El 90% de los colegios concertados cobra cuotras "obligatorias" a las familias

La FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) han registrado este lunes en la Asamblea de Madrid un informe donde denuncian "que la totalidad de los colegios concertados analizados cobran cuotas a las familias, siendo obligatorias en un 90% de los casos, en contra de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación", que establece que ha de garantizarse la gratuidad de las enseñanzas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se realizó entre marzo y abril con entrevistas en colegios concertados, de titularidad privada pero financiados con recursos públicos, "simulando ser familias que tienen interés en matricular a sus hijos en el próximo curso escolar".

En total, para elaborar el informe se realizaron visitas a 50 colegios concertados de la Comunidad de Madrid con alguno de estos dos requisitos: tener titularidad mercantil o pertenecer a la denominada "nueva concertada", siendo centros posteriores al año 2000 con cesión de suelo público. "Tan solo en cinco colegios nos indican de manera clara que se trata de una cuota voluntaria", se lee en el informe.

La FAPA Giner de los Ríos y CICAE denuncian que "la totalidad de los colegios concertados analizados cobran cuotas a las familias" con un importe medio mensual de 153 euros. "Las familias desembolsan anualmente más de 3.000 euros por cada hijo que curse la enseñanza obligatoria en estos colegios, entre gastos de cuota fija, complementaria y comedor", aseguran.

Estos cobros se denominan de dos formas, se precisa en el informe. Como "actividades complementarias", con "cierta indefinición en su contenido" que se justifican "mediante el argumento de las horas de más que hacen con respecto a colegios públicos", o como "aportación voluntaria" con el argumento de "insuficiente financiación por parte de la administración".

IMPAGO CONLLEVA "EXCLUSIÓN"

Además, el informe que ha presentado la FAPA y CICAE asegura que en el 44% de estos centros "el impago de la cuota implica la exclusión del alumno" de actividades en el centro educativo. "La solución que ofrecen algunos de ellos es la posibilidad de que la familia se haga cargo del estudiante en las horas en las que se organizan actividades a las que se les prohíbe acceder, o bien ubicarlo en otra sala con o sin atención", explican.

Los centros concertados analizados ofrecen "una estructura de precios que no permite a las familias decidir pagar o no aquellas cuotas que legalmente tengan carácter voluntario", añaden. "En algunos casos, aglutinan diferentes conceptos de cobros dentro de un importe global y en otros imponen la contratación de servicios para poder acceder a otros recursos o actividades", especifican FAPA y CICAE.

El 64% de los 50 colegios madrileños visitados no mencionan que la cuota tiene un carácter no lucrativo en la información que ofrecen a las familias, algo que puede suponer "motivo de retirada del concierto" si los centros se lucran con estos cobros, aseguran los autores del informe.

NO MÁS SUELO PÚBLICO

El presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Camilo Jené, y la directora general de CICAE, Elena Cid, que se han encargado de registrar el informe en la Asamblea de Madrid, han reclamado al Gobierno regional que no se ceda más suelo público para construir colegios privados al considerar que funcionan con un modelo de "copago y no gratuidad para las familias".

Además, piden a la Comunidad de Madrid que se prohíba a estos centros "realizar actividades complementarias que no sean gratuitas.

LA COMUNIDAD NIEGA SU COBRO Y HABLA DE 300 "ERRORES" DESDE 2015

Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha asegurado que los datos con los que cuenta la administración regional "no coinciden" con los del estudio realizado por la FAPA Giner de los Ríos y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que señala que el 90 por ciento de los concertados cobra cuotas obligatorias.

"Desde 2015, los inspectores de la Comunidad han remitido más de 300 informes de subsanación de errores a los centros concertados, y de ellos solo cuatro generaron comisiones de conciliación y solo uno un procedimiento sancionador", han hecho público desde la Consejería, en declaraciones a Europa Press.

"No tenemos constancia de que ningún alumno haya sido expulsado por no haber pagado la cuota voluntaria", han constatado.

Asimismo, han destacado que la Consejería pone en marcha todos los cursos un Plan General de Inspección "que incluye la supervisión de todos centros concertados, así como programas y servicios".

Además, han asegurado que la Comunidad envía a los centros concertados instrucciones para aclarar y ordenar toda la normativa, mientras que la Inspección Educativa supervisa el cumplimiento de la norma en cada centro, para lo que solicita la memoria de actividades complementarias, con datos como precios, financiación y costes.

Según han precisado desde la Consejería encabezada por Enrique Ossorio, cuando la Inspección Educativa detecta alguna irregularidad, solicita al centro la corrección, y en caso de que no se corrija, puede ser motivo de apertura de expediente.

"Las cuotas voluntarias que pagan las familias son una relación directa y exclusiva entre las propias familias y los centros educativos, y la Comunidad vela por el cumplimiento de la normativa y que estas cuotas sean siempre de carácter voluntario", han aseverado.