El Gobierno de Carmena se rompe: 6 ediles votan contra un plan urbanístico

Seis ediles de Ahora Madrid (Rommy Arce, Pablo Carmona, Montserrat Galcerán, Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato y Yolanda Rodríguez) han votado este miércoles en el Pleno municipal en contra del convenio de gestión entre cooperativistas de Raimundo Fernández Villaverde (Taller de Precisión de Artillería) y el Consistorio.

El voto a mano alzada ha sido solicitado por el edil de Cs Bosco Labrado. Así, mientras el PP se ha abstenido y Cs ha dado su voto favorable, los socialistas y estos seis ediles de Ahora Madrid han votado en contra. El resto del Gobierno municipal ha votado a favor. El convenio ha salido adelante.

Mediante este convenio la cooperativa acepta el convenio modificado para desarrollar el ámbito y supone tanto la entrega al Consistorio de 41 millones de euros debido a la imposibilidad de materializar la cesión de 10.772,50 metros cuadrados en la zona como la ganancia para el distrito de 3.360 metros cuadrados en zonas verdes.

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, ha asegurado que dicho acuerdo establece una edificabilidad de uso residencial de 54.225 metros cuadrados y cuantifica la cesión de edificabilidad para el realojo de los afectados por la modificación de alineaciones en la calle Raimundo Fernández Villaverde.

Se estable además en 16.267 metros la superficie de suelo de cesión destinada a redes públicas, de los que 3.360 metros serán para zona verde. Los servicios municipales han valorado en 41.133.077 euros la compensación económica de acuerdo con el valor de los 10.772,50 metros de suelo correspondientes a las superficies de redes públicas no materializables en el ámbito, según ha explicado el delegado del área.

Calvo ha recordado que este convenio se sometió a información pública, y se presentaron 28 alegaciones. "Algunas cuestionaban el método de cálculo en la monetización de la cesión de redes; se ha revisado la valoración solicitando informes jurídicos tanto a la asesoría como a técnicos independientes, resultando un precio final de 41 millones de euros", ha remarcado Calvo.

LA "PESADILLA" DE LOS COOPERATIVISTAS

El edil de Cs responsable de Urbanismo, Bosco Labrado, ha afirmado al comienzo de su intervención que el "sueño" de las 350 familias que conforman la Cooperativa Metropolitan se ha tornado en pesadilla.

"Este expediente no se ha tramitado de forma ágil; le han hecho proponer cambios que como mínimo podríamos calificar de dantescos", ha asegurado el edil de la formación naranja, quien ha calificado el acuerdo como una "imposición" por parte del Consistorio.

Labrado ha recordado que "se han tardado dos años en dar el siguiente paso" y que aún "queda la concesión de la licencia de obra nueva para la construcción de viviendas". "Nuestro voto es de apoyo a los cooperativistas", ha apostillado.

"PROCESO DESGRACIADO PARA MADRID""

Desde la bancada socialista, la portavoz de Urbanismo, Mercedes González, ha indicado que el Taller de Precisión de Artillería era un edificio de "gran valor arquitectónico" así como "un ejemplo de patrimonio industrial" al ser el segundo edificio de hormigón armado del país. Ha indicado que además contaba con un jardín que tenía "árboles centenarios".

González ha recordado cómo el TPA fue derribado en diciembre de 2016, "en plenas Navidades, gracias a la licencia de demolición que dio Ahora Madrid". "Ahora traen la aprobación de un convenio, un paso más, el de un proceso muy desgraciado para esta ciudad", ha criticado, para apostillar que el convenio es "la traca final".

Para González, la monetización del suelo y las exigencias del convenio siguen despertando "dudas". Además, califica todo el proceso como "el fiel reflejo que pone delante intereses privados frente a intereses públicos, sobre todo en zonas consolidadas".

Dirigiéndose a Ahora Madrid, les ha asegurado que "fueron colaboradores necesarios en la aprobación definitiva del plan parcial", que buscaba la destrucción de un edificio "para beneficio de unos pocos". "Madrid ha sido escenario y sigue siendo escenario, de privatización de lo público", ha lamentado.

"Aporbar esta operación definitivamente es responsabilidad suya; tirar el edificio y tener un solar más de un año es responsabilidad suya", le ha espetado a Calvo.

"UN OBSTACULO MAS"

La edil popular Almudena Maíllo ve el convenio como "un obstáculo más" que "han tenido que superar las 350 familias para disfrutar de la vivienda, a la que tienen derecho tras ganar una subasta de forma transparente". "O aceptan estas condiciones o pierden las casas", ha ejemplificado Maíllos sobre la situación a la que se han enfrentado los cooperativistas.

"Todo empezó cuando se hizo reducir plazas de aparcamiento; en la fase de información pública deciden revisar el valor de la monetización, y las familias llegan a pagar 41 millones de euros... deciden hacer caso al informe que más perjudica a las familias", ha aseverado Maíllo.

En este punto ha alegado que los cooperativistas "no quieren ser rehenes" de este proyecto, en el que "parece que desaparece el principio de seguridad jurídica". Ha pedido por ello "agilidad" en los procesos administrativos que "aún quedan".

En su turno de réplica, Calvo ha indicado que el cambio de criterio en la valoración "tiene que ver con las alegaciones aceptadas". "Los técnicos han revisado las alegaciones, y aseguran que no era ajustado a las características de este ámbito; decir que los informes son refrendados por la asesoría jurídica", ha concluido.