Sánchez allana el camino a Gabilondo con la guerra a los `fondos buitre´

La Abogacía General del Estado se personará como acusación particular en el proceso penal abierto por la venta de vivienda pública de Madrid a fondos buitre, tanto en el caso de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo en la capital (EMVS) como del antiguo Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA).

Así lo ha adelantado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar este miércoles que el Ejecutivo va a desarrollar una Ley de vivienda para garantizar la igualdad de los españoles en el ejercicio de su derecho de acceso a la vivienda en todo el territorio nacional y "poner fin" a la venta de la vivienda pública a los fondos buitre.

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Sánchez ha asegurado que al Ejecutivo "no le va a temblar la mano" para que las administraciones que están detrás de este "intolerable" abuso que ha afectado "a tantas personas humildes" asuman sus responsabilidades políticas y económicas.

En concreto, ha señalado que en el caso de la Comunidad de Madrid, la Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto contra esta Comunidad en el juzgado de instrucción por la venta de vivienda pública a fondos buitre.

Los fondos buitre se hicieron con casi 5.000 viviendas públicas de la esta región, 1.860 procedentes de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid y 2.935 procedentes del Instituto de Vivienda (IVIMA).

Por su parte, el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, le ha transmitido al presidente del Gobierno que el aumento del alquiler en Madrid y Barcelona es "preocupante". En los primeros seis meses del año, el precio medio de la vivienda en alquiler en estas dos ciudades ha aumentado en unos 300 euros.

"Tenemos que intervenir. Hay mucha gente que se esfuerza mucho para pagar el alquiler y se merecen un Gobierno que los proteja", ha apostillado Iglesias, tras resaltar que se deben tomar medidas similares a las que se han tomado en países como Dinamarca o Suecia.

Para Iglesias, es necesario "acabar con los privilegios de las socimis, obligar de una vez a los fondos buitre y grandes tenedores de vivienda a que las pongan en el mercado y dar competencias a ayuntamientos para que puedan declarar determinadas áreas urbanas como mercado tensionado y puedan regular el mercado del alquiler".

PERSONACIÓN EN EL CASO DEL IVIMA

Como ha informado el Gobierno en un comunicado a posteriori, a través del Ministerio de Fomento, ha solicitado personarse en el proceso penal que investiga la venta de viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión en 2013.

Aquella venta, declarada nula por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 29 de Madrid, es investigada por el Juzgado de Instrucción número 48 de la capital a raíz de una denuncia de la Fiscalía, que considera que aquella operación presenta irregularidades que podrían constituir un delito de prevaricación y malversación.

En 2013, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) enajenó 2.935 viviendas públicas del Plan Joven del IVIMA al Fondo de Inversión Azora Gestión, "lo que en la práctica supuso que los inquilinos de estas viviendas de promoción pública, en régimen de alquiler, tuvieran que renunciar a ellas por el incremento considerable de precio que les impuso el nuevo propietario privado", han destacado desde el Gobierno.

Tras analizar lo ocurrido, el Ministerio de Fomento considera que, todas o buena parte de esas viviendas, se construyeron al amparo de las ayudas y subvenciones previstas en los sucesivos planes estatales de viviendas aprobados por distintos gobiernos.

Dados los sistemas de financiación y control establecidos en dichos planes estatales, "aquella venta pudo haber producido un perjuicio a la Administración General del Estado" debido a "la alteración de los fines para los que se habrían concedidas las ayudas y subvenciones amparadas en dichos planes".

Por ello, el Ministerio de Fomento, a través de la Abogacía General del Estado, ha solicitado al instructor del proceso penal su personación como acusación particular en condición de perjudicado por los posibles delitos investigados en el sumario.

El Gobierno quiere, mediante esta iniciativa, "velar por los intereses generales que pudieron verse perjudicados por la decisión de la Comunidad de Madrid, y lo ha hecho también en defensa del derecho de la ciudadanía a una vivienda digna, así como del interés superior de los menores que se vieron afectados y del principio de protección de la familia".