El juez de Instrucción 28 de Madrid ha citado a declarar como investigados a los agentes de la Policía Nacional que el pasado 21 de marzo echaron con un ariete abajo la puerta de un domicilio en el barrio de Salamanca después de que los vecinos avisaran del ruido que había en dicha vivienda por una posible fiesta ilegal.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, el juez admite a trámite la querella que interpuso el morador de la vivienda, defendido por el despacho penalista Ospina Abogados, por un delito de allanamiento de morada y de daños. Ademas, se ha citado a declarar a los agentes para el próximo 17 de septiembre a las 10.00 horas.
La citación se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez investigar a los agentes al considerar que se produjo "un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio".
Finalmente se ha iniciado el procedimiento en contra de los agentes por un delito de allanamiento de morada y de daños, y se ha citado a declarar en calidad de investigados a los seis funcionarios que derribaron la puerta a la fuerza.
Los hechos se produjeron el pasado 21 de marzo cuando los agentes acudieron al inmueble de la calle Lagasca comprobando que se escuchaba música a un volumen excesivo, constantes gritos provenientes de un grupo muy numeroso de jóvenes, lo que estaba prohibido por el estado de alarma.
Los agentes comenzaron a llamar al timbre de la puerta requiriendo a las personas que se encontraban dentro del domicilio que salieran a identificarse para ser multados por cometer una infracción a la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana.
Juan Gonzalo Ospina, abogado del morador del inmueble, defendió desde el inicio de la causa que los jóvenes se acogieron a su derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio para no abrir la puerta.
USO DE UN ARIETE
Según el atestado policial, los agentes de la Policía Nacional procedieron a intentar abrir la puerta del domicilio por sus propios medios, llegando a intentar hasta dos técnicas antes de recurrir al uso de un ariete para tumbar la puerta y proceder a la detención de los jóvenes que se encontraban dentro del domicilio por un supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad.
Tras la detención de los jóvenes, el juzgado de instrucción 4 de Madrid incoó un procedimiento de diligencias previas en contra de los jóvenes por un supuesto delito de desobediencia grave. Frente a ello, el abogado defensor solicitó el archivo libre la causa e interpuso un recurso de apelación directa para que fuese la Audiencia Provincial de Madrid la encargada de resolver sobre el fondo de la cuestión.
De forma paralela, Ospina presentó una querella en contra de los seis agentes de la Policía Nacional que irrumpieron en el domicilio de la calle Lagasca.
Tras haberse negado en reiteradas ocasiones en suspender las declaraciones de los jóvenes como investigados, finalmente el juzgado instructor 4 de Madrid accedió a suspender dichas declaraciones un par de días antes de que se diera a conocer la resolución de la Audiencia Provincial en el recurso interpuesto por Juan Gonzalo Ospina.
En dicha resolución, la Audiencia no solo archivó directamente el caso de los jóvenes por desobediencia, sino que ordenaría deducir testimonio en contra de los agentes de la Policía por su probable participación en hechos delictivos.
"Se ha producido por parte de los agentes de la policía, un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio, y por ello resulta procedente que por el Magistrado Juez de Instrucción, tras la inadmisión de la denuncia a trámite, por no ser constitutivos de infracción penal, los hechos narrados en el atestado, se proceda a deducir testimonio, por si la actuación de la fuerza pública, pudiera ser constitutiva de infracción criminal", señaló la Audiencia.
El próximo 17 de septiembre comenzarán las declaraciones en la causa penal abierta en contra de los agentes de la Policía Nacional, quienes se encuentran investigados por un delito de allanamiento de morada y de daños, pudiéndose enfrentar a penas de prisión de hasta cuatro años, e inhabilitación absoluta para el desempeño de funciones públicas por un periodo de hasta 12 años.
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