El número de denuncias presentadas en los juzgados madrileños por violencia contra la mujer aumentó un 15,8 por ciento en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos facilitados este miércoles por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En total se han presentado 6.705 denuncias, mientras que en el tercer trimestre de 2016 se presentaron 5.645 denuncias. Casi un 69 por ciento de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales, mientras que aquellas por intervención directa de la policía se sitúan en el 22,5 por ciento de los casos.
Además, aunque aumentaron las denuncias presentadas por familiares respecto del mismo trimestre del año anterior, la cifra total de las mismas apenas representó un 1,8 por ciento del total de denuncias que llegaron a los órganos judiciales.
En el tercer trimestre de 2017, de cada diez juicios celebrados por violencia de género en la Comunidad de Madrid, el 66,7 por ciento de ellos acabaron con condenas para el maltratador en los juicios celebrados en la Audiencia Provincial de Madrid. Por su parte, en los Juzgados de lo Penal esta estadística se rebaja hasta el 51,3 por ciento de los casos, pero sin embargo representa la cifra más alta de la serie histórica de la estadística judicial.
CASI 6.400 MUJERES SON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MADRID
La estadística hecha pública hoy por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género refleja que un total de 6.390 mujeres figuran como víctimas de violencia de género en el conjunto de las 6.705 denuncias presentadas en el tercer trimestre de 2017 en la región madrileña.
Este dato supone un incremento porcentual del 23,8 por ciento en la variación interanual en la región, ya que en el tercer trimestre de 2016 las mujeres víctimas de violencia de género fueron 5.163.
En cuanto a la ratio de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, Madrid se sitúa en el 18,98 por ciento, si bien destacan por encima de la media nacional, que es 17,2. A la cabeza están Baleares, con una ratio de 25,7; Murcia, con 23,1; Comunidad Valenciana, con 22,5; y Canarias, con 21,5. Mientras que la ratio más baja se da en Galicia, con 10,7 y en Asturias, y Castilla y León, con ratios de 11.
MENOS SOLICITUDES Y MÁS CONCESIONES DE ÓRDENES DE PROTECCIÓN
Durante el tercer trimestre del año se solicitaron 1.545 órdenes de protección en los diferentes órganos judiciales. Un total de 1.412 órdenes de protección (que incluyen medidas de protección y seguridad de las víctimas) fueron solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer y otras 133 lo fueron en los juzgados de guardia.
Las solicitudes de órdenes de protección en los juzgados especializados con respecto al mismo trimestre de 2016 se mantuvieron en términos idénticos al periodo precedente, al aumentar únicamente un 0,2 por ciento. Además, fueron adoptadas un total de 781 órdenes de protección, un 44,6 por ciento de las órdenes de protección solicitadas, lo que supone un incremento interanual en términos absolutos del 13,7 por ciento.
En los juzgados de guardia, se acordaron 98 órdenes de protección, lo que supone un 73,6 por ciento del total de las solicitadas, habiendo sido denegadas 35. En el tercer trimestre de 2016 el porcentaje de órdenes acordadas fue similar.
En un 50 por ciento de los casos, la relación de pareja (cónyuge o relación afectiva) se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección, dato prácticamente similar al del mismo trimestre del año 2016. Un 2 por ciento de las mujeres víctimas que solicitaron orden de protección fueron mujeres menores de edad.
Además, derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 1.746 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación, la suspensión de la tenencia y uso de armas, la salida del domicilio, la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión y las medidas privativas de libertad.
Al mismo tiempo se dictaron 605 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal. Casi un 14 por ciento de las medidas adoptadas lo fueron en relación con la prestación de alimentos y un 34,2 por ciento resolvieron la atribución de la vivienda. En un 4,4 por ciento de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 3,4 por ciento de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.
El número de medidas civiles cautelares adoptadas se mantiene en términos estables, según reflejan las series trimestrales desde el año 2012, una vez superado el impacto que tuvieron en 2015 las reformas legales tendentes a considerar a los menores como víctimas de violencia de género.
LA DISPENSA DE LA OBLIGACIÓN LEGAL DE DECLARAR
En 612 casos, la víctima de violencia de género en la Comunidad de Madrid se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 9,6 por ciento en relación con el total de mujeres víctimas de violencia de género. Esta ratio supone un descenso del 18 por ciento respecto a la cifra del mismo trimestre del año anterior.
Se constata una vez más en los datos estadísticos que en Madrid esta renuncia a declarar en el proceso se produce en una ratio superior en las mujeres españolas que en las extranjeras (331 casos frente a 281).
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