Convertida la política en un pim pam pum entre PP y PSOE, hasta las ministras caen en eso de “y tú más” a la hora de recibir las críticas a su gestión.
E
so le ha ocurrido a la ministra socialista de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que por un lado no admite que se le diga que el Gobierno debería parar los aumentos de los precios de la luz y por otro acusa al PP de la Comunidad de Madrid de no impedir el corte de electricidad a los vecinos de la Cañada Real por falta de pago.
El “aquí no dimite nadie” y “nadie es responsable de nada” se ha vuelto a imponer en el Gobierno central y en los autonómicos –sean de color que sean- a pesar de que fue una de las críticas más constantes que hizo el 15M a la gestión de los políticos. La casta ha vuelto o no se ha ido nunca, simplemente se amplia.
Las subidas de la luz han sido una constante durante toda la transición y fue una mentira diseñada por los Gobiernos de Felipe González (PSOE) y José María Aznar (PP) de que la privatización de Endesa, la empresa de energía pública que existía iba a traer una mayor competencia y por lo tanto una rebaja en las tarifas. Su recompensa fue que una vez retirados fueron nombrados consejeros de dichas eléctricas.
Los siguientes gobiernos del PP y del PSOE han seguido refrendando la medida y ahora Teresa Ribera lo ha vuelto a hacer diciendo que la nacionalización de las eléctricas no resolvería nada. Algo parecido a lo que defendía el ministro de Industria del PP, José Manuel Soria, aquel canario que imitaba a Aznar en su aspecto físico.
Olvida también la ministra que en algún momento había sugerido que se podría aligerar la factura de la luz eliminando los impuestos que pagamos para financiar la implantación de los sistemas ecológicos de producción energética. Si alguien repasa esa factura podrá ver que el gasto menor es el de consumo, mientras que la potencia (es decir el simple derecho a tener luz) y los impuestos varios, incluido un super IVA, constituyen el grueso del pago.
El recibo de la energía de los hogares se ha convertido en un modo que tiene el Estado de recaudar más impuestos con muy poca relación real con las necesidades de un sector que actúa en régimen de oligopolio y al que solo de vez en cuando le caen algunas multas modestas por las evidencias de que conspiran para imponer sus tarifas a los indefensos ciudadanos.
El momento cumbre de la ministra de Transición Ecológica fue cuando presidió en Madrid la Cumbre sobre el Cambio Climático organizada por la ONU, pero un año después tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de que las principales organizaciones verdes españolas denunciaran al Gobierno ante el Tribunal Supremo por no haber hecho nada de lo prometido sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y eso que el confinamiento provocado por la pandemia supuso una mejoría del aire.
No es la primera vez que Ribera le roza un caso judicial porque en 2015 tuvo que ver cómo se juzgaba a varios de los técnicos que redactaron la declaración de impacto ambiental sobre el depósito artificial de gas natural submarino situado frente a las costas de Castellón y Tarragona y que ella había refrendado como secretaria de Estado de Cambio Climático en 2009.
