Tomás Gómez asegura que 36 personas han fallecido en Madrid esperando recibir ayuda a dependencia

El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha afirmado que 36 personas han fallecido en la Comunidad de Madrid mientras esperaban recibido la ayuda que determina la Ley de Dependencia y anunció que los servicios jurídicos de este partido interpondrán demandas de responsabilidad patrimonial en estos casos.

Gómez hizo estas afirmaciones en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva, en la que señaló que los servicios jurídicos del PSM han interpuesto 295 reclamaciones para recibir las prestaciones por dependencia y que hay 486 expedientes.

Subrayó el éxito de la actuación de los servicios jurídicos, ya que, según afirmó, "la Comunidad suele reaccionar ante las reclamaciones y agilizar los trámites".

Por su parte, la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, aseguró que el Partido Socialista de Madrid asesora a personas en situación de dependencia y a sus familiares de manera errónea con normativa que no está vigente.

Para Hidalgo, es "indigno" que se utilice a las personas fallecidas como arma política y recordó el carácter retroactivo de las prestaciones económicas.

Hidalgo, pidió al Partido Socialista Madrileño que "no falte a la verdad y deje de confundir a los ciudadanos madrileños en un tema tan sensible como es la atención de las personas en situación de dependencia".

"No sólo no es cierto que la Administración está actuando como consecuencia de las reclamaciones interpuestas por el PSM sino que sus asesores están desinformando a los madrileños y realizando reclamaciones sujetas a normativa derogada hace más de año y medio, lo que muestra el desconocimiento y el desinterés del PSM por atender a las personas en situación de dependencia", dijo Hidalgo.

"Su único interés es utilizar de forma partidista y sectaria la Ley de Dependencia en la Comunidad; una región que ya cuenta con 500 centros de atención a la dependencia y una red de servicios sociales con más plazas por habitante que ninguna otra comunidad autónoma", agregó la consejera.

Respecto a las personas que han fallecido con anterioridad a que se les asigne el recurso, la consejera se refirió al carácter retroactivo de la Ley en la Comunidad de Madrid, es decir que una vez firmado el Plan Individual de Atención, abona la cuantía de las prestaciones económicas desde la fecha de solicitud.

Por otra parte, el Grupo de IU en la Asamblea de Madrid ha reclamado un convenio específico para la financiación de la Ley de Dependencia con el fin de lograr que el Gobierno regional dote de los recursos necesarios a los ayuntamientos para asumir estas competencias en vez de "hacer caja con la aplicación de esta ley".

Su portavoz de Servicios Sociales, Pepa Amat, ha asegurado en un comunicado que varios representantes municipales le han explicado que sus ayuntamientos tienen que sufragar los gastos derivados de la atención a las personas que necesitan de servicios sociales y a los que tienen algún grado de dependencia.

Según Amat, la Comunidad utiliza los fondos destinados a ayuda a domicilio y teleasistencia para atender a personas valoradas como dependientes, de modo que los ayuntamientos deberán financiar en solitario la prestación de estos servicios a aquellas personas no reconocidas como dependientes, en contra del Plan Concertado y el Convenio que lo soporta.

Por ello, ha denunciado que el Gobierno regional ha incumplido el compromiso que hizo en 2008 (un año después de que entrara en vigor la Ley de Dependencia) de aprobar una addenda para financiar estos servicios.

"Estamos ya en abril de 2010 y no se ha aprobado nada en este sentido para poner fin a esta situación", ha dicho la diputada de IU, que ha reclamado la firma de un convenio independiente de promoción de autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y teleasistencia o bien un anexo de atención a la dependencia al convenio de servicios sociales de atención primaria.