Piden e a la Comunidad y Ayuntamiento que no se produzcan retrocesos en la protección de los derechos humanos

Amnistía Internacional, ha presentado en el Ateneo una Agenda de Derechos Humanos para la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid. En la presentación han intervenido María Jesús Torrecilla, Coordinadora de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional Madrid, quien durante los últimos 2 años ha sido Presidenta de Amnistía Internacional Madrid, impulsando el trabajo de la organización por la defensa de los derechos humanos en la región. Actualmente su labor se centra en la incidencia política con autoridades autonómicas y municipales. También ha intervenido en el acto Caridad Maroto, Coordinadora de Refugiados y Asilo de Amnistía Internacional Madrid, desde hace 7 años viene impulsando el trabajo de la organización en materia de inmigración, refugio y asilo, a su vez, ha coordinado el trabajo en la Comunidad de Madrid sobre la situación de los menores ingresados en Centros Terapéuticos. “La Comunidad de Madrid, al igual que el Ayuntamiento de la ciudad son los primeros interlocutores de todas aquellas personas que buscan la protección y justicia de sus derechos. Por lo tanto, es esencial que ambas administraciones den las respuesta adecuadas para la protección de estos derechos” ha dicho Mª Jesús Torrecilla. En los meses previos a las elecciones autonómicas y municipales, Amnistía Internacional (AI) se dirigió a los distintos partidos de la Comunidad de Madrid para hacerles llegar las recomendaciones que la organización de derechos humanos consideraba necesarias incluir en sus políticas en la próxima legislatura. Amnistía Internacional considera que los nuevos gobiernos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid, elegidos el pasado 22 de mayo, son agentes clave en la defensa y protección de los derechos humanos de los ciudadanos, muy especialmente, por ejemplo en los ámbitos de la sanidad, la justicia o la educación, en los cuales tienen competencias definidas, en el caso de Madrid, con competencias transferidas en estas materias. “El momento de crisis actual en el que nos encontramos puede conllevar que se produzca un retroceso en las políticas públicas destinadas a la protección de los derechos de la ciudadanía, especialmente, de los colectivos más vulnerables como por ejemplo los menores, inmigrantes o mujeres. Por ello, tanto el gobierno de la Comunidad como el del Ayuntamiento de Madrid deben dedicar mayor esfuerzo a la protección y promoción de los derechos humanos” ha señalado Mª Jesús Torrecilla. Para asegurar el avance en derechos humanos en la región, AI pide al gobierno autonómico que elabore y ponga en marcha un Plan de Derechos Humanos, que considera sería un instrumento fundamental que debe mantenerse en el tiempo, enriquecerse y consolidarse como un elemento central de la política de la Comunidad de Madrid. Preocupaciones y propuestas de Amnistía Internacional A través de la Agenda de Derechos Humanos para la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, Amnistía Internacional quiere incidir en las principales preocupaciones que tiene la organización en los ámbitos autonómico y municipal, y señala un conjunto de propuestas sobre derechos humanos para poner en marcha en los próximos 4 años: 1. Garantizar los derechos económicos sociales y culturales. En Madrid existe un déficit en la protección jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) que comprenden, entre otros, “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento disponen de un importante margen de maniobra para desarrollar leyes y políticas que contemplen mecanismos para asegurar canales de participación ciudadana, el acceso a la información de estos derechos, formas de medirlos y evaluarlos y, en última instancia, que las administraciones rindan cuentas en las medidas adoptadas en relación a la protección de los DESC. La situación de Cañada Real Diferentes organismos internacionales llevan años alertando a España sobre la situación de la vivienda. En 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos. En 2008, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada llamó la atención sobre la necesidad de evaluar los efectos de los desalojos forzosos sobre las personas y garantizar la posibilidad de invocar ante los tribunales el derecho a una vivienda adecuada. Amnistía Internacional considera que, actualmente, en la Cañada Real se está vulnerando el derecho a una vivienda adecuada, entre otros derechos, cada vez que se ordena un desalojo sin las debidas garantías “En Cañada Real cientos de familias están en riesgo inminente de ser desalojadas de manera forzosa, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos adecuados” manifestó Caridad Maroto. La organización recuerda que los desalojos que se realizan sin permitir que las personas participen en las decisiones o sin ofrecer alojamientos alternativos, constituyen desalojos forzosos, prohibidos por el derecho internacional, es decir, son violaciones graves de los derechos humanos. Un caso concreto es el de Abdelilah Ghailán y Fátima Zohra Alami, quienes residen en Cañada Real desde hace 7 años con sus dos hijos y corren el riesgo de ser desalojados de su vivienda en este momento, al igual que otras familias en situación similar. En este sentido, Amnistía Internacional propone:  Que se ponga fin a los desalojos forzosos en todo el territorio de Madrid, especialmente, en Cañada Real Galiana y que se desarrolle una normativa local en materia de alojamiento coherente con los estándares internacionales.  