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La balada del silencio de Delaware

jueves 02 de octubre de 2014, 12:47h

El día en el que la jueza Maríana Peregrina sustituyó a su colega Isabel Conejo en el Juzgado número 5 de Estepona fue un mal día para Ignacio González y su esposa, Lourdes Cavero. Lo primero que hizo la magistrada en enero de 2012 fue rescatar del cajón de los olvidos la denuncia que el Sindicato Unificado de la Policía había puesto contra el hoy presidente de la Comunidad de Madrid por el alquiler y luego compra del ático de casi quinientos metros en Marbella. El rastro que quería seguir estaba en Delaware, casi el más pequeño de los Estados de la Unión, con apenas un millón de habitantes tras su fundación por colonos holandeses y suecos a comienzos del siglo XVII, pero eso si, con mas de doscientas mil empresas registradas al amparo de sus beneficios fiscales y su casi nula afición a proporcionar datos sobre las mismas, sobre todo en el ámbito financiero. Desde allí se interpreta la balada del silencio que puede y busca acabar con la carrera política del hombre que hoy se sienta en el sillón de mando de la Puerta del Sol.

Dos años más tarde la misma juez ha imputado a Lourdes Cavero por blanqueo de capitales y delito fiscal, ha sugerido en su breve escrito que debería imputarse a su marido por los mismos motivos, y ha enviado todo el sumario a la Audiencia Nacional por entender que es el órgano jurisdiccional adecuado para llevar adelante ese caso. Mientras tanto se ha cansado de esperar que las dos Comisiones rogatorias que ha enviado a Estados Unidos y a Gran Bretaña lleguen a su destino. Un camino muy muy largo ya que del Juzgado de Estepona debe llevar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para ser traducidos, desde allí ir al Ministerio de Justicia, de éste al de Exteriores, para a su vez llegar a sus "colegas" de USA y Gran Bretaña desde donde recorrerían los mismos trayectos burocráticos antes de comenzar su regreso, por los mismos caminos, a España, a Andalucía y a Estepona o a Madrid si es que la Audiencia Nacional asumiera el caso, algo difícil si pensamos que es la propia Fiscalía Anticorrupción quién se ha opuesto a la decisión de la magistrada Peregrina. Dieciséis o diecisiete pasos o instancias que tendrían que darse e intervenir en el tema, con los correspondientes expedientes, informes, peticiones, oposiciones, comunicados... en dos idiomas y con Legislaciones muy distintas.

Todo ello para conocer quien, como, cuando, cuanto y de qué forma se compró por la sociedad Coast Investors, inscrita en el paraíso fiscal del estado norteamericano de Delaware, el ático marbellí. Un " conocimiento" que desembocaría en otra Comisión rogatoria, esta vez a Panamá, para repetir todo el azaroso e inacabable procedimiento.

De Coast Investors se pasaría a Waldford Overseas Investimente, y de ahí posiblemente a un despacho de abogados representantes legales del auténtico dueño de esas empresas. Calculando por lo bajo: un camino de 20 años, tiempo más que suficiente para que ninguno de los protagonistas esté donde está hoy, ni en la policía, ni en la judicatura, ni en la política. Razones que dan la razón a Ignacio González cuando pide que se actúe con rapidez o se archive el caso dado el " daño" personal, familiar y político que se le está haciendo cuando en pocos meses tendrá que decidir el PP si le mantiene como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid o lo cambia por otro dirigente.

El mejicano instalado en Los Ángeles, Rudy Valner, también implicado por la jueza en los mismos delitos pero al que no se ha conseguido localizar en un domicilio concreto, es un especialista en ocultismo empresarial. Es su profesión y hace gala de ello. Los servicios que ofrece se basan en su eficacia para esconder las fortunas o los bienes de otros e impedir y obstaculizar que se pueda saber quién está detrás de una o varias sociedades radicadas en paraísos fiscales y que son como las capas de la cebolla: cuando se quita una, aparece otra, y después otra.

Le pasa lo mismo que al suizo Falsana, valen lo que valen y cobran los honorarios que cobran por sus silencios. Un día es Coast Investors y otro Harmony International. Un camino conduce a Panamá, donde se piensa que está la meta y otro a la Isla de Man, para descubrir en ambos casos que son tan sólo paradas en la gran ruta de los paraísos fiscales que los propios gobiernos consienten y amparan.

Saldrán más nombres, más relaciones profesionales y personales de los dirigentes madrileños, nuevos y viejos favores, conexiones directas e indirectas con otros casos que están en los tribunales, expertos abogados que pondrán en juego todo su saber y entender y todas sus relaciones con el poder político y mediático. La fiscalía dirá no donde antes dijo si, se archivará o se abrirán nuevas líneas de investigación y en la sociedad española se ahondará en la certeza de que la Justicia no es igual para todos, y que los ricos siempre lloran mucho menos que los pobres.