El Gobierno regional sigue sin encontrar una solución a la Cañada Real

Dos años después de prometer dar una solución a la Cañada Real, la Comunidad de Madrid sigue sin haber resuelto el principal escollo para acabar con los asentamientos irregulares: el destino de gran parte de los 7.725 habitantes censados.

El Plan Social que el presidente madrileño, Ignacio González, dice haber presentado a los ayuntamientos afectados: Coslada, Rivas y la propia capital madrileña, sigue en el aire porque los alcaldes de Rivas y de Madrid insisten en que solo han visto un vídeo promocional que no les sirve para saber cómo se va a arreglar.

Los únicos apoyos con los que cuenta el Gobierno regional son el alcalde de Coslada, Raúl López (PP) y la delegada de Madrid, Cristina Cifuentes, lo que puede finalmente obligar a la Comunidad a iniciar solo el proceso de desalojo.

El principal problema lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, que ya ha dicho que podría legalizar las casi 400 viviendas asentadas en la zona de Vicálvaro y donde viven aproximadamente 600 personas, así como las situadas en la frontera con Rivas con menos viviendas (144), pero con el mismo número de habitantes. Habría que derribar en cambio casi 1.300 infraviviendas donde habitan casi 4.500 personas, en su mayoría de etnia gitana y magrebíes. Según los cálculos municipales habría que realojar al menos a 1.500 personas, con un coste aproximado de 100 millones de euros.

Según el censo oficial de la Cañada Real el 64% de los censados son españoles, el 27% magrebíes y el 5% rumanos, que viven en 1.004 parcelas, con 1.300 casas bajas, 124 chalés, 107 chabolas y 18 remolques, además de unos 120 locales comerciales. Hay adenás una parte, la más cercana al vertdero de Valdemingómez, donde se asienta además los vendedores de droga, que es inurbanizable y donde viven cerca de 3.500 familias que habría que realojar “casi a la fuerza” y con un enorme costo para el Ayun tamiento madrileño.