Que se detenga la demolición de la vivienda de Abdelilah Ghailán y Fátima Zohra y de otras familias.  Que se desarrolle la normativa local y se generen medidas con recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia de DESC 2. Lucha efectiva contra el racismo y la discriminación. La xenofobia, el racismo y la discriminación continúan siendo invisibles en Madrid. Siguen sin existir datos oficiales que permitan registrar y analizar la magnitud de este fenómeno, y tampoco existen órganos independientes que lo investiguen. El propio Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia en su informe de 2010, alerta del incremento de perspectivas negativas y de rechazo hacia los extranjeros. La propia campaña electoral sirvió de altavoz para la difusión de declaraciones racistas y xenófobas, lo que ha contribuido a que partidos con clara ideología racista tengan espacio en algunas corporaciones municipales. Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, en su último informe sobre España, alertó sobre el uso de “controles de identificación o redadas policiales, basadas en perfiles étnicos o raciales, y realizados en lugares públicos y barrios donde hay una alta concentración de extranjeros con la finalidad de detener a aquellos que se encuentran en situación irregular en el Estado español”. En este sentido el Comité recomendó a España que se tomaran medidas para erradicar esta práctica, y que se dé formación intensiva en derechos humanos a los funcionarios que las realizan. En este sentido, Amnistía Internacional propone:  Que se recopilen datos desglosados para detectar discriminación hacia los inmigrantes y minorías étnicas ya sea en el ámbito de la sanidad, la educación o la vivienda.  Que se elabore y ponga en marcha un Plan Regional contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en la Comunidad de Madrid  Que el Ayuntamiento de Madrid desarrolle y evalúe todos los objetivos y medidas incluidas en el Plan de lucha contra el racismo aprobado en 2008 en el Foro de Madrid de Dialogo y convivencia .  Que se abstengan de promover iniciativas excluyentes o discriminatorias que exacerben el racismo, la islamofobia y la discriminación.  Que se adopten medidas que garanticen el acceso de todas las personas extranjeras al conjunto básico de derechos, independientemente de su situación administrativa 3. Menores. Por encima de todo el interés de los y las menores en centros de protección terapéuticos. La situación de los menores tutelados en centros terapéuticos por las Comunidades Autónomas, entre otras la Comunidad de Madrid, ha sido objeto de preocupación para varios organismos internacionales de derechos humanos. Diversas investigaciones, entre ellas la de Amnistía Internacional, sacaron a la luz que estos menores tutelados por las Comunidad de Madrid pueden ser víctimas de abusos, malos tratos o trato cruel y degradante, pueden ser encerrados en celdas de aislamiento, atados, amordazados y medicados sin la debida diligencia y en contra de su voluntad. Todo ello en un clima de impunidad por falta de investigaciones imparciales e independientes y en un contexto de invisibilidad, ya que no es posible saber el número de menores internados en este tipo de centros. El Comité para los Derechos del Niño, en sus observaciones finales a España, mostró inquietud por la falta de un proceso uniforme para determinar lo que constituye el interés superior del menor, así como las diferencias en las Comunidades Autónomas sobre la concepción y aplicación de este principio. En este sentido, Amnistía Internacional pide al gobierno de las Comunidad de Madrid que:  Publique estadísticas que permitan cuantificar el número de menores ingresados en estos centros.  Garanticen de manera efectiva el control y la inspección de los centros, permitiendo el acceso a organizaciones independientes de derechos humanos o del Estado.  Supervisen las prácticas de funcionamiento y las medidas sancionadoras hacia los menores en estos establecimientos.  Se aseguren que el internamiento de los menores siempre será el último recurso y que en todo caso se haga bajo autorización judicial. Agenda para la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid Amnistía Internacional publica hoy la Agenda de derechos humanos para la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid con 10 compromisos mínimos que deben adoptar. A los anteriormente reseñados, considerados prioritarios por Amnistía Internacional, se suman otros como, por ejemplo, proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia de género; asegurar que las fuerzas de seguridad de ámbito local y autonómico respeten plenamente los derechos humanos y cuenten con la formación adecuada a la hora de desempeñar su trabajo; o abogar por la protección de los derechos humanos en sus programas de cooperación internacional.