La defensa de José Luis Caro Vinagre, uno de los acusados en el juicio por el caso del espionaje a políticos del PP en Madrid, ha anunciado al tribunal que emprenderá acciones legales por la presunta comisión de un delito de prevaricación contra los comisarios de la Udef que investigaron el caso y el exfiscal superior Manuel Moix tras los nuevos datos aportados por un testigo después de afirmar que podrían haber obstaculizado llegar "a la verdad".
En su testifical, el excomisario Jaime Barrado ha afirmado que hubo "cortapisas" para llegar "a la verdad" de los hechos y ha subrayado que advirtió "irregularidades" del exfiscal jefe Manuel Moix, indicando que se quejó al comisario general pero todo quedó "en un cajón".
Tras los nuevos datos, el abogado Javier Basallo ha anunciado que deducirá testimonio contra Barrado y los demás comisarios implicados y que instruyeron el atestado, así como Manuel Moix. Además, se ha adherido el letrado Ramón González Bosch, que defiende a José Oreja, José Manuel Pinto y a José Antonio Coronado.
Fuentes fiscales han señalado a Europa Press que la denuncia que dio origen al procedimiento se interpuso ante la Fiscalía y, que tras tomar declaración al exconsejero Alfredo Prada, se remitió a los juzgados para su judicialización. A partir de entonces, la juez era la encargada de investigar, según han señalado.
"El señor Juan Luis (Olivera) intentó guiarme la investigación", ha aseverado el testigo a preguntas de uno de los abogados. Ayer, el entonces jefe de la Unidad reconoció que los acusados eran "unos mandados".
El interrogatorio se ha centrado en preguntas en relación a una afirmación que tuvo Barrado acerca de que "la Policía sabía que el PP espiaba con sus detectives", pero su jefe "acusó" a los guardias civiles.
Durante la instrucción, Barrado y Olivera fueron citados al despacho de la juez Carmen Valcarce por una comida que tuvo el jefe de Unidad con los investigados. "A partir de ahí, hubo cortapisas hacia la investigación de todo tipo. Se nos cortaban todas las posibilidades. No teníamos acceso a más arriba", ha recalcado en alusión a que no podían llegar más allá de los guardias civiles que fueron inculpados por los seguimientos.
"No me fiaba ni de Moix ni de Olivera", ha dicho tars afirmar que se negó a rectificar un informe repleto de "falsedades". A preguntas sobre si denunció estos hechos, ha recalcado que remitió una nota al Comisario General, pero se "quedó en el cajón" porque no hubo consecuencia. "¿Era usted conocedor de que acusaban vilmente a los acusados?", le ha preguntado el abogado de Sergio Gamón, a lo que el testigo ha replicado con un "no" rotundo.
Además, Barrado ha hablado también de un informe sobre posicionamientos telefónicos, de cuyas conclusiones se ha ratificado. Según su testimonio, había una correlación entre la ubicación de los móviles de tres de los acusados con la presencia de los perseguidos.
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