Palop cierra la investigación del Madrid Arena con 16 acusados

El juez Eduardo López Palop, al frente del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, ha concluido la investigación sobre la tragedia del Madrid Arena con un total de 16 acusados, entre ellos el organizador de la fiesta de Halloween que se celebró la madrugada del 1 de noviembre de 2012, Miguel Ángel Flores, y el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo.

En un auto fechado el pasado 29 de agosto y notificado hoy a las partes, el magistrado transforma las diligencias en procedimiento abreviado, lo que supone la conclusión de las pesquisas tras dos años de instrucción. Ahora, el juez da un plazo de un mes a las partes para la presentación de recursos y escritos de acusación de cara a la celebración de la vista oral.

La resolución concreta las imputaciones sobre catorce personas por cinco delitos de homicidio imprudente grave y diez delitos de lesiones. De este modo, también imputa a los doctores Simón y Carlos Viñals, acusándoles de tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, en el caso de las jóvenes Rocío Oña, Cristina Arce y Katia Esteban.

Además, retira la acusación sobre ocho imputados, entre ellos la de los delegados Antonio de Guindos y Fátima Núñez; y la del director general de Emergencias y Protección Civil, Alfonso del Álamo.

En cuanto a los procesados, inculpa formalmente de la empresa Diviertt a Flores; a su director, Santiago Rojo; y al jefe de personal, Miguel Ángel Morcillo. Y de Kontrol 34, al socio y apoderado, Carlos Manzanares; y a Emilio Belliard.

De Madridec, acusa al director del Departamento de Seguridad, Rafael Pastor Martín; al coordinador de proyectos, Francisco del Amo; al técnico de operaciones y jefe de Emergencias del evento, José Ruiz Ayuso; y al coordinador Jefe del Departamento de Seguridad, José Luis Rodríguez Caamaño.

Además, procesa al coordinador jefe de Seguriber, Juan José Paris; al coordinador jefe de Seguriber, Raúl Monterde; al jefe del equipo de Seguriber, José Antonio Díaz Romero; y al vigilante de seguridad de Seguriber, Roberto Mateos.

Asimismo, según consta en el auto, sentará en el banquillo de los acusados al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y a los médicos, Simón y Carlos Viñals. El primero era el médico responsable de la enfermería que se instaló en el recinto.

Con este auto, el juez Palop da carpetazo a la investigación abierta la madrugada del 1 de noviembre de 2012 tras la muerte de cinco chicas por la fatal avalancha que se produjo en el interior de unos de los vomitorios del pabellón debido al exceso de aforo, cuyo número se triplicó hasta los 22.000.

PALOP ACUSA DE "NEGLIGENCIA" A MONTEAGUDO

El juez ha destacado en el auto que el "macro botellón" fue una de las causas de la tragedia, lo que le ha llevado a acusar formalmente al inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, por su "negligencia" como responsable máximo del Cuerpo, al considerar que la presencia policial fue "contemplativa, insuficiente, esporádica" y denotó "una pasividad inadecuada para la gravedad de los hechos que estaban aconteciendo".

"La Policía municipal ni evitó, ni palió ni aminoró (el botellón) sino que tuvo una actitud que benévolamente puede ser calificada de contemplativa", afirma el juez en el auto fechado el pasado 29 de agosto.

Monteagudo es acusado de delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones como máximo responsable de la actuación del cuerpo policial a su mando durante el botellón, que tuvo "una importancia decisiva como desencadenante de la tragedia que posteriormente habría de producirse".

Dicho botellón se produjo en los aledaños al Madrid Arena "desde varias horas antes" de que empezara el espectáculo y que, según los testimonios de asistentes, "llegaba desde la salida del metro de Lago", en una distancia "no inferior a un kilómetro".

En el mismo auto, Palop recuerda que la oficial al mando la noche de la tragedia y responsable del operativo del Madrid Arena, Cándida Jiménez, aseguró en su declaración que "no había medios" para controlar el botellón. De hecho, apuntó que en otros eventos en las mismas instalaciones se destinaron entre 60 y 70 agentes pero ese día "sólo había doce", número que hacía imposible controlar el acceso y el botellón que presumiblemente se iba a celebrar.

En la misma línea declaró otro policía municipal, que aseveró que eran "muy insuficientes los policías", que ese día "no hubo previsión" y que se debió "al conflicto laboral para no pagar horas".

Como consecuencia, el macro botellón tuvo consecuencias como la imposibilidad de que los servicios de emergencias pudieran socorrer a los heridos fuera del recinto "porque las ambulancias no podían pasar".

En opinión del juzgado, existe una "evidente relación causa-efecto entre el botellón, que nunca debió de haber existido, y el resultado letal producido". "El macro botellón no fue la única causa pero fue una de ellas, y como la encargada de impedirlo era la Policía municipal, el máximo responsable de la misma debe responder por su negligencia", concluye.

El pasado julio, la Fiscalía pidió en un escrito mantener la imputación de 14 personas y sobreseer la de otras diez, entre las que se encontraba la de Monteagudo, De Guindos, Fátima Núñez, entre otros.