Exconsejera de Madrid 16: Urdangarín me llamó para colaborar con la candidatura

La exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16, dependiente del Ayuntamiento de la capital madrileña, Mercedes Coghen, ha manifestado, en su declaración como acusada en el juicio del caso Nóos, que fue Iñaki Urdangarin quien le llamó para proponerle una colaboración activa de cara a la candidatura de Madrid para los Juegos Olímpicos de Madrid de 2016. La iniciativa conllevó a cambio el pago de 6.000 euros públicos mensuales, que ascendieron a un total de 114.000.

Tal y como ha explicado, en esa conversación Urdangarin le habló de su fundación Cultura, Deporte e Integración Social (FDCIS) -considerada sucesora del Instituto Nóos- y en abril de 2007 se reunió en el Ayuntamiento con él y con su exsocio Diego Torres para abordar el proyecto. También estaban presentes, entre otros, el entonces director financiero Gerardo Corral, y quien fuera director de Deportes del Ayuntamiento bajo la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón, Miguel de la Villa.

"Nos explicaron cómo podrían colaborar con la candidatura, el bagaje que tenían, su experiencia y cómo el deporte podía ayudar a integrar a estamentos desfavorecidos. Nos interesaba y queríamos aprovechar esa sinergia", ha recordado Coghen, única acusada por estos hechos.

Tal y como ha manifestado, era la segunda vez que Madrid se presentaba a la candidatura y "había que darle un aire distinto porque, si no, no iba a ser muy creíble el mensaje. Debía servir para apoyar la comunicación, el logo y las acciones que se llevaran a cabo". "Teníamos una necesidad crucial de trabajar en ello", ha incidido.

A partir de esas negociaciones, ha señalado que no volvió a tener conocimiento de las gestiones que se llevaron a cabo. No obstante, ha apuntado que fue más adelante cuando el director general de la candidatura, Antonio Fernández Alemany, le dijo que la FDCIS "pedía un dinero y le parecía que era bastante". "Le insté a que negociaran y fue lo que pasó". Coghen ha señalado que inicialmente reclamaban entre 10.000 y 15.000 euros mensuales, que al final quedaron establecidos en 6.000.

Según la Fiscalía, las entregas de dinero fueron efectuadas mediante 15 transferencias de 6.000 euros y dos de 12.000, repartidas entre octubre de 2007 y noviembre de 2009, pese a que el convenio rubricado para el proyecto no contemplaba contraprestación económica alguna y sin que conste trabajo alguno por parte de la FDCIS que las justifique.