García Castellón concluyó mediante un auto que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid, relativa a este procedimiento judicial", refiriéndose al caso Lezo. La oposición sigue pidiendo la comparecencia de Cifuentes
Cristina Cifuentes ha tenido un respiro, gracias a un fallo judicial del juez Gracía Castellón, en la batalla que mantiene con toda la oposición por las polémicas actas del Canal vinculadas al caso Lezo. por las que e ha pedido su comparecencia en la comisión sobre corrupción de la Asamblea.
El primer efecto de la decisión judicial, que concluye que no hay que entregar las actas tal y como reclamaba inistentemente la oposición, ha sido que la Mesa de la comisión de corrupción de investigación sobre corrupción política haya acordado aplazar la comparecencia de la presidenta de la Comunidad, prevista para este viernes.
El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ha dictado un auto en el que concluye que la Comunidad de Madrid no puede entregar a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid las actas del Canal de Isabel II, en el marco del caso Lezo, que le solicitaba la oposición, dando así la razón al Gobierno de Cristina Cifuentes, que había pedido permiso al magistrado para hacer entrega de las mismas y que había explicado que no las daría hasta que la justicia se pronunciara al respecto.
En el auto, fechado a 29 de enero y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez dice que "no ha lugar a la entrega de la documentación requerida por la comisión de investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid relativa a este procedimiento judicial", en referencia al caso Lezo. Cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.
Esta decisión da respuesta al escrito remitido el pasado 3 de enero por parte del consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que se informara si el Ejecutivo madrileño podía entregar dichas actas.
El auto es posterior a una primera providencia del pasado verano que sí permitía el facilitar esta documentación y que provocó la polémica con la entrega de las actas, que ha llevado a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, a tener que comparecer en esta comisión el próximo viernes, 2 de febrero.
En este caso, el juez dio traslado de este escrito a la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe "considerando que no resulta procedente entregar la documentación solicitada" y, además, acude al reglamento de la comisión de investigación para "comprobar si, entre sus facultades, se encuentra la de recabar de los juzgados y tribunales documentos obrantes en procedimientos sub iúdice".
CIFUENTES HABLA DE "LAS MENTIRAS DEL TRIPARTITO DE LA OPOSICION"
Cifuentes señalaba en twitter lanada más conocer la noticia que "la Justicia ha dado la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid frente a las mentiras del tripartito de la oposición".
Desde el Partido Popular de la Comunidad de Madrid se han pronunciado en términos similares y han señalado que tras el "linchamiento, más de uno debería empezar a pedir disculpas" a Cristina Cifuentes. En la misma dirección, lo ha hecho el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, que cree que la oposición tiene que pedir perdón por sus "mentiras".
EL PP SOLICITO AL CGPJ QUE RESOLVIERA SI DEBIA DAR LAS ACTAS
El consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, solicitó por carta el pasado 3 de enero al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que resolviera si el Gobierno regional "debe facilitar" la documentación requerida por la Comisión de Investigación de corrupción política de la Asamblea de Madrid o "si por el contrario ese deber queda condicionado a la apertura del juicio oral en tanto en cuanto podría afectar a derechos y principios de rango constitucional".
La carta de Garrido, a la que ha tenido acceso Europa Press, incluye un anexo con la relación de los 52 documentos sobre los que se pide ese pronunciamiento, entre ellos las actas de los consejos de administración del Canal Isabel II, Canal Gestión y Canal Extensia entre 2007 y 2015; actas de reuniones de la Junta Directiva de INASSA de 2013, contratos, informes jurídicos y de valoración, propuestas de adquisición, inscripciones en registros, órdenes de pago y transferencias, acuerdos de accionistas, escrituras de constitución y certificados.
En la misiva, Garrido traslada al presidente del Consejo General del Poder Judicial el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid de fecha 26 de diciembre de 2017 sobre la remisión de documentación relacionada con Canal Isabel II a la Comisión de Investigación, en el que, como indica, recoge en su conclusión primera que la remisión de la documentación obrante en un sumario sometido a la reserva prevista en el artículo 301 de le Ley de Enjuiciamiento Criminal queda "condicionada a la previa ponderación del órgano jurisdiccional que instruye la causa".
Asimismo, en su segunda conclusión establece que dicha solicitud ha de trasladarse al órgano instructor, por conducto del Consejo General del Poder Judicial.
Ese informe de la Abogacía General se refería, a su vez, a la petición de Informe, cursada por la Dirección General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, por la que solicitó criterio jurídico sobre "si la apertura del secreto del sumario decretada por el juez instructor afecta al deber del Consejo de Gobierno de facilitar la información solicitada o si por el contrario, ese deber queda condicionado a que se decrete la apertura del juicio oral".
"Así pues, debe insistirse que a quien corresponde ponderar las circunstancias concurrentes, a fin de discernir si la entrega de la documentación solicitada puede perjudicar el curso de las investigaciones o los derechos de defensa de las partes, o incluso el derecho al honor e intimidad de los sujetos investigados, es al órgano judicial que se encarga de dicha instrucción. Cualquier otra solución supondría trasladar una facultad a un órgano que carece del conocimiento necesario para realizar tal ponderación, amén de que devendría en una inaceptable intromisión en la independencia del Poder Judicial consagrada constitucionalmente", recoge el informe de la Abogacía de la Comunidad de Madrid.
FRANCO (PSOE): CIFUENTES DEBE COMPARECER
El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha insistido en que la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, debe dar explicaciones por la no remisión de las actas del Canal a la comisión de investigación sobre corrupción, que en un primer momento una decisión judicial autorizó remitir a la Asamblea y ahora se ha conocido otra que la contradice.
En un desayuno informativo, celebrado este miércoles en el hotel Ritz, ha señalado que los socialistas tienen "como norma respetar siempre la separación de poderes" y que tienen costumbre de "respetar las decisiones judiciales".
"Yo creo que lo que ha pasado con el tema del Canal de Isabel II requiere una explicación por parte de la presidenta de la Comunidad, que debe explicarse y rendir cuentas en el Pleno de la Asamblea. De ahí no se van a mover los socialistas", ha defendido.
PODEMOS DICE QUE SE HACE UNA "INTERPRETACIÓN INTERESADA" DE LA DECISION DEL JUEZ
La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha sostenido que el PP hace una "utilización interesada" de la decisión del juez sobre la no remisión a la comisión de investigación sobre corrupción de las actas del Canal de Isabel II y cree que es "altamente cuestionable" que tengan que devolverlas.
A la salida de un desayuno informativo celebrado en el hotel Ritz, la portavoz parlamentaria ha señalado que los 'populares' están haciendo una "utilización interesada" de las palabras del juez en el auto, porque "de ninguna de las maneras está contradiciendo la resolución del mes de agosto" que autorizaba la remisión de los documentos a la Cámara regional.
"Lo único que está diciendo el juez es que el Juzgado de la Audiencia Nacional no está obligado a entregar documentación a la comisión de investigación, pero de ningún modo está diciendo que el Gobierno no esté obligado", ha indicado.
A su juicio, esto no contradice lo que se dijo en verano "cuando se advirtió de que las actas son documentos administrativos que se rigen por normas administrativas".
En este sentido, ha indicado que es "altamente cuestionable" que la oposición tenga que devolver las actas. "Estas dicen que las presidenta Cifuentes tiene que entregar las actas a la comisión y en última instancia lo que es evidente es todo lo que están tratando de ocultar", ha dicho.
Si (
No(
