Los miembros de la organización, que pertenecían a varias empresas, se dedicaban a introducir en el mercado alimentos en malas condiciones y en diversos formatos. Para ello, modificaban las fechas de caducidad de productos que eran devueltos por los supermercados para posteriormente revenderlos a través de otras empresas del grupo
La operación Jamvina que la Guardia Civil junto y la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana pusieron en marcha el pasado mes de junio para desarticular una organización criminal dedicada a la distribución de productos cárnicos en condiciones de insalubridad se ha saldado registros en Madrid y Valencia, con 6 detenidos, 8 investigados y 1.000 toneladas de productos intervenidos por valor de unos 5 millones de euros, de los cuales ya se han destruido 100 toneladas.
Así lo han dado a conocer este martes en rueda de prensa el Coronel Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, Amador Escalada; el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Roberto González; el subdirector general de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad Valenciana; y el capitán de la unidad orgánica de Policía Judicial de la comandancia de Valencia, José Ángel Millán, quienes han asegurado que ya hace meses que todos los productos intervenidos fueron retirados del marcado.
Los miembros de la organización, que pertenecían a varias empresas que formaban parte del entramado, se dedicaban a introducir en el mercado alimentos en malas condiciones y en diversos formatos. Para ello, modificaban las fechas de caducidad de productos que eran devueltos por los supermercados para posteriormente revenderlos a través de otras empresas del grupo.
Los presuntos autores de la trama perseguían reducir costes y maximizar beneficios. Por un lado, evitaban el desembolso a la hora de destruir los productos caducados o en malas condiciones. Además, conseguían nuevos ingresos con la manipulación de las fechas de caducidad de las piezas enteras o bien loncheando los productos e introduciéndolos otra vez en el mercado a un precio muy competitivo.
La operación arrancó el pasado mes de junio cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento a través de la Conselleria, de la localización por parte de inspectores de Sanidad de una empresa clandestina dedicada a la distribución de productos cárnicos insalubres.
Los inspectores veterinarios del departamento de Salud de La Ribera levantaron acta por carencias documentales así como el incumplimiento de las medidas de salubridad e higiene. Una vez conocidos los hechos por los agentes del Equipo de Policía Judicial de Carlet y miembros del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, se procedió de forma coordinada con personal de la Conselleria de Sanitat al inicio de la operación.
La fase de explotación de esta operación culminó con la detención de seis personas e investigación de otras ocho, todos varones de nacionalidad española y de edades comprendidas entre los 25 y 60 años, a quienes se les imputan delitos contra la salud pública, organización criminal y blanqueo de capitales.
REGISTROS EN MADRID Y VALENCIA
Los agentes han realizado tres registros y más de treinta inspecciones en empresas de las localidades valencianas de Alzira y Algemesí, así como en la localidad madrileña de Alcobendas, en los que se han inmovilizado más de 1.000 toneladas de productos cárnicos en mal estado, que ya han empezado a destruirse, por valor de unos 5 millones de euros.
Alrededor de 20 empresas en la Comunitat Valenciana en el ámbito de la elaboración, distribución y del comercio minorista están implicadas en estos hechos, lo que ha llevado a tener que realizar 300 inspecciones en distintos establecimientos donde había constancia de una posible distribución, ha explicado el subdirector general de Seguridad Alimentaria de la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat.
Las diligencias han pasado a disposición del Juzgado de primera instancia número 3 de Alzira, que cuenta ya con 33 informes de la Conselleria que señalan que prácticamente el 100% de las partidas inmovilizadas no son aptas para el consumo y que se deben destruir. El juzgado ya ha autorizado la destrucción de unas 100 toneladas y en las próximas semanas irá decretando la destrucción de todas las partidas.
AUMENTAN LOS FRAUDES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
El subdirector general de Seguridad Alimentaria ha advertido que en los últimos meses se ha visto cómo, en Europa, "el fraude es una vía de entrada de problemas para la salud pública", por la Consejería "va a reforzar" los temas de fraude relacionados con la seguridad alimentaria en coordinación con la Guardia Civil, Policía Nacional y Autonómica, "un reto para los próximos meses", ha apuntado.
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