PSOE- Podemos, modificación para impedir la venta de viviendas a `fondos buitre´

martes 15 de diciembre de 2015, 11:00h
Han sacado adelante una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, por la que se mandata al Gobierno regional para que en tres meses modifique el Reglamento de Viviendas de Protección Pública

El PSOE ha sacado adelante una enmienda a la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, transaccionada con Podemos, por la que se mandata al Gobierno regional para que en el plazo de tres meses modifique el Reglamento de Viviendas de Protección Pública de la Comunidad de Madrid con el objetivo de impedir la venta de vivienda pública a fondos de inversión y ofrecer garantías a los inquilinos de viviendas ya vendidas.

Según el texto final acordado por PSOE y Podemos, la viviendas de protección pública para alquiler y alquiler con opción a compra "podrán ser enajenadas por sus promotores por promociones completas (...) y a precio libre, en cualquier momento del periodo de vinculación a dicho régimen de uso, previa autorización de la Consejería competente en materia de vivienda, a un nuevo titular o titulares, siempre que sean personas jurídicas de reconocida dedicación a la gestión de vivienda pública con fines sociales".

Asimismo, el texto contempla que los nuevos titulares podrán hacerse cargo de la gestión de las promociones con la obligación de "atenerse a las condiciones, plazos y rentas máximas establecidos subrogándose en sus derechos y obligaciones".

En cuanto a las enajenaciones que ya se han producido, la enmienda, en cuya votación se ha abstenido Ciudadanos y que ha sido rechazada por el PP, garantiza "el derecho de opción de compra de los inquilinos de las viviendas que fueron enajenadas a sociedades o fondos de inversión inmobiliaria o en su caso la ampliación del régimen de alquiler en los mismo términos y condiciones".

Según ha explicado la portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Pilar Sánchez Acera, en un encuentro con periodistas, esta modificación del Reglamento afectaría a la vivienda pública en toda la región, al tiempo que ha indicado que si los ayuntamientos ponen alguna reclamación habría que ver cómo se dirime.
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