En medios jurídicos consultados por Europa Press se da por hecho que González no se acogerá a su derecho a guardar silencio como han hecho el resto de investigados -a excepción del expresidente de Madrid DCN Antonio Béjar-, dado que está interesado "al máximo" en dar todas las explicaciones oportunas al juez y en colaborar en todo lo preciso para el esclarecimiento de los hechos.
Precisamente, en un comunicado difundido el miércoles, después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la Audiencia Nacional su imputación por los contratos que suscribió la entidad con el comisario jubilado en prisión provisional José Manuel Villarejo, González reafirmaba su compromiso y "plena" disposición a colaborar con la Justicia.
El pasado mes de julio tras conocerse la imputación de BBVA como persona jurídica, González ya se apresuró a expresar su "máximo interés" en colaborar "con la mayor transparencia y objetividad" con la Justicia al objeto de identificar y esclarecer lo "más rápidamente" cualquier mala práctica que se hubiera podido producir, y pidió deslindar posibles irregularidades individuales de la actuación del banco, que calificó de "intachable" y "por encima de lo exigible" en materia de gobierno corporativo.
González también incidió ayer, remitiéndose a sus palabras expuestas ya el pasado mes de julio, en que fue él quien impulsó la investigación interna en BBVA. Según detalló, nada más tener conocimiento a través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación por el banco de la empresa Cenyt, vinculada a Villarejo, en mayo de 2018 puso en marcha una investigación interna para identificar cualquier actuación irregular que se hubiera producido.
Posteriormente esa investigación interna fue ampliada, en enero de 2019, por la actual presidencia, encargándose un informe forensic, realizado por terceros independientes (Garrigues, Uría Menéndez y PwC).
El juez Manuel García Castellón ha acordado citar también para el lunes a Juan Asúa, asesor de cabecera del actual presidente de BBVA, Carlos Torres, quien en diciembre de 2018 le nombró senior advisor to the chairman; y a Eduardo Arbizu, que hasta el pasado mes de julio, cuando fue cesado al conocerse la imputación del banco, ostentaba el cargo de responsable de Regulación y Control Interno.
La imputación firmada este jueves se produce a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la pieza separada número 9 de la causa que investiga las actividades presuntamente ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, que habría estado desempeñando diversas tareas para el BBVA durante más de una década y facturando a cambio una cantidad que ronda los 10 millones de euros.
La investigación de esta pieza cogerá así nuevo impulso a partir del próximo lunes, cuando además de los mencionados serán llamados a declarar el propio banco en calidad de persona jurídica, en una citación que se ha suspendido dos veces por razones de agenda del juzgado y relativas a la defensa, y que se materializará el día 20 de noviembre.
UNA DECENA DE ALTOS CARGOS INVESTIGADOS
Las pesquisas se siguen en la novena pieza separada de esta macrocausa que ya tiene 18 líneas distintas de investigación y que se prevé superará la veintena antes de que acabe el año, habida cuenta de la multitud de 'proyectos' y clientes del "clan parapolicial" mafioso que habría estado liderando Villarejo a través de sus empresas y de los que dejó constancia en los más de 40 terabytes de información que se le intervinieron cuando fue detenido, en noviembre de 2017.
En total, una decena de altos cargos del banco cuando se celebraron esos contratos han sido llamados a declarar como investigados en la Audiencia Nacional, incluido el que fuera CEO de la entidad, Ángel Cano, y el otrora jefe de Seguridad, Julio Corrochano, de quien se presume era el interlocutor de Villarejo y para quien el juez impuso una fianza de 300.000 euros.
Asimismo, están investigados su sustituta en el cargo, Inés Díaz Ochagavia; el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, el miembro hasta 2018 del Comité de Dirección Ricardo Gómez Barredo y a su exdirector de Finanzas, Javier Malagón Navas.
Todos a excepción de Béjar, que ya ha acudido varias veces a la Audiencia Nacional y ha prestado declaración, se han venido acogiendo a su derecho a guardar silencio por el secreto de actuaciones, que impide a los afectados conocer lo que obra en la causa contra ellos.
No obstante, el BBVA viene anunciando su absoluta disposición a colaborar con la Justicia, ante la que ya habría presentado el informe 'forensic' encargado expresamente para conocer el pormenor de las relaciones con las mercantiles de Villarejo durante la etapa bajo la lupa, cuando presidía la entidad Francisco González.
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