PSOE, IU y sindicatos contra el "fichaje" de parados con subsidio en los ayuntamientos

La nueva medida del Gobierno regional virtud a la cual los ayuntamientos de la región podrán contratar a 100 personas desempleadas que reciben prestaciones o subsidios por desempleo, excluyendo a quienes llevan más tiempo en paro y no cuentan con ayudas, ha abierto un nuevo frente de discodia del Ejecutivo madrileño con los partidos de la oposición y los sindicatos . La consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, se defiende de las críticas asegurando que el Programa de Recualificación Profesional del Gobierno madrileño se basa en un decreto aprobado por un Gobierno socialista en 1982.

La consejera asegura que el desempleado que forme parte de este programa de Colaboración Social en los ayuntamientos desaparecerá de la lista del paro pero seguirá cobrando su prestación. "En el momento en que este parado se incorpora en el trabajo desaparece de la lista de parados", ha señalado Mariño en una cadena radiofónica, donde ha explicado que no se le va a obligar al desempleado a coger la oferta y que los Ayuntamientos podrán 'contratar' a un máximo de cien personas.

"No forma parte de una plantilla del Ayuntamiento. Tenemos que mandar los perfiles adecuados para poder cubrir las necesidades de las empresas, porque si mandamos personas inadecuadas, no se incorporan. Se mandan las personas adecuadas para que el mercado de trabajo las absorba", ha apuntado.

Estos trabajadores cobrarán el desempleo y la Comunidad de Madrid subvencionará la diferencia de 500 euros "para que tengan un complemento sobre la base de cotización que tenían antes del paro", ha explicado Mariño, quien ha asegurado que este programa "no interrumpe ningún proceso de búsqueda de empleo".

Es decir, Mariño ha explicado que si hay una oferta de trabajo en la que el desempleado que está haciendo esta labor de colaboración social "encaja en el perfil" de dicha oferta, "absolutamente el trabajador será enviado allí" a la empresa para intentar conseguir ese contrato.

"Son programas excepcionales de interés social que el Ayuntamiento puede hacer de forma excepcional durante seis meses, no como una actividad normal y como es algo específico, queremos que se les forme", ha insistido Mariño, quien ha explicado que para el programa se van a destinar 15 millones de euros procedentes de fondos estatales dentro de las políticas activas de empleo que se determina por parte del Estado.

EL PSOE LA TILDA DE MALISIMA MEDIDA

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha criticado que se obligue a los parados a trabajar para instituciones públicas municipales a cambio de mantener sus prestaciones por desempleo, y ha asegurado que la reforma laboral ampara este tipo de medidas "discriminatorias".

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Rodríguez ha sido preguntada por el Programa de Recualificación Profesional para desempleados participantes en trabajos temporales de colaboración social.

"Es una malísima medida, una forma de economía sumergida, de empleo encubierto cobrando una prestación por desempleo. Y el origen de estas medidas claramente discriminatorias y que perjudican de forma clara a los parados está en la reforma laboral, que realmente ampara, da cobijo legal, a este tipo de medidas", ha dicho la diputada.

IU: CREA UN REGIMEN DE SEMIESCLAVITUD

El portavoz económico de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, Alberto Garzón, ha acusado este miércoles a la Comunidad de Madrid de crear un régimen de "semiesclavitud" para los parados madrileños que cobran prestaciones al obligarles a realizar "trabajos forzados" para entidades públicas.

Durante una intervención en el Pleno de la Cámara Baja, el diputado malagueño ha hecho referencia al Programa de Recualificación Profesional de Desempleados Participantes en Trabajos Temporales de Colaboración Social de la Comunidad de Madrid, que permitirá a los ayuntamientos solicitar que parados con prestaciones trabajen en diferentes instituciones públicas sin remuneración, sólo a cambio del paro más algún complemento económico.

Para Garzón, esto constituye "una especie de trabajos forzados" en un "régimen de semiesclavitud" de los parados que, además, supondrá "transformar un derecho conquistado por las luchas sociales en una servidumbre absoluta". "Esta filosofía es contraria a cualquier atisbo de humanidad y por eso seguiremos luchando contra esta política económica del PP, en las comunidades autónomas o aquí", ha zanjado.


CC.OO DICE QUE LA MEDIDA ES "DISCRIMINATORIA"

CC.OO. se ha mostrado muy beligerante con la medida del Gobierno autonómico, como ha hacía también la semana pasada en la que se da prioridad en la asignación de ofertas de empleo en la experiencia piloto de cuatro oficinas a las personas que cobran prestaciones por desempleo. Para Comisiones, el nuevo programa de empleo, además de ser "discriminatorio", tiene como objetivo "aumentar los controles de los perceptores y reducir la factura del desempleo".

"Hasta ahora nadie lo ha criticado y no entiendo cómo los sindicatos, si es verdad que trabajan de forma tan considerable a favor de los desempleados, se oponen que haya programas de recualificación porque el objetivo de la Comunidad es que los desempleados trabajen, los que cobran y los que no cobran prestación. Y de ese objetivo, pese a quien pese, no me van a apear", ha apostillado