El Supremo avala la exhumación de Franco y su enterramiento en El Pardo tras un año de litigio

El Supremo avala la exhumación de Franco y su enterramiento en El Pardo tras un año de litigio

martes 24 de septiembre de 2019, 12:04h
El alto tribunal ha respaldado por unanimidad la decisón del Gobierno. Los Franco se oponen y reclamaban que, en todo caso, la reinhumación se produzca en la Catedral de la Almudena, donde compraron una cripta. Falta ahora que el juez que el juez Yusty decida sobre si mantiene las medidas cautelares urgentes que paralizaron la licencia de obras para el levantamiento de la losa

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha avalado de forma unánime y por razones de "interés general", según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos para su posterior inhumación en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio. El recurso de la familia contrario a los planes del Ejecutivo ha sido rechazado en su totalidad.

El alto tribunal ha dado a conocer esta martes solamente el fallo sobre este asunto, que apenas le ha supuesto una hora de deliberación a los seis magistrados que componían la Sala. La resolución tardará unos días en darse a conocer, según las mismas fuentes.

En su recurso ante el Supremo, los Franco argumentaban contra la decisión del Consejo de Ministros sobre los restos y reclamaban que, en todo caso, la reinhumación se produjera en la cripta de la Catedral de la Almudena donde poseen un panteón que ya guarda los restos de otros miembros de la familia. El Gobierno rechaza esta alternativa por motivos de seguridad, y para evitar que el nuevo destino de Franco sea un lugar de exaltación a su figura.

Coincidiendo con la deliberación, y a las mismas puertas del alto tribunal, más de cien organizaciones de memoria histórica habían convocado una concentración bajo el lema #NiValleNiAlmudena. Una de ellas, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha emitido un comunicado en el que advierte que procederá contra el Estado si los restos del dictador continúan en suelo público, ya sea éste el Valle de los Caídos o en Mingorrubio.

Además de la exhumación, que el Ejecutivo fundamentó en la Ley de Memoria Histórica, el aspecto de la demanda que concentraba mayor complejidad jurídica era el relativo al lugar de reposo definitivo de los restos una vez éstos salgan del Valle de los Caídos, situado en el municipio madrileño de El Escorial.

Su resolución venía dividiendo al tribunal durante las deliberaciones que se han venido produciendo en los últimos días al afectar al derecho de los familiares a elegir el lugar para dar sepultura a los restos de su familiar.

El tribunal que finalmente ha alcanzado un acuerdo unánime está presidido por Jorge Rodríguez Zapata y lo integran también los magistrados Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Sanz y Pablo Lucas. El ponente de la resolución que se conocerá en los próximos días es éste último, cuyo borrador de sentencia ha sido asumido por todos los integrantes de la Sala.

PARALIZACIÓN EN JUNIO

El Supremo paralizó la exhumación acordada por el Gobierno para el pasado 10 de junio y lo justificó en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, "los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan".

En este asunto están personados, además de la familia Franco, La Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos. Sus recursos se resolverán más adelante en el mismo sentido que el dictaminado este martes.

Ante la negativa de la familia de renunciar por el momento a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación.

En sus alegaciones sobre el fondo, la familia Franco calificaba de "precipitada" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y denunciaba que encajaba en una voluntad "electoralista" sin justificación.

Por su parte, la Abogacía del Estado, cuya postura ha sido la avalada, señalaba que todas las decisiones del Ejecutivo encajan en la legalidad y no vulneran derechos de la familia del dictador, por lo que deben cumplirse en cumplimento de la Ley de Memoria Histórica.

FALTA EL JUEZ YUSTI

El juez de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, tendrá que decidir si mantiene las medidas cautelares urgentes que paralizaron la licencia de obras para el levantamiento de la losa que cubre la sepultura en la que yacen los restos mortales de Francisco Franco en el Valle de los Caídos.

La decisión del magistrado será crucial si el Tribunal Supremo finalmente autoriza hoy la exhumación de Franco de la Basílica del Valle de los Caídos y su reinhumación en La Almudena o en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo. El Gobierno tiene previsto trasladar sus restos mortales antes de las elecciones del próximo 10 de noviembre.

Pero para llevar a cabo la exhumación es necesario que el juez Yusty se pronuncie en contra de las medidas cautelares solicitadas en la demanda interpuesta por Leonardo Falcó Rodríguez, del entorno de la familia Franco.

El pasado febrero, Yusty aceptó las medidas cautelarísimas dirigidas contra el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial en relación a la licencia para levantar la losa de la tumba y proceder al traslado de los restos mortales.

La impugnación iba dirigida contra el informe de noviembre de 2018 por el que se declaran admisibles las actuaciones urbanísticas consistentes en levantado de pavimento de mármol, retirada de la losa de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco, su traslado a otro lugar y la exhumación de los restos mortales.

Yusty aludió en su auto de 25 de febrero que las obras no eran seguras. Antes, otro juez de lo Contencioso había estudiado diversas demandas similares y las había rechazado. Se da la circunstancia de que Yusty meses antes se había pronunciado en un artículo en contra del Gobierno por querer "revivir todos los hechos que llevaron a la Patria a aquellos momentos difíciles".

Ante ello, la Abogacía del Estado planteó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un incidente de recusación para apartar al juez del procedimiento. Finalmente, el Alto Tribunal madrileño no dio salida a la recusación y acordó el pasado junio mantener al juez.

