La tramitación en la Asamblea de la Ley de Cañada Real se dilata indefinidamente

La tramitación en la Asamblea de la Ley de Cañada Real se ha dilatado indefinidamente, al proponer el PP que comparezcan ante la ponencia cerca de 40 representantes de organizaciones agrarias y ecologistas, universidades, colegios profesionales, entidades, expertos y asociaciones de vecinos.

Cuatro meses después de constituirse la ponencia encargada de aprobar el proyecto de ley del Gobierno regional, los populares sostienen que por "rigor" es necesario escuchar a "todos aquellos representantes de la sociedad civil que tengan algo que decir sobre la Cañada".

El PSOE, sin embargo, ha denunciado que se trata de una táctica para alargar la situación "hasta el final de la legislatura", dado que el Gobierno de Esperanza Aguirre y el de Ruiz-Gallardón "no se ponen de acuerdo".

Para denunciar el "bloqueo" de esta ley y exigir "negociación" y "consenso", han comparecido hoy juntos en la Asamblea la portavoz parlamentaria socialista, Maru Menéndez; el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, David Lucas, y el teniente de alcalde de Rivas-Vaciamadrid, también socialista, Guillermo Magadán.

Los tres han apostado por "sacar adelante una ley que dé una solución integral al drama humano que se vive en la Cañada Real".

David Lucas ha apelado a la situación de los más de 300 niños que subsisten en el poblado del Gallinero "entre las ratas y la basura", mientras que Maru Menéndez ha criticado que la presidenta Esperanza Aguirre "no se rebele contra la pobreza y la exclusión" que se vive en la Cañada.

A los socialistas no les vale el proyecto de Ley del Gobierno regional, porque consideran que "sin dinero no se puede resolver el problema", ha afirmado el teniente de alcalde de Rivas.

En su memoria económica, el proyecto de Ley de la Cañada Real "no contempla coste económico ninguno para la Administración de la Comunidad de Madrid", lo que -a juicio del PSOE- está en el origen del "enfrentamiento" entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

"La irresponsabilidad en política debe tener un límite, que es el drama humano. Por una vez, Aguirre y Gallardón deberían ponerse de acuerdo", ha aseverado David Lucas.

"A mí me da lo mismo cómo se lleven Mariño y Pilar Martínez, pero que se sienten en una mesa y resuelvan esto más allá de sus filias y sus fobias", ha reclamado Maru Menéndez.

El portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, ha replicado que no sabe cuánto va a dilatarse el proceso, pero que "el retraso que lleva es de cuarenta años" y que ha sido el Gobierno de Esperanza Aguirre el que ha tenido la "iniciativa" de abordarlo.

"Vamos a escuchar a la gente, le guste o no al PSOE, porque eso es lo que tiene que hacer un Parlamento cuando quiere legislar sobre algo", ha advertido.

El pasado lunes, la ponente del grupo popular Elena Utrilla entregó a la oposición un borrador de comparecencias que abarca cinco organizaciones agrarias, ocho de defensa del medio natural, siete universidades, cinco colegios profesionales, cuatro entidades que desarrollan proyectos en la Cañada, cuatro asociaciones de vecinos y varios expertos en Derecho Urbanístico.

Utrilla ha insistido en que su grupo quiere "oír a todos los que tienen algo que decir"; ha asegurado que eso "no debería asustar a nadie" y ha invitado al PSOE a decir "quién le sobra" de la lista.