La presidentqa madrileña dice que se trata sólo de "discrepancias técnicas", después que Hacienda haya considerado que dos artículos de la Ley se exceden de las competencias de la Comunidad. Garrido asegura que se quedará "tal y como está"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha subrayado este martes que el Ejecutivo madrileño defenderá la Ley de Transexualidad y ha aclarado que solo hay "discrepancias técnicas" con el Gobierno de Mariano Rajoy sobre dos artículos de la misma pero no ha presentado recurso de inconstitucionalidad.
Cifuentes ha realizado esta matización después de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas haya considerado que dos artículos de la Ley de Transexulidad se exceden de las competencias de la Comunidad.
La presidenta madrileña ha reiterado su compromiso con esta ley y ha enfatizado que la defenderá al haber sido aprobada por la Asamblea de Madrid. "Aunque @PPAsamblea se abstuvo (por el veto recibido de otros grupos) la Ley fue aprobada por #AsambleaMadrid y por lo tanto la defendemos", ha hecho hincapié en una serie de mensajes en su cuenta personal de Twitter.
La ley fue aprobada en marzo gracias al voto conjunto de la oposición y la abstención de los populares. En cualquier caso, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha recalcado que el Ejecutivo no ha presentado ningún recurso de inconstitucionalidad y "solo hay discrepancias técnicas"
El Gobierno considera que los artículos 7 y 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad, conocida como Ley de Transexualidad, exceden competencias autonómicas, al estar según su interpretación legislando en una materia que interpreta como propia de la esfera estatal.
La presidenta madrileña ha defendido además la creación de una comisión mixta integrada por el Ministerio y la Consejería para estudiar los artículos con detenimiento. "En leyes similares de otras comunidades autónomas también ha habido discrepancias y han sido solucionadas en la Comisión Bilateral", ha defendido.
GARRIDO: LA LEY SE QUEDA "TAL Y COMO ESTA"
El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha avanzado también que la Comunidad de Madrid defenderá la ley de Transexualidad aprobada por el Parlamento autonómico "tal y como está" porque es "razonable".
Garrido ha afirmado que es "habitual" que se creen este tipo de comisiones para "resolver conflictos" de competencias en determinadas leyes, y ha avanzado que van a defender la postura establecida en la ley.
De hecho, ha apuntado que el propio Ministerio indica en su texto que "ha sido resuelto de forma satisfactoria en algún otro caso", por lo que defenderán la ley "tal y como está" porque creen que es "positivo" y "seguro" que en la comisión solucionarán la situación.
"Vamos a defender la ley tal y como está porque creemos que es razonable y estoy segura de que habrá algún punto de acuerdo porque el propio Ministerio avanza esa línea", ha concluido.
EL GOBIERNO CREE QUE DOS ARTICULOS EXCEDEN LAS COMPETENCIAS DE LA COMUNIDAD
El Gobierno estatal, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, considera que dos artículos de la Ley de Transexulidad se exceden de las competencias de la Comunidad.
Según han señalado fuentes de la Consejería de Presidencia a Europa Press, área a la que corresponden las relaciones con el Estado, la inquietud se establece con respecto a los artículos 7 y 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad, conocida como Ley de Transexualidad.
El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro considera que la región se excede en estos dos artículos en sus competencias, al estar según su interpretación legislando en una materia que interpreta como propia de la esfera estatal.
El artículo 7 regula lo relacionado con la documentación administrativa. La normativa establece que en los procedimientos administrativos de la región se tendrá en cuenta el sexo 'autodeterminado', aquel al que las personas sienten pertenecer.
Además, recoge que la Comunidad proveerá a toda persona que lo solicite las acreditaciones acordes a su identidad de género manifestada para el acceso a sus servicios administrativos y de toda índole.
Mientras, el artículo 48 regula la inversión de la carga de la prueba. Se establece así que en el momento en que una persona sufra discriminación por razón de identidad y género corresponde al presunto agresor aportar la justificación de que no ha sucedido.
Desde la Consejería han trasladado que debe a un error de interpretación y han pedido al Gobierno central la creación de una comisión mixta integrada por el Ministerio y la Consejería para estudiar los artículos con detenimiento.
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