Un total de 25 familiares de usuarios de residencias de Alcorcón y Leganés han presentado una querella contra los directores de cinco geriátricos de dichas localidades y también contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y sus consejeros de Sanidad y de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique Ruiz-Escudero y Enrique López, respectivamente, por su gestión en estos centros, donde han fallecido un gran número de ancianos durante la pandemia.
La denuncia se suma a la ya presentada por 26 familiares, también miembros de la Marea de Residencias, de diez geriátricos de la capital también por la supuesta mala gestión de estos responsables públicos y de los geriátricos en la crisis del coronavirus.
Una de las novedades en esta nueva querella es que incluyen como querellado a Enrique López. Los denunciantes le consideran responsable de lo sucedido durante esta pandemia en dichos geriátricos "por su pertenencia a la comisión del Gobierno regional, y su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de la Asamblea que se celebró el pasado 20 de abril".
La Marea de Residencias señala que López ha llegado a afirmar que las residencias estaban "medicalizadas", y que dijo que a partir del decreto del estado de alarma, él y los demás consejeros "no tenían competencias ni en Sanidad, ni en las residencias, porque eran competencias del Gobierno central". Toda una falsedad a juicio de los familiares denunciantes, porque el decreto de estado de alarma "deja claro que las competencias en Sanidad seguían siendo de la Comunidad de Madrid".
Las querellas también se dirigen contra los directores de la Residencia de Alcorcón, Aralia Parque de los Frailes, DomusVi Leganés, Amavir El Encinar y Vitalia Home Leganés.
Los denunciantes relatan en los escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, las situaciones vividas por sus familiares en dichos centros, dependiendo del caso, como "la falta de equipos de protección durante días de los trabajadores, la imposibilidad de comunicarse con ellos, el incumplimiento de algunas medidas de zonificación o aislamiento decretadas, la denegación de derivación al hospital por no cumplir con determinados criterios, la mala gestión que favoreció nuevos contagios, la falta de test de diagnóstico", "casos que demuestran un oscurantismo, falta de veraz información, verdades a medias y falta de transparencia".
Por todo ello, los familiares les acusan de presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, prevaricación y trato degradante, todos ellos imputables a la presidenta madrileña, los dos consejeros y los responsables de estas cinco residencias.
Piden también al Juzgado que en estas causas comparezcan como testigos el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero; la exdirectora de Salud Pública, Carmen Fuentes; y el director de Coordinación Socio-Sanitaria, Carlos Mur, entre otros.
LA FISCALIA INVESTIGA PENALMENTE A 170 RESIDENCIAS, LA MAYORIA DE LA COMUNIDAD
La Fiscalía ha abierto más de 170 diligencias de investigación penal por la situación en residencias de ancianos durante la pandemia de coronavirus, de las cuales la mayoría están en la Comunidad de Madrid, con 80, seguida de Cataluña, con más de 30. Al mismo tiempo, el número de casos ya judicializados se ha elevado a 22.
Así consta en la actualización del listado que, desde hace varias semanas, elabora la Fiscalía General del Estado con respecto al seguimiento de la situación de los mayores o de personas con discapacidad y, particularmente, de quienes viven en centros y residencias en el actual contexto de pandemia por covid-19.
Con datos del 25 de mayo, el Ministerio Público tiene constancia de la incoación de 11 nuevas diligencias de investigación: una en la Fiscalía Provincial de León, dos en la de Valladolid, una en la de Granollers, una en Mataró, tres en la Fiscalía Provincial de Madrid, y una en cada una de las Fiscalías de Albacete, Lugo y Pontevedra.
No obstante, en el caso de estas tres últimas, que están relacionadas con la adquisición y uso de material sanitario, falta por confirmar si se refieren a hechos ocurridos en residencias de mayores y/o establecimientos sanitarios.
Al mismo tiempo, en esta última semana se ha decretado el archivo de tres diligencias de investigación penal, concretamente en las Fiscalías de Zaragoza, Asturias y de Área de Elche-Orihuela, sobre todo debido a la generalidad de las denuncias o su carácter prospectivo.
Con estas actualizaciones, las diligencias fiscales por presunta responsabilidad penal en la Comunidad de Madrid no suben apenas con respecto a la semana pasada y se quedan en 80, mientras que en Cataluña sí hay un leve repunte, hasta un total de 32.
190 EXPEDIENTES CIVILES
En cuanto a las actuaciones civiles en defensa de la protección de derechos, que se han tramitado como expedientes gubernativos y diligencias preprocesales o diligencias informativas civiles, continúan en trámite unos 190 expedientes, algo menos que la semana pasada.
Así, se ha procedido al archivo de un total de 11 diligencias de índole civil (tres en la Fiscalía Provincial de Ciudad Real, seis en la Fiscalía de Área de Mataró-Arenys de Mar, una en Navarra y una en la Fiscalía de Área de Elche-Orihuela), como consecuencia de haberse comprobado la inexistencia de situaciones de desatención, desamparo o irregularidades en las residencias objeto de seguimiento.
Permanecen en trámite el resto de diligencias de índole civil incoadas en las diferentes fiscalías territoriales con el objetivo de efectuar el seguimiento de la situación de las residencias y establecimientos de mayores distribuidos por toda la geografía española.
En las querellas también incorporan los diferentes autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que acordó y reiteró, a instancias de los ayuntamientos de Alcorcón y Leganés, que las residencias de dichas localidades debían recibir por parte de la Comunidad de Madrid y con la mayor urgencia posible el personal sanitario necesario y todas las pruebas diagnósticas precisas tanto para los ancianos como para el personal que trabaja en ellas, y todo ello en cumplimiento de lo previsto en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo.
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