El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha anulado la liquidación girada por el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) de Leganés correspondiente a 2020 a un vecino al considerar que "no está ajustada a derecho".
En un auto fechado el pasado día 9 y al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado estima la demanda del contribuyente por dos motivos: porque no se comunicó de manera individual que se aplicaba un nuevo tipo de gravamen para calcular el tributo, ni la ampliación del pago voluntario.
El juzgado considera que, al haberse aplicado "un nuevo tipo de gravamen" y al haberse modificado el plazo voluntario del primer pago", el giro del recibo debía contar con "notificación individual".
"Ese cambio del tipo de gravamen --esgrime el auto-- supone una modificación de un elemento esencial del tributo". Y concluye que, al no notificarse", puede ser "contrario al principio de seguridad jurídica".
En cuanto al pago voluntario, el Ayuntamiento lo notificó de manera "colectiva", pero no de manera "individual", por lo que --según el tribunal-- "no es conforme a derecho". El juzgado impone las costas a la Administración local demandada y remarca que no cabe recurso al ser sentencia firme.
EXTENSIBLE A LA POBLACIÓN
Tras conocer la resolución judicial, la Federación Local de Vecinos (FLAV) ha asegurado que esta sentencia les da la "razón" cuando catalogó de "injusta" la subida del IBI de 2020, que supuso un incremento medio de un 13 por ciento en los recibos --unos 4 millones de euros más-- y que el Gobierno local (PSOE y Más Madrid-Leganemos) justificó porque era una imposición legal después de que el recibo no hubiese subido en años.
La entidad ha considerado que al declarar nulo el cobro en un caso concreto, debe ampliarse a toda la ciudadanía, por lo que ha exigido "la devolución de lo cobrado de más" en 2020.
Desde Unión por Leganés (ULEG), su portavoz, Carlos Delgado, ha considerado que esta sentencia debe extenderse "a todos los vecinos puesto que no sería ético que lo que es ilegal e injusto para uno, no lo fuera para el conjunto de la ciudadanía afectada por exactamente lo mismo".
Para ello, ha anunciado que llevará una iniciativa al Pleno y ha exigido "la dimisión inmediata de la concejala de Hacienda, Elena Ayllón, por esta incompetencia manifiesta". A su vez, Delgado ha subrayado que "resulta imprescindible que el alcalde se someta a una cuestión de confianza y asuma la voluntad del Pleno".
"ESTAFA COLECTIVA", SEGUN EL PP
También desde el PP han pedido que se devuelva a los contribuyentes la subida aplicada, que ascendería a unos 4 millones de euros. En este punto, el portavoz 'popular', Miguel Ángel Recuenco, ha calificado la subida de "estafa colectiva a los vecinos", algo que, a su juicio, "no debe quedar impune".
"Por higiene democrática, urge que el alcalde (Santiago Llorente) y su equipo asuman la responsabilidad política que les corresponde, pidan perdón por este fraude y devuelvan al dinero cuanto antes".
Si (
No(
