La presidenta de la Fundación Pardo Valcarce, que está imputada en el caso Bankia por ser una de las beneficiarias de las 'tarjetas black', ganó un concurso diseñado en base a una guía elaborada por la propia adjudicataria
El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este martes una pregunta oral exigiendo explicaciones al consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, acerca de la adjudicación de un contrato de 100.000 euros a Carmen Cafranga, presidenta de la Fundación Pardo Valcarce.
Según informa una emisora de radio, el Gobierno regional habría adjudicado este contrato a Cafranga, imputada en el caso Bankia por ser una de las beneficiarias de las 'tarjetas black', en un concurso diseñado en base a una guía elaborada por la propia adjudicataria. El PSOE tilda lo ocurrido de un presunto caso de corrupción.
De hecho, los socialistas piden explicaciones a Carlos Izquierdo porque en el momento de la adjudicación era viceconsejero de Políticas Sociales. "La presunta irregularidad afecta a la Fundación Pardo Valcarce, entidad presidida por Cafranga y autora, al parecer, del informe que sirvió de base para la adjudicación de dicho contrato", han señalado.
Los socialistas denuncian que "mientras que existen proyectos paralizados para atender a personas con discapacidad por falta de financiación y mientras se recortan servicios imprescindibles que requieren estos colectivos, el Gobierno de Ignacio González corrió para adjudicar un contrato de dudosa legalidad", señala la portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, Mónica Silvana González.
Según Silvana González, sorprende, entre otras cosas, las prisas en la adjudicación porque "aún en proceso de constituirse el nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid, entre los días 23 de junio y 10 de agosto (que se realizara la adjudicación) con rapidez y alevosía se adjudicaba un contrato de 100.000 euros".
La portavoz socialista se pregunta "por qué el actual consejero, que conocía el caso, no fue capaz de frenarlo al tomar posesión" de su cargo. Mónica Silvana González exigirá también al consejero de Políticas Sociales la documentación detallada de todos los contratos que la Consejería mantiene con esta entidad.
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