El Gobierno corregirá cualquier desviación en la reducción del déficit

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que el Gobierno corregirá cualquier desviación que se produzca respecto de los objetivos fijados en el proceso de consolidación fiscal "en cuanto el riesgo sea detectado".

Las palabras de Zapatero parecen responder casi por completo a las advertencias que realizó recientemente el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sobre que "cualquier desviación con respecto a lo previsto podría tener graves consecuencias sobre la credibilidad del esfuerzo de consolidación fiscal".

Durante su primera intervención en el Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso, Zapatero afirmó que el Gobierno considera "imprescindible" cumplir sus compromisos de consolidación fiscal.

"Lo vamos a hacer. La convicción y determinación que tenemos al respecto son plenas", aseveró el presidente, que añadió que, entre sus prioridades, destacan la de mantener "a rajatabla" el compromiso de reducción del déficit junto a la culminación del programa de reformas puesto en marcha.

Así, destacó que España ha sido uno de los primeros países en aprobar "recortes drásticos" para rebajar el déficit al 6% en 2011. En línea con este objetivo, las comunidades autónomas tendrán que reducir su déficit en 11.000 millones de euros el próximo año, mientras que la Administración General del Estado lo hará en 20.000 millones de euros.

Para conseguirlo, recordó, se han puesto en práctica medidas "estrictas", como la reducción salarial a los empleados públicos, la congelación de las pensiones o el recorte de la inversión en infraestructuras.

Zapatero resaltó que España atendió "de inmediato" la llamada del Consejo europeo para abordar una reducción más rápida del déficit porque estaba entre los Estados a los que más afectaba la inestabilidad en los mercados y porque el déficit es alto, al igual que lo es el endeudamiento privado.

Pero, "más allá de los movimientos especulativos de los mercados", el presidente hizo hincapié en que el nivel de deuda pública española sigue siendo comparativamente bajo y el sistema financiero, "considerablemente fuerte".

PRESUPUESTOS "RESTRICTIVOS" E IMPUESTO PARA RICOS.

En aras de la reducción del déficit, el jefe del Ejecutivo explicó que el techo de gasto de los Presupuestos de 2011 será un 7,7% inferior al de 2010, lo que conllevará un recorte superior al 15% en el presupuesto de todos los Ministerios.

Zapatero precisó que esta "enorme contención presupuestaria" será compatible con la preservación "al máximo" de las partidas relacionadas con educación e I+D+i por su relevancia para elevar el potencial del crecimiento económico español.

Las partidas que, según avanzó Zapatero, serán sometidas a una nueva reducción serán las de gastos corrientes, transferencias o aportaciones a empresas públicas, entre otras.

Eso sí, el jefe del Ejecutivo reconoció que las medidas de ajuste adicional y los "restrictivos" Presupuestos para 2011 podrían afectar al ritmo de reactivación del crecimiento económico.

Pero el recorte de las partidas presupuestarias no es el único elemento para combatir el déficit que podrían contener los Presupuestos Generales del Estado para 2011. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ya ha dicho en varias ocasiones que será en la presentación de los Presupuestos cuando corresponda analizar si se necesitan subidas de impuestos adicionales, como el llamado 'impuesto para ricos'.

Durante su intervención de este miércoles, Zapatero volvió a dejar caer esta idea al señalar que las medidas tomadas hasta ahora han tratado de repartir de manera equitativa y justo el esfuerzo colectivo y que esa misma pauta de reparto equitativo "tendrá otras manifestaciones en el proyecto de Presupuestos para 2011", en una velada referencia al citado impuesto para las rentas más altas.

Por otra parte, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado este miércoles que hará cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña pero que analizará con la Generalitat cómo recuperar "por el cauce constitucionalmente procedente" los aspectos que hayan sido anulados por razones de forma.

"El Tribunal ha dictado su sentencia. Naturalmente, la acato, la cumplo y la haré cumplir", ha dicho Zapatero en el Debate del estado de la Nación, en el que la sentencia del Constitucional sobre el 'Estatut' ha sido el primer asunto que ha abordado tras su introducción general.

