Por otra parte, meidio centenar de manifestantes han entrado en la sede de un fondo buitre para frenar el desahucio de los inquilinos
La presidenta de la EMVS y alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, ha anunciado que el Ayuntamiento está estudiando un nuevo proceso de nulidad de venta de las viviendas sociales al fondo Fidere además de presentar un recurso al escrito del Tribunal de Cuentas ya que el Consistorio calculó el daño patrimonial causado no en 25 millones sino en 127 millones.
En una rueda de prensa, en la que ha estado respaldada por hasta once concejales de Ahora Madrid, Higueras ha indicado que valoran iniciar un nuevo proceso de nulidad de venta para tratar de revertirlo tras la condena del Tribunal de Cuentas a la exalcaldesa Ana Botella y su anterior equipo.
El procedimiento anterior fue archivado "por el informe preceptivo de la Comunidad, que fue negativo", escenario que ahora cambia con el escrito del Tribunal de Cuentas, entiende Higueras.
ENTRAN EN LA SEDE DE UN FONDO PARA IMPEDIR EL DESAHUCIO DE VARIOS INQUILINOS
Medio centenar de manifestantes del Sindicato de Inquilinas de Madrid han entrado este mediodía en la sede de un fondo de inversión, Tessa Ibérica, para frenar el desahucio de varios inquilinos por parte de esta compañía.
"El Día de los Inocentes señalamos a los culpables y las organizaciones que luchamos por el derecho a la vivienda redoblamos nuestros esfuerzos con una acción doble", ha señalado a Europa Press un portavoz de los protestantes.
Los manifestantes han entrado minutos después de las 11.30 horas a la sede de Tessa Ibérica, en el número 17 de la calle Columela de Madrid, y han permanecido varios minutos con carteles y gritos contra los desahucios. Los empleados han avisado a la Policía que, tras negociar con los representantes del sindicato, han conseguido que salieran del edificio.
No obstante, han explicado a Europa Press que se quedarán a las puertas del inmueble hasta conseguir paralizar varios desalojos previstos y próximos de muchos arrendatarios que viven en propiedades de este fondo de inversión. Uno de ellos es el edificio de Juan de Vera 13, ubicado en el barrio madrileño de Delicias.
"Aprovechándose de las facilidades que da la actual Ley de Arrendamientos Urbanos, Tessa Ibérica, junto a la colaboración de una gestora y un bufete de abogados, empezaron a mandar burofaxes a sus inquilinos comunicándoles que daban por finalizados sus contratos, con el objeto de vaciar el edificio y sacarlo de nuevo al mercado a precios desorbitados o, directamente, tirarlo abajo para impulsar una operación inmobiliaria en el barrio", han señalado los convocantes de la protesta.
Pero los inquilinos del inmueble, como Edison o Ana, han decidido que no se van y que aunque Tessa dé por finalizados sus contratos y amenace con desahuciarles "se van a quedar en sus casas gritando alto y claro que 'Nos Quedamos' junto a 'Bloques en lucha'".
Por otro lado, está el caso de la gestora AYPE 3, en Carabanchel Alto, pretende echar de la casa en que lleva viviendo 12 años a Imelda. Según han detallado los manifestantes, la propiedad insistió en firmar un nuevo contrato que, "por un defecto de forma intencionado (en definitiva, una estafa hecha con fines especulativos), puede hacer que la expulsen de su casa".
Por ello, un grupo menos numerosos de la Asamblea de la Vivienda de Carabanchel, compuesto por una docena de personas, ha acudido esta mañana también las oficinas de la gestora AYPE 3 "para que se enteren de que Imelda se queda". No se han registrado incidentes.
Por todo ello, exigen a los "especuladores" que respeten el derecho a la vivienda del inquilino, que renueven sus contratos y que les permitan seguir viviendo tranquilamente y de manera estable en sus casas.
El Sindicato de Inquilinas ha criticado también la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada por el Gobierno central el pasado 14 de diciembre, con medidas como el alargamiento de los contratos de alquiler de tres a cinco o siete años.
"En un contexto de burbuja, en el que solo en 2016 se produjeron 34.193 desahucios de alquiler en el conjunto de España, 4.760 de los cuales solo en Madrid, dicho decreto-ley no resuelve la problemática de las no renovaciones injustificadas de contrato, factor principal de inestabilidad y precariedad para el inquilinato. Una semana después de la aprobación del decreto-ley, la situación sigue agravándose y las expulsiones injustificadas siguen sin detenerse", han añadido.
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