Jueves 02 de octubre de 2014
El Defensor del Pueblo ha solicitado al Gobierno regional y al Consorcio Urbanístico Móstoles Sur que rechacen las subidas en los precios de compra y alquiler que la promotora Larcovi quiere aplicar a los adjudicatarios de viviendas protegidas del PAU-4 de Móstoles.
Se trata de 2.000 jóvenes de la localidad que, al enterarse en septiembre pasado de que la promotora aumentaba en 60.000 euros el precio de la opción de compra y en 170 el alquiler, con respecto a las cantidades anunciadas cuando se les adjudicaron las viviendas por sorteo, decidieron acudir al Defensor del Pueblo.
Éste, tras aceptar la tramitación de la queja y anunciar una investigación el pasado mes de febrero, ha emitido ahora un informe, difundido por el grupo del Partido Socialista (PSOE) en Móstoles, en el que insta a las administraciones local y autonómica a que velen por los derechos de los adjudicatarios del PAU-4.
En dicho informe, el comisionado parlamentario, Enrique Múgica, pide que se mantengan "las condiciones de aplicación (fijadas) por la normativa reguladora de las viviendas con protección pública, de modo que queden totalmente garantizados los derechos de los beneficiarios de las viviendas".
Por ello, el Defensor del Pueblo se ha puesto en contacto con los responsables del Consistorio y del Gobierno regional competentes y ha decidido personarse ante la Dirección General de Vivienda de la Comunidad, a la que corresponde decidir si acepta la calificación de los contratos propuesta por la promotora con los cambios de precios.
"(El Defensor) pide que se deniegue la calificación definitiva por entender que si se estima, podrían afectarse derechos e intereses del Consorcio", indica el informe.
La portavoz del PSOE de Móstoles, Paz Martín, se ha felicitado de que la Comunidad y el Ayuntamiento hayan "movido ficha" en apoyo de los adjudicatarios del PAU-4, aunque ha lamentado que las actuaciones se produzcan sólo a raíz de la intervención del Defensor del Pueblo.
Martín ha subrayado que su grupo municipal, y otros colectivos de la localidad, llevan meses respaldando las quejas de estos jóvenes, mientras que el equipo de Gobierno local se ha opuesto a dos mociones en el Pleno presentadas por el PSOE sobre este asunto.
La portavoz de los socialistas mostoleños ha hecho hincapié en que ahora corresponde a la Dirección General de Vivienda de la Comunidad de Madrid decidir si acepta a la calificación de los contratos que le pide la promotora para poder aplicar la subida, o la rechaza siguiendo las indicaciones del Defensor del Pueblo.
Éste, en su informe rechaza además otras modificaciones que la promotora fija en los contratos presentados a la Comunidad, y que no constaban en las condiciones iniciales de adjudicación, como la adquisición obligatoria de la segunda plaza de garaje o la exigencia de un aval de 3.000 euros.