Según ha dicho, ahora es su "obligación" contribuir al "desarrollo y aplicación del Estatut y para ello analizará con la Generalitat "la posibilidad de que algunos de los aspectos que han sido declarados inconstitucionales no por razones de fondo, sino del tipo de norma" puedan ser abordados "como indica el propio Tribunal, por el cauce constitucionalmente procedente".

Zapatero ha dejado claro que actuará así no sólo por obligación, sino como muestra de que su Ejecutivo "no recela del autogobierno, sino que lo reconoce, y que no teme la fuerte identidad política de Cataluña, sino que la respeta".

Adelantándose a las intervenciones de los grupos catalanes --que esta tarde tomarán la palabra y dedicarán reproches a la sentencia del TC--, el jefe del Ejecutivo ha remarcado que "siempre" ha creído en la "diversidad de España" y en la "convivencia respetuosa".

REPROCHE AL PP

Además, ha culpado al PP y a su recurso que "cuestionaba globalmente y de raíz" el Estatuto, de la "incertidumbre" vivida durante cuatro años y ha reconocido que le hubiese gustado que la sentencia no se hubiese demorado tanto.

Sin embargo, ha estimado que finalmente ésta es "un respaldo al proceso general de renovación estatutaria" en toda España. "El Tribunal ha respaldado globalmente la constitucionalidad del Estatut, frente a la impugnación global de los recurrentes", ha recalcado.

En todo caso, ha opinado que los cuatro años en los que el Estatuto se ha aplicado hasta que el TC se ha pronunciado han servido "para comprobar que con el Estatuto no se reformaba la Constitución por la puerta de atrás, que con el Estatuto no se rompía España, que el Estatuto no preveía un sistema de financiación injustificado, que el Estatuto no consagraba discriminaciones entre los españoles".

RESPETO A LA VOLUNTAD CATALANA

El jefe del Ejecutivo ha recordado que hubiese preferido que todos los grupos políticos hubiesen acordado el 'Estatut' en 2006, argumentando que éste debió ser "desde su misma gestación, un instrumento de convivencia y no de confrontación". Para ello, avisó, hacía falta respetar tanto la Constitución como la voluntad de reforma de los catalanes.

"Había que haber sido tan respetuoso con la necesidad de su adecuación a los procedimientos y reglas constitucionales como con la voluntad de reforma expresada por los ciudadanos de Cataluña", advirtió a los grupos políticos.

Así, ha defendido que su Gobierno fue "receptivo a esa rotunda voluntad democrática de reforma" y que después ha contribuido, como ha hecho con todos los Estatutos autonómicos, a desarrollar y aplicar la reforma. El PSOE, ha recalcado, respaldó el 'Estatut' en las Cortes y con él la "voluntad muy mayoritaria de la sociedad catalana de renovar el autogobierno de Cataluña y de reafirmar su identidad política en el marco de la Constitución.

A su juicio, el 'Estatut' "responde lealmente a la aspiración a mayores cotas de autogobierno" que la sociedad catalana "siente profundamente como muestra de su propia identidad" y para hacer realidad esa convivencia en la diversidad es necesario "aprovechar las oportunidades" que ofrece tanto el 'Estatut' como todos los Estatutos de autonomía de nueva generación.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

En este contexto, el presidente ha defendido la colaboración entre administraciones, "cuya especial necesidad en momentos de crisis no hace falta reseñar". Subrayó algunos acuerdos alcanzados para, por ejemplo, el impulso de programas como el Plan E-automóvil, la aplicación de la ley de dependencia, el plan de desarrollo rural, la reducción del gasto farmacéutico y del déficit público.

"Es necesario seguir en ese camino", subrayó, para añadir que la cooperación con las Comunidades Autónomas tiene que servir también para acordar "un nuevo marco financiero para las entidades locales".