Se han introducido algunas modificaciones a iniciativa de los grupos parlamentarios
Jueves 02 de octubre de 2014
El Congreso vota hoy el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la reforma del Código Penal, en la que se han introducido algunas modificaciones a iniciativa de los grupos parlamentarios, y que no cuenta con el apoyo del PP, que ha visto rechazada su propuesta de cadena perpetua revisable.
No obstante, CiU y ERC votarán con los socialistas para sacar adelante el proyecto, después de que el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, haya atendido algunas de sus exigencias sobre la regulación penal de la multirreincidencia en los hurtos.
La postura del PP ensombrece la intención del Ejecutivo de lograr el consenso de todas las fuerzas políticas en este proyecto, pero, aunque los socialistas han reiterado su oferta de acuerdo, no están dispuestos a traspasar los aspectos que para ellos constituyen "una línea roja" y están en el polo opuesto de la filosofía penal del PSOE.
El Partido Popular, sin embargo, considera que el texto que será remitido al Senado es "insuficiente", según ha dicho su portavoz de Justicia, Federico Trillo.
En cualquier caso, el PSOE tiene el apoyo de CiU, que ha visto recogida su exigencia de endurecer el tratamiento de la "multirreincidencia" en los hurtos, y de Esquerra Republicana de Catalunya, que mismo ha conseguido el compromiso de Caamaño para poner en marcha de inmediato un registro de este tipo de faltas en Barcelona.
El endurecimiento del castigo para los "carteristas" reincidentes es una de las novedades introducidas en el Congreso y supondrá que los autores de hurtos reiterados de pequeña cuantía -menos de 400 euros- podrán ser condenados a penas de cárcel a cumplir durante el fin de semana.
Otros cambios incluidos en el proyecto del Gobierno afectan a los delitos de tráfico y van a suponer que conducir por encima de la velocidad permitida en 60 kilómetros por hora en vías urbanas o en 80 en interurbanas, o bajo los efectos de alcohol o drogas, sea castigado con penas de prisión de tres a seis meses o con multa de seis a doce meses o con trabajos en beneficio de la comunidad.
Esta posibilidad de elegir entre tres penas distintas evitará la masificación de las cárceles por el aumento de los delitos de tráfico y la prescripción de los mismos.
La reforma, que contempla la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo con resultado de muerte, incluye también la libertad vigilada revisable durante diez años para terroristas o pederastas reincidentes una vez que cumplan la condena.
En materia de corrupción, la tramitación en el Congreso ha supuesto un aumento de las penas para los cargos públicos condenados por este tipo de delitos, que tendrán siempre condenas de cárcel, y no sólo de multa o inhabilitación.
En concreto, las autoridades que tengan intervenir en cualquier contrato y se aprovechen de esa circunstancia para obtener un beneficio se arriesgarán a penas de seis meses a dos años de cárcel.
También se elevan las condenas para los funcionarios públicos implicados en delitos urbanísticos que informen a favor de proyectos o licencias de forma irregular, que tendrán penas de cárcel, sin que exista como alternativa la sanción económica.
Asimismo, se suprimen las penas de prisión para delitos de venta de material audiovisual ilegal, el conocido como "top manta", cuando el beneficio no supere los 400 euros.
Las ocupaciones violentas de bienes inmuebles protagonizadas por los "okupas" podrán ser penadas también con prisión de uno a dos años, cuando hasta ahora sólo tenían multa económica.
También se castigará a quienes hagan pintadas o "grafitis" en bienes muebles de dominio público o privado con localizaciones permanentes de dos a seis días o trabajos en beneficio de la comunidad.
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