Pidiendo el arresto de Puigdemont consigue poner en evidencia la falta de colaboración que Sánchez tiene en Europa con el problema catalán
Desde que el tribunal del Supremo que juzgó a los líderes independentistas catalanes le soltó la tremenda bofetada jurídica de echar abajo gran parte de la instrucción del sumario contra el "procés" de proclamación de la República catalana, el juez Pablo Llarena no ha dicho esta boca es mía y ha preferido sufrir en silencio la "traición" de sus compañeros de Sala que aceptaron las tesis del Gobierno de Sánchez, a través de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, de que en realidad no hubo rebelión en la convocatoria del referéndum del 1 de octubre de 2017 y solo sedición y malversación de caudales público.
Lo que si hizo el magistrado Llarena fue poner en marcha, nada más publicarse la sentencia, puso en marcha la eurorden de arresto contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, refugiado desde su marcha en Bélgica, donde tiene instalado su cuartel general. Tanta rapidez sorprendió a propios y extraños dado que el propio juez tuvo que retirar ya dos eurórdenes, una ante Bélgica y otra Alemania, al saber que se las iban a denegar, cosa que también ahora es muy probable que ocurra lo mismo ya que la Justicia belga ha retrasado su decisión a mediados de diciembre.
La cosa no pinta muy bien para el Gobierno socialista de Pedro Sánchez que ni siquiera puede contar con el apoyo de sus correligionarios europeos para traer a Puigdemont y ahí es donde la actuación de Llarena se convierte en "venganza" poniendo en vergüenza al líder socialista cuando la euroorden sea de nuevo rechazada. No será ya culpa de Llarena como se dijo en su momento, sino de la falta de apoyo internacional al propio Pedro Sánchez lo que se pondrá en evidencia.
Lo mismo puede ocurrir con las otras cinco órdenes de arrestro emitidas contra los otros líderes independentistas: Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret (Bélgica), Marta Rovira (Suiza) y Clara Ponsatí (Escocia, Reino Unido. De hecho, ya se ha filtrado el desacuerdo de la Justicia británica que tras una rápida intervención del ministro de Exteriores en funciones, José Borrell, se ha matizado como que la policía del Reino Unido necesita más información. Un eufemismo para ocultar que los gobiernos europeos no quieren que los problemas españoles interfieran en sus países.
La actuación de Pablo Llarena ha tenido una consecuencia aún más grave para Sánchez cuando este intentó arrogarse la iniciativa de pedir la detención de Puigdemont afirmando que los fiscales dependen del Gobierno, dando así más armas a la defensa de los independentistas que podrán ahora alegar que la Justicia española no es independiente y permitiendo a las gobierno europeos oponerse a la extradición. Pedro Sánchez que ha aceptado haberse equivocado de pe a pa en la cuestión de los fiscales, ha alegado el cansancio provocado por una campaña llena de obstáculos que no supo calcular a la hora de preferir repetir las elecciones en vez de haber buscado otras soluciones.
Los errores de cáculo de La Moncloa han sido fatales especialmente en el tema catalán creyendo que una setencia blanda -12 años en vez de 25- iban a servir para calmar a los independentistas, pero ha quedado claro que Puigdemont sigue mandando y cuando los líderes de ERC, como Gabriel Rufián, ha querido entrar en el juego del gobierno central las fundaciones catalanas Omnium y la Asamblea Nacional -fundadas y organizadas por la alta burguesía catalana-, le han llamado al orden para que volviera al redil de Puigdemont.
Los asesores de Sánchez han estado buscando la manera de contrarrestar estos errores del PSOE en Cataluña pero a cada paso que da Sánchez -borrando de su programa las alusiones a una España plurinacional o prometiendo traer a Puigdemont, se han vuelto enseguida contra él. Es la venganza fría de un magistrado que vió como los políticos confabularon para echar abajo su instrucción.
