El abogado de los cuatro imputados en el caso de supuestos espionajes a políticos madrileños ha solicitado a la juez que levante la acusación por un delito de malversación de fondos públicos
Jueves 02 de octubre de 2014
El Comité de Derechos y Garantías del PP ha decidido aplazar hasta una próxima reunión la sanción definitiva que impondrá a Manuel Cobo y a Ricardo Costa.
Fuentes del PP han informado de que los integrantes de este Comité han empezado a estudiar esa sanción final y, tras un primer análisis, han decidido seguir tratando este asunto en una próxima cita.
Cobo y Costa fueron sancionados con un año de suspensión de militancia, pero fuentes del partido aseguraron a Efe que el Comité de Derechos y Garantías podría rebajar esa sanción, o, incluso, anularla.
La sanción al vicealcalde madrileño se adoptó por sus críticas al Gobierno de Esperanza Aguirre, mientras que la relativa a Costa fue motivada por sus declaraciones en las que se consideraba todavía en el cargo pese a estar cesado por la dirección nacional.
Por otra parte, el abogado de los cuatro imputados en el caso de supuestos espionajes a políticos madrileños ha solicitado a la juez que levante la acusación por un delito de malversación de fondos públicos al entender que no pudieron incurrir en el mismo y que el proceso se basa en partes "de ignorada procedencia".
Dentro de este proceso, en el que se investiga supuestos seguimientos en 2008 al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex consejero de Justicia Alfredo Prada, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, imputó por un posible delito de malversación de fondos públicos a cuatro personas.
Primero imputó a tres asesores de la Consejería de Interior -los ex guardias civiles José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez-, y a continuación al que en el momento de los supuestos seguimientos era director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón.
Fuentes jurídicas han confirmado que el abogado de los cuatro imputados, Enrique Molina, pidió hace unos días que se levantase la imputación por malversación de fondos, en primer lugar por "inadecuación del tipo delictivo", ya que ese delito "sólo se puede cometer si se dispone del bien".
Si la juez no levanta las imputaciones, el letrado pide que se tome declaración al periodista de El País que publicó los supuestos partes de seguimiento, Francisco Mercado, "para que identifique a los testigos a los que se refirió en su declaración ante la Fiscalía" y revele así su fuente.
El abogado argumenta que "el valor de la prueba indiciaria", en referencia a los partes de seguimiento que publicó el diario El País, "son de ignorada procedencia" y "no se sabe su originalidad", por lo que solicita que el periodista identifique su fuente para poder confirmar mediante ésta si los documentos tienen validez.
El letrado también pide en su escrito que Manuel Cobo se ajuste a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya que su personación actual en la causa es "irregular" porque utiliza recursos "públicos" para defender una causa "privada" al ser defendido por el abogado del Ayuntamiento de Madrid.
El escrito presentado por Enrique Molina ha sido trasladado a las partes y ahora la magistrada tendrá que decidir si imputa a más personas en la causa, como solicitaron en su momento la Fiscalía y el abogado de Alfredo Prada.
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