22/04/2010.- Todos los expertos en economía aseguran que es imprescindible y urgente que los dos grandes partidos políticos españoles lleguen a un acuerdo para que las Cajas de Ahorro afronten la crisis en unas mínimas condiciones que permitan evitar males mayores como un pánico generalizado de ciudadanos que vean amenazados los ahorros de toda la vida.
Las condiciones implican una serie de cambios en profundidad que eviten situaciones, tan lamentables e intolerables, como la que se ha producido con Caja Castilla La Mancha, desde hace un año que sepamos cuando fue intervenida por el Banco de España.
¿Cómo están las demás? No se trata de crear alarmas que puedan perjudicar a los ahorradores, paganos siempre cuando se registran en este tipo de desmanes financieros, sino de reclamar las reformas necesarias para dar viavilidad al sistema y se puedan evitar los traumas que causan los cracks derivados de una pésima gestión en manos de unos intereses políticos que nada tienen que ver con la buena práctica de una caja de ahorros con su obra social al servicio de los menos favorecidos y de sectores con más necesidades de atención.
Los dirigentes políticos no están dispuestos a ceder el poder que les otorga el control de una caja de ahorros. En este caso, son los presidentes de las comunidades autónomas los que están protagonizando una férrea lucha por retener la mayor parte de los privilegios que les otorga la ley actual y que les revierte una serie notable de prebendas entre sectores muy influyentes.
En los últimos meses hemos asistido a una guerra sin cuartel y sin pudores públicos por el control de Cajamadrid, la cuarta entidad española con una dimensión muy superior a las demás, sólo rebasada por La Caixa.
Son palabras mayores que han demostrado hasta qué punto los políticos de turno están dispuestos a dar la batalla por no perder su control. Pero no hace falta ir a las grandes para comprobar cómo los distintos presidentes amarran con uñas y dientes sus cajas y no quieren ni hablar de posibles fusiones con entidades de otras comunidades que supondrían la pérdida del control.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, lanza cada cierto tiempo una advertencia de la imperiosa necesidad de acometer la reforma de las cajas de ahorro pero la resistencia en algunos casos es numantina, aunque en las últimas semanas se han podido dar algunos pasos pero, siempre, con entidades de la misma comunidad.
Es el caso castellano-leonés mientras en Galicia surgen múltiples inconvenientes. Sin embargo, la realidad de los pasivos inmobiliarios y de terrenos financiados a un precio bastante mayor que el actual del mercado, coloca a muchas de las cajas españolas al borde de un ataque de nervios que sólo se difumina por la presión política de no provocar un escándalo que comprometería seriamente la credibilidad de los partidos y los votos, cuando queda apenas un año para las próximas elecciones municipales y autonómicas.
El problema radica en la insostenibilidad de la situación porque es imprescindible recapitalizar las cajas para sanearlas, garantizar su futuro y los depósitos de los ahorradores, pero dentro de un nuevo marco de funcionamiento donde prevalezca la gestión profesional por encima de la gestión política.