Aguirre "tumba" el plan de Recoletos-Prado de Gallardón por silencio administrativo

El Gobierno regional ha 'tumbado' el plan especial del eje Recoletos-Prado mediante la vía del silencio administrativo mientras que el Ayuntamiento de Madrid sigue a la espera de tener una respuesta oficial. Fuentes regionales han confirmado a Europa Press que se ha empleado el silencio administrativo como vía para exponer su postura ante el plan especial presentado en su día por el Ayuntamiento y que fue consensuado por los tres grupos políticos presentes en la Corporación en la pasada legislatura, PP, PSOE e IU. Las mismas fuentes no han podido precisar las razones por las que se rechaza el plan ni si se ha informado al Consistorio. Por su parte, fuentes municipales han señalado a Europa Press que están a la "espera de contestación de la autoridad ambiental competente" para conocer "los requisitos que considere para la ejecución del proyecto". "Nos queda esperar. Al margen de que el silencio se pueda considerar positivo o negativo la Administración tiene que responder y establecer los requisitos que se consideran procedentes", han destacado las mismas fuentes, que han asegurado que la espera se está haciendo "con tranquilidad". Más parco en palabras ha sido el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha zanjado el asunto con un "no hay nada que comentar" cuando ha sido preguntado por los periodistas durante la visita al nuevo colector de Abroñigal. NO AL TÚNEL, SÍ AL PEATÓN El Ayuntamiento pretende con este Plan Especial, según datos del documento ejecutivo elaborado por el Consistorio, consultado por Europa Press, "recuperar espacio para los ciudadanos" permitiendo que la superficie peatonal se incremente un 91,36 por ciento. Y todo ello sin afección para los 1.342 árboles existentes en el entorno del paseo ya que, como reza el texto, "ninguno será eliminado". De hecho, el plan estudia la plantación de 1.064 nuevos árboles. A eso se suma la reducción del número de carriles planteada por el Plan Especial, que conlleva una disminución en el tráfico que circula por el eje y también de las consecuencias ambientales. La propuesta del Ayuntamiento --refrendada por los tres grupos presentes en la anterior legislatura, PP, PSOE e IU-- rechazaba de plano la idea que defendía la Comunidad, la construcción de un túnel. La primera idea de túnel pasaba por construir uno desde el Paseo de las Delicias con posible sentido sur-norte y otro del Paseo de Santa María de la Cabeza en posible sentido norte-sur. Se rechazó la idea por parte del Consistorio afirmando que el consumo de espacio de las rampas de entrada y salida y la máxima cota a obtener eran incompatibles debido al túnel ferroviario actual de Atocha-Chamartín y por necesidad de mantener las infraestructuras existentes, como colectores y Metro. La otra alternativa de túnel, también rechazada por el Ayuntamiento, planteaba la construcción de uno que, partiendo de las proximidades del Monumento a las Víctimas del 11-M, recorriera la calle Alfonso XII para, una vez alcanzada la Plaza de la Independencia, desembocar en el Paseo de Recoletos. El Plan Especial vino precedido por un concurso internacional de ideas, aprobado en 1997, a fin de conocer posibles propuestas alternativas y seleccionar el equipo redactor. El ganador fue el equipo de Álvaro Siza, quien firmó el contrato para la redacción del Plan Especial Recoletos-Prado en septiembre de 2002. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid puso a disposición de la ciudadanía el estudio de impacto ambiental y el plan especial, según un acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de noviembre de 2010. Las reacciones a esta decisión no se han hecho esperar y así, el portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Marcos Sanz, ha reclamado una explicación de las razones por las que el Gobierno regional no ha aceptado el proyecto. Sanz ha que lo primero que le "extraña" es que no se conozcan las razones por las que no se aprueba un proyecto, una remodelación, que viene de lejos ya que las primeras conversaciones comenzaron hace 17 años, siendo alcalde José María Álvarez del Manzano. Asimismo ha recordado que el silencio administrativo tiene la "virtud" de no tener que especificar las razones. "Queremos saber dónde están los problemas. Lo primero que hay que hacer es reclamar dónde está el problema", ha apuntado. El edil cree que es imprescindible que el proyecto cuente con "todas las evaluaciones de impacto ambiental" pero asegura que no entiende que "haya sido tumbado" por razones que no quieren establecer "en clave personal", sobre todo cuando "hay una voluntad del Ayuntamiento y un acuerdo de todos los grupos políticos". Sanz ha defendido el acuerdo por ser "un proyecto importante que implica una pedagogía política sobre la ciudad, dando al peatón más metros y reduciéndoselos al coche". Desde UPyD, el portavoz adjunto de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Berenguer, ha afirmado que la nueva paralización del eje Prado-Recoletos es una muestra más de la "guerra particular" entre la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y tiene como consecuencia que de nuevo "se abofetea en la cara a los madrileños". Berenguer ve "intolerable" lo que está ocurriendo con esta operación dejando "parado" un proyecto" mientras que la Comunidad se comunica con el Ayuntamiento mediante la vía del silencio administrativo. "Si falta una modificación de una zona determinada lo que hay que hacer es sentarse y buscar la mejor solución pero no esa paralización constante que abofetea a los madrileños en la cara", ha defendido el edil. Por su parte, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Ángel Pérez, ha lamentado el "boicot" y las "zancadillas políticas" que la Comunidad está poniendo al proyecto en el eje Prado-Recoletos, consensuado en la pasada legislatura por los grupos de PP, PSOE e IU en el Consistorio. La lectura política que extrae Ángel Pérez tras conocer la decisión autonómica es que "las cosas vuelven a su ser entre la presidenta y el alcalde" una vez pasadas las elecciones del 22 de mayo. Las consecuencias de esta decisión, en palabras del edil, "las pagan los madrileños". Pérez ha recordado que el silencio administrativo por el que ha optado el Ejecutivo autonómico "es sólo un paso más entre tantos para tratar de imponer un modelo alternativo en función de sus intereses territoriales".