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UGT pide exención para los parados de la tasa por exámenes de empleo público

Esa exención del pago de tasas se aplicaría también a las convocatorias de empleo de organismos, empresas y entidades públicas.

Jueves 02 de octubre de 2014
UGT Madrid pide que los parados estén exentos del pago de tasas de derechos de examen en las ofertas de empleo público en la administración autonómica y en las distintas corporaciones locales de la Región, ha expuesto el sindicato en un comunicado.

Esa exención del pago de tasas se aplicaría también a las convocatorias de empleo de organismos, empresas y entidades públicas.

La iniciativa se enmarca en la Carta de Derechos de Trabajadores en Paro que el Sindicato impulsa para que sean atendidos los trabajadores en paro en Madrid y "ante el vertiginoso aumento de las cifras de paro como consecuencia de la crisis económica que afecta a nuestra Región".

En la actualidad los trabajadores parados de la Comunidad de Madrid que aspiran a una oferta pública tienen que pagar unas tasas que varían en función de cada administración, según el sindicato.

UGT-Madrid recuerda que la Administración del Estado tiene una norma que señala la exención del pago de la tasa las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de convocatoria de pruebas selectivas a los cuerpos y escalas de funcionarios o a las categorías de personal laboral de la administración pública estatal.

Sin embargo en las convocatorias de empleo público de la Administración Autonómica sólo están exentas las personas desempleadas inscritas como demandantes en las oficinas de empleo con una antigüedad mínima de 2 años, añade el sindicato.

Añade que para el Ayuntamiento de Madrid el trabajador parado tiene que tener una antigüedad de 2 años como demandante de empleo para que se le aplique una reducción del cincuenta por ciento de la cuantía de las tasas.

UGT Madrid considera que el pago de estas cantidades, que son variables y que pueden alcanzar los 30 euros por examen, supone, para los trabajadores y trabajadoras en paro una carga económica "poco razonable y socialmente injusta".