Se les acusa de infringir "gravemente" la normativa para la protección de los derechos de los trabajadores durante unas obras de rehabilitación
La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años de prisión para los responsables del derrumbe que se produjo en una obra de la calle General Martínez Campos el 22 mayo de 2018 en el que murieron dos obreros por un delito contra la seguridad de los trabajadores, han informado fuentes fiscales.
En su escrito, el fiscal afirma que los tres acusados infringieron "gravemente" la normativa para la protección de los derechos de los trabajadores durante la obras de rehabilitación de un edificio en el centro de Madrid con lo que "crearon una situación de peligro" que se materializó en un desplome parcial que causó la muerte de dos trabajadores y lesiones a otro.
Martínez Residencial era propietaria del edificio sito en la calle del General Martínez Campos, número 19 destinado a uso residencial, que contaba con ocho plantas y cubierta plana, sin sótanos.
La promotora deseaba realizar una obra de rehabilitación del edificio para reestructurarlo puntualmente y ampliar el bajo a nuevas plantas destinadas a garaje.
Aldesa Construcciones S.A. contrató los servicios de J. M. C. G. como Jefe de Obra y mientras que la promotora Martínez Residencial SLU se hizo con los servicios de F. J. V. R. como director de Ejecución de la Obra y de R. R. R. como responsable de la ejecución del proyecto.
Como es preceptivo, la obra debía realizarse conforme a un proyecto y el proyectista debía incluir en la memoria si las obras proyectadas incluían actuaciones en la estructura preexistente con el fin de satisfacer las exigencias de seguridad estructural en lo relativo a la capacidad portante del edificio.
En este caso, a pesar de que la memoria contemplaba la necesidad del reforzamiento de los muros de carga, "no se preveía el momento concreto en el que debía ejecutarse tal refuerzo".
COLAPSO ESTRUCTURAL
En estas circunstancias dio comienzo la obra el 30 de marzo de 2018. Dos meses más tarde, en concreto el 22 de mayo, se encontraban en la obra 23 trabajadores por cuenta ajena, "desarrollando simultáneamente sus tareas".
Sobre las 16.45 horas, justo cuando un operario había perforado unos 12 metros para introducir el primero de los 4 pilotes que debían ejecutarse en la planta tercera del parking, "se produjo el colapso estructural de la parte baja del Patio 3".
Esta circunstancia determinó que cedieran los forjados de la primera planta así como los de las plantas superiores de la misma vertical provocando el derrumbe parcial del edificio, desde la planta 7ª hasta la planta baja, en la zona que se correspondía con el Patio3, así como los forjados que apoyaban en sus fachadas, que eran muros de carga".
Tras el derrumbe fallecieron A, G. B. M. y J. M. S. T. mientras que otro trabajador resultó con heridas de diversa consideración. Según la Fiscalía, "el accidente se produjo como consecuencia de un fallo de ejecución de obra con grave incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales".
Se produjo al "actuar sobre los muros de carga del Patio3 de la planta baja sin que estuviera apuntalado o reforzado dicho patio ni sus proximidades, abriéndose huecos en su fábrica que debilitaron su capacidad portante, hasta el punto de que éstos no pudieron soportar las cargas de los pisos superiores".
Según el fiscal, tanto J. M. C. G. como F. J. V. R. incumplieron sus obligaciones como máximos responsables del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y vigilancia de las medidas de prevención, "pues sabiendo que los muros del Patio3 eran elementos estructurales por su condición de muros de carga ordenaron la ejecución de los trabajos de demolición de los muros del Patio3 del modo en el que se ejecutaron, sin que tal actuación sobre un elemento estructural estuviera prevista en el Proyecto".
Es más, índice también en que en ambos casos tampoco ordenaron el "previo" refuerzo de los muros o apeo efectivo de los alrededores, ni controlaron la adopción de las medidas de seguridad adecuadas "para garantizar la estabilidad y resistencia mecánica del elemento estructural afectado, ni ordenara o proporcionara los equipos o medios apropiados para que el trabajo se realizara de manera segura".
Por su parte, a R. R. R. le acusa de haber autorizado verbalmente la modificación del Proyecto, "sabiendo que los muros del Patio3 eran muros de carga", así como de no haber realizado ningún ensayo "que permitiera conocer su estado real".
En concepto de responsabilidad civil la Fiscalía reclama para los tres acusados 161,192 euros para la viuda de J. M. S. T., 79.018 euros para una hija y otros 126.425 euros para la otra, así como 23.704 euros para cada uno de sus cinco hermanos.
Además, para la viuda de A. B. M. reclama 234.677 euros, para una hija 142.228 euros y 94.819 euros pata la otra y 23.704 euros para cada uno de los cuatro hermanos.
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