Pedro Muñoz ha explicado que la empresa con la que Rollán realizó la operación, Patrimonio Siglo XXI, "pertenece al grupo Bruesa, imputado en un caso de financiación ilegal del PSOE en Ibiza".
Jueves 02 de octubre de 2014
El portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz, se ha mostrado hoy convencido de que lo que hay detrás del convenio urbanístico que firmó en 2001 la 'número dos' del PSM, Trinidad Rollán, cuando era alcaldesa de Torrejón de Ardoz "es peor que lo que paró Esperanza Aguirre en Majadahonda".
En declaraciones a Efe, Pedro Muñoz ha explicado que la empresa con la que Rollán realizó la operación, Patrimonio Siglo XXI, "pertenece al grupo Bruesa, imputado en un caso de presunto cobro de comisiones irregulares y financiación ilegal del PSOE en Ibiza".
Según el PP, el Ayuntamiento de Torrejón "regaló" una parcela a esa empresa sin hacer constar su "valor real", a cambio de que ésta corriera con los gastos de urbanización.
Dichos gastos sí se valoraron en el convenio por 539.291.000 de las antiguas pesetas (3,2 millones de euros).
Muñoz sostiene que el negocio suponía para esa empresa un "beneficio muy importante", derivado de la construcción allí tanto de viviendas protegidas como libres.
"¿Por qué estaba tan interesado el Ayuntamiento en que esa empresa, y no sabemos si alguien más, sacase tanto beneficio?", se ha preguntado Pedro Muñoz.
A su juicio, "regalar suelo a una empresa de un grupo envuelto en una trama de sobornos y comisiones ilegales en Ibiza no es sólo una infracción administrativa, como dice el secretario general del PSM, Tomás Gómez".
Además, ha subrayado que el "enorme perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento por ceder suelo a una empresa por valor muy inferior al real" y ha apuntado que el propietario del grupo Bruesa es Antonio Pinal, al que se vinculó en 1994 con Luis Roldán por las concesiones irregulares para la construcción de cuarteles de la Guardia Civil.
Muñoz ha argumentado que este caso -por el que el fiscal pide ocho años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación para la ex alcaldesa y los concejales que la apoyaron- es "muy parecido, aunque peor" al de la venta que Esperanza Aguirre "impidió" que se hiciera en el Ayuntamiento de Majadahonda de una parcela a la trama de Francisco Correa por la mitad de su precio.
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