La Fiscalía General del Estado continúa las actuaciones al objeto de conocer las fórmulas posibles para que se tome declaración a los hinchas del equipo holandés PSV Eindhoven que vejaron y humillaron a una mujeres gitanas rumanas hace dos años en la Plaza Mayor de Madrid.
Horas antes del encuentro de ese club holandés y el Atlético de Madrid, un grupo numeroso de aficionados bebía en la céntrica plaza. Un grupo de ellos empezó a lanzar monedas al suelo para que las mujeres tuvieran que arrodillarse para cogerlas, incluso les ofrecieron la limosna a cambio de que bailasen o hiciesen flexiones.
Ante el revuelo generado, y el reproche de algunos ciudadanos por lo que estaba ocurriendo, la Policía sacó del lugar a las mujeres. Al día siguiente, y tras las petición de Movimiento contra la Intolerancia, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias de investigación por el comportamiento de estas personas, ya que pueden ser constitutivos de delitos por trato degradante (artículo 173 del Código Penal) y delito contra los derechos fundamentales (artículo 510.2) al entenderse que esa actitud "lesiona" la dignidad mediante "humillación, menosprecio y descrédito".
Las diligencias penales incoadas en España fueron sobreseídas por el juzgado hasta tanto se recibiera respuesta de la comisión rogatoria dirigida a las autoridades holandesas. El fiscal recurrió el sobreseimiento y solicitó la práctica de otras diligencias, según ha revelado el Defensor del Pueblo en su último informe anual.
Asimismo, solicitaron al juzgado la declaración de complejidad de la causa a los efectos del artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En los últimos días de 2017 recibieron nueva información de la fiscalía holandesa, a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado, indicando que la comisión rogatoria solicitada para tomar declaración a los autores de los hechos no era posible. E informaron de que dichas diligencias solo se podrían realizar a través de la orden europea de investigación. Sin embargo, España aún no ha transpuesto la citada norma.
Por su parte, Holanda hizo una declaración al artículo 10 del Convenio de asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea, de forma que la declaración por videoconferencia no es posible para sospechosos, investigados o acusados.
Por ello, la Fiscalía continúa con las actuaciones al objeto de conocer las fórmulas posibles para que se tome declaración a los presuntos responsables, ha indicado el Defensor del Pueblo.
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