Sin fecha por concretar, el juez deberá ahora decidir si mantiene las medidas cautelares contra la licencia de obras, que actualmente están en rigor. Si las mantiene, el Gobierno no podrá proceder de momento al levantamiento de la losa.

EL GOBIERNO GANA LA BATALLA DESPUES DE UN AÑO

El Gobierno ha ganado este martes a la familia Franco después de que el Tribunal Supremo haya avalado, por unanimidad, el procedimiento emprendido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos y trasladarlos al cementerio de El Pardo Mingorrubio, en lugar de a la catedral de La Almudena, como preferían los nietos del general.

La decisión de exhumar a Franco fue de las primeras que tomó el PSOE nada más llegar a La Moncloa vía moción de censura contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Consciente de las dificultades que tendría para legislar contando sólo con 84 diputados, Pedro Sánchez confiaba en poder exhibir la salida de los restos del dictador del Valle de los Caídos como símbolo de su paso por el gobierno antes de convocar elecciones.

No fue posible entonces, pero el Gobierno tendrá ahora la oportunidad de concretar su promesa antes de unos comicios. Al menos, lo intentará, como ha confirmado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, nada más conocer la decisión del Alto Tribunal. En declaraciones a la Cadena Ser, Calvo ha indicado que el Ejecutivo intentará llevar a cabo la exhumación antes de la campaña electoral.

El Ejecutivo nunca pensó, nada más llegar a La Moncloa, que la exhumación de Franco pudiera llegar a complicarse tanto ni que la familia estuviera dispuesta a iniciar una batalla legal de las dimensiones que finalmente adquirió.

Su confianza se basaba en que en mayo de 2017 todos los grupos del Congreso, con la única excepción de PP y ERC, que se abstuvieron, aprobaron ampliar la Ley de Memoria Histórica para, entre otras cosas, sacar los restos del general de Cuelgamuros. Por lo que no debería de encontrar mayores problemas para aprobar la exhumación a través de un real decreto ley.

"Os pillará trabajando", se atrevió a vaticinar Sánchez en conversación informal con periodistas en junio de 2018, apuntando que la exhumación, se concretaría antes del parón estival de agosto.

LA INGENUIDAD DEL GOBIERNO

Pero el Gobierno pecó de ingenuidad, como posteriormente reconocería el propio Sánchez. No fue capaz de prever la férrea oposición de los nietos de Franco a la operación, dispuestos a iniciar una verdadera batalla judicial contra la medida, y, sobre todo, pasó por alto un detalle que marcaría todo el procedimiento, llegando incluso a ser el principal quebradero de cabeza para los jueces del Tribunal Supremo: la sepultura a perpetuidad que la familia tiene en la cripta de la catedral de La Almudena.

El Ejecutivo siempre pensó que la familia, cuando no le quedara más remedio, accedería a trasladar los restos de Franco al panteón del cementerio de El Pardo Mingorrubio donde está enterrada la mujer del dictador y que pertenecía a Patrimonio Nacional, ahora a Patrimonio del Estado.

Desconocía que la familia Franco, por parte de su hija, Carmen Franco, poseía una sepultura a perpetuidad en la cripta de la catedral de La Almudena, donde a los nietos les gustaría trasladar los restos de sus dos abuelos, que reposarían así junto a su única hija, que reposa en la actualidad junto a su marido, el marqués de Villaverde.

Este descuido llevó a que el Gobierno sólo se reservase la competencia de decidir el lugar de reinhumación de los restos de Franco en caso de que la familia renunciase a hacerse cargo de ellos o no indicara en tiempo y forma al Ejecutivo dónde querría enterrarlo de nuevo. Pero nada se decía en el acuerdo del Consejo de Ministros sobre qué pasaría si el lugar escogido no era del agrado del Gobierno.

Por eso cuando la familia hizo público su deseo de enterrar a Franco en La Almudena, en caso de no conseguir parar la exhumación, la primera reacción del Gobierno fue la de admitir que no podía hacer nada al respecto. "En principio el Gobierno no puede ir más allá de lo que su familia decide", admitió la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista en Onda Cero, en la que indicó que si la Iglesia no tenía reparos en que fuera enterrado allí, el Gobierno tampoco podía hacer nada.

Esta posición cambió unos días después, tras una visita de la propia Calvo al Vaticano para entrevistarse con su secretario de Estado, Pietro Parolin, con el que acordó, según la versión de Calvo, trabajar para encontrar una salida al nuevo lugar de enterramiento de Franco que "obviamente" no podía ser La Almudena.

Las palabras de Calvo levantaron polvareda y obligaron al Vaticano a desmentirla, negando que se hubiesen pronunciado al respecto del nuevo lugar de enterramiento del dictador.

Más allá de la polémica sobre si la Iglesia ve bien o no que Franco sea llevado a La Almudena, a principios de 2019 la Delegación de Gobierno emitió un informe para desaconsejar por motivos de seguridad y de orden público el enterramiento de los restos del dictador en un lugar tan céntrico, un documento que la familia y su entorno consideraron que el Ejecutivo se "sacó de la manga" al verse sorprendido con la elección de esa ubicación.

El supuesto derecho de la familia a elegir el lugar de enterramiento de los restos del dictador ha sido uno de los temas que más ha centrado la discusión de los jueces del Supremo. Pero incluso en este caso el Alto Tribunal ha dado la razón al Gobierno.

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