Uno de los altos funcionarios de los que el Partido Socialista de Madrid (PSM) quiere que sean imputados por el "caso Gürtel" falleció en 2007, han informado fuentes de la Comunidad de Madrid.
Se trata del que fuera subdirector de Régimen Interior y Servicios Generales de la Consejería de Educación Matías Morante de la Calle, que murió en abril de 2007 de un cáncer de colón.
El líder del PSM, Tomás Gómez, ha hecho pública hoy una lista de 47 altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre a los que ese partido desea que sean imputados por su presunta relación en "Gürtel".
La lista, en la que figuran el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, y el actual Defensor del Menor de la Comunidad, Arturo Canalda, incluye a otras 45 personas que ocupan o han ocupado altos cargos en los Gabinetes de Aguirre.
Morante de la Calle dejó su puesto en la Consejería de Educación en enero de 2007, después de que se le diagnosticará un cáncer y murió tres meses después, a los 62 años, según las fuentes.
Tomás Gómez había declarado por la mañana que el listado de 47 personas a las que se quiere ver imputadas se ha elaborado tras el análisis de 365 expedientes "infectados" del sumario, en los que, según ha dicho, se ha detectado alguna irregularidad.
Por otra parte, el presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Manuel Jesús González, ha afirmado hoy que este órgano no considera "oportuno" fiscalizar "de motu propio" los contratos del Gobierno regional con empresas de la trama Gürtel y ha advertido de que ni la prensa ni la Justicia pueden obligarle.
"Soy defensor a tope de la libertad de prensa, pero la prensa no determina mi conducta y la ley no me obliga a seguir a la prensa. Ni siquiera el sumario y la Justicia gobiernan el diseño del programa fiscalizador", ha aseverado durante una comparecencia en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea.
El presidente de la Cámara de Cuentas, que ha comparecido para presentar el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid correspondiente al ejercicio 2008, ha explicado que, cuando se diseñó el último programa de fiscalización, el caso Gürtel "era simplemente medios de prensa" y que él "no mira los periódicos para ver qué va a fiscalizar".
"Esperemos a que la Justicia emita su dictamen", ha pedido a los diputados del PSOE e IU, tras recordar el caso del ex presidente socialista de Castilla y León, su "amigo" Demetrio Madrid, que dimitió al publicarse un "escándalo tremendo" y "luego la Justicia fiscalizó hasta el último hilo de la última alfombra y no encontró nada".
En el mismo sentido, ha apuntado que "salió en los periódicos" que él era hermano del vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, cuando en realidad es "hijo único".
Manuel Jesús González ha contestado así a los portavoces del PSOE e IU en la Comisión, Adolfo Piñedo y Miguel Reneses, que le han reprochado que la Cámara de Cuentas no haya tomado la "iniciativa" de fiscalizar ni uno solo de los 400 contratos de todas las consejerías que, según la instrucción judicial, han ido a parar a empresas de la trama.
También ha dicho que la Cámara sólo fiscaliza lo que le mandan la Ley, la Asamblea y el Tribunal de Cuentas, y que a 'motu propio' "nosotros, templados, fiscalizamos lo que cada consejero decide fiscalizar".
No obstante, ha animado al PSOE "a pedir allí donde tiene mayoría que intervenga el Tribunal de Cuentas".
En su comparecencia, González ha planteado también el problema del "bajísimo" porcentaje de ayuntamientos que rinden cuentas ante el órgano fiscalizador y ha dicho que no descarta promover una moción en la Asamblea para que tome medidas al respecto.
En ese sentido, ha destacado que el Parlamento catalán ha incluido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2010 "incentivos y sanciones, como la suspensión de las transferencias y subvenciones a los ayuntamientos", hasta que presenten sus cuentas.
Según sus datos, sólo el 9% de las entidades locales presenta sus cuentas en plazo legal, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid y la mayoría de los que tienen más 50.000 habitantes, lo que representa a un 78% de la población de la Comunidad.
No obstante, 127 ayuntamientos no han rendido ninguna cuenta desde el año 2000 y sólo 66 de los 179 municipios que hay en la región no tienen pendiente ninguna rendición.