización de distintos festejos populares y, en compensación, la empresa habría realizado actos para el PP, que de esta forma se habría beneficiado de eventos gratis.

ADADE considera "evidente" que Granados, "una vez mostrado el camino", "no tiene que ir personalmente a proponer cada contratación, ni siquiera ir a todos los actos, pues ya ha dado las directrices".

Aduce además que el hecho de que, presuntamente, Erguido "ponga en práctica las mismas mañas para adjudicar contratos fraudulentamente, malgastar dinero público y beneficiarse él y el Partido Popular, a la misma empresa, y desde los distintos puestos que va ocupando en administraciones gobernadas por el PP, véase el Ayuntamiento de Algete y el de Madrid, supone un clarísimo caso de continuidad delictiva", lo que repercute a la hora de determinar la prescripción y la pena, que aumentaría.

Al margen de las cuestiones sustantivas, la acusación esgrime que, dado que Erguido ya está investigado en la pieza 7 por hechos similares, por "economía procesal" se deberían incorporar también los señalados respecto al Ayuntamiento de Madrid.

"Lo más eficaz es que se instruyan y juzguen juntos, evitamos así dilaciones, sobrecargar a la justicia, pues los hechos tienen mucho en común y será mucho más fácil instruirlo y juzgarlo junto que inhibirse en favor del juzgado de instrucción que por turno corresponda", razona ADADE, añadiendo que iniciar una nueva investigación en otro juzgado supondría también someter durante más tiempo a Erguido a "la pena de banquillo".

Por todo ello, solicita a la Sala de lo Penal que reabra la instrucción de la pieza 7 para que se investiguen las posibles irregularidades en los contratos del Ayuntamiento de Madrid con Waiter Music y que se vuelva a tomar declaración como investigado a Erguido.