Piden que se investiguen posibles irregularidades en funcionarización

La sección sindical del CSI-F en el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia en la que pide investigar las presuntas irregularidades detectadas en un proceso de funcionarización del Centro de Iniciativas de Formación y Empleo (CIFE), así como los vínculos de parentesco "por afinidad o consanguinidad" de una decena de trabajadores admitidos en este procedimiento con miembros o excomponentes del PSOE y una subida salarial del 33 por ciento en 2010 sin presuntamente "amparo legal".

Según la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha adelantado 'El Mundo' este pasado martes, el procedimiento podría ser declarado "nulo de pleno derecho" ya que ninguno de los admitidos reunía el requisito de "ser personal laboral fijo".

La denuncia expone que la Junta de Gobierno aprobó la oferta de empleo en febrero de 2011 "presuntamente a sabiendas" de que el personal afecto no reunía los requisitos.

Durante el proceso, además, el sindicato CSI-F detectó que "un número elevado" de los admitidos en el proceso mantenía "relación, supuestamente, de parentesco con cargos del PSOE de Fuenlabrada".

En la denuncia, el CSI-F apunta, con nombres y apellidos, a una decena de trabajadores con vinculaciones familiares, y a otros tres vinculados a miembros de la sección sindical de UGT, supuestamente.

Además, revela que se produjeron "subidas de sueldo por encima de los Presupuestos Generales del Estado sin justificación", al tiempo que plantea una "posible falsedad en documento público", puesto que el "personal contratado del CIFE en los distintos informes de Intervención figuran como indefinidos hasta el año 2011 sin haber superado presuntamente ningún proceso selectivo".

LEGALIDAD, SEGÚN EL EJECUTIVO

Mientras, el gerente del CIFE, Ángel Gil, ha señalado que el proceso fue "absolutamente regular". "Estamos convencidos de que es legal", ha declarado tras precisar que este proceso comenzó en 2004 "con un acuerdo de Pleno" que contó "con todos los informes favorables".

"Siguió todos los trámites legales previstos, porque fue una previsión legal sin que, en ningún momento, se manifestase ningún tipo de irregularidad", ha precisado.

En cuanto a los incrementos salariales, Gil ha mantenido que "nunca han existido", ya que, de lo contrario, no los habría autorizado Intervención. "Lo único que hubo fue un acuerdo de homologación de puestos, para equiparar a los trabajadores del CIFE con el nivel de los del Ayuntamiento", ha precisado al respecto.

Sobre los vínculos familiares, el gerente ha matizado que "muchos de ellos" no lo son y que, en otros casos, los trabajos que tenían eran "bastante anteriores a las relaciones que se citan" en la denuncia.

EL PP SE PERSONARÁ

Por su lado, el PP de Fuenlabrada ha anunciado este martes que se "adherirá" a la denuncia como acusación particular si resulta finalmente admitida.

Los 'populares' han considerado que este proceso ha sido "un agravio y una humillación para todos aquellos opositores que, además de pagar su tasa de examen, se han preparado o se están preparando para una oposición en Fuenlabrada creyendo concurrir en las mismas condiciones que el resto".

En cuanto al proceso denunciado, el PP fuenlabreño ha esgrimido que el Gobierno de 2004 "llevó a Pleno y votado por unanimidad la propuesta de convertir personal laboral en laboral fijo sin seguir el procedimiento legal establecido, esto es sin realizar examen previo".

"Con ello, el Ayuntamiento pretende utilizar un acuerdo plenario que se salta la Ley para justificarse ante la denuncia del CSI-F", algo que ha calificado como "maniobra para convertir en funcionarios por la vía rápida a un grupo muy amplio de personas", ha precisado el Grupo.

EL RESTO DE SINDICATOS, A FAVOR DEL PROCESO

Por su parte, las secciones sindicales de UGT, CC.OO. y OTAF en el Consistorio han negado las irregularidades denunciadas, al considerar que se "vierte una sarta de falsedades", como que los trabajadores del CIFE tuvieran un incremento salarial del 33 por ciento en 2010.

Además, han negado que estos empleados sean funcionarios desde 2010, ya que "el proceso aún no ha finalizado". "La oferta pública de empleo del CIFE es absolutamente legal y ha sido en todo momento transparente", han puntualizado.

Por último, han atribuido la denuncia del CSI-F al hecho de que miembros de este sindicato quedasen excluidos del proceso de funcionarización. Por eso, "atenta gravemente y sin ningún pudor contra los derechos de los trabajadores del CIFE, cuestionando el proceso de funcionarización", han concluido.