23/02/2010.- El magistrado Baltasar Garzón se ve abandonado por todos, aunque considera que el ataque procede de la derecha, como respuesta al “caso Gürtel”, pero también se cree víctima de ajustes de cuentas procedentes del PSOE.
En el entorno del magistrado estrella creen que lo que ha llevado al juez al borde del abismo y a su casi segura suspensión en la Audiencia Nacional ha sido el “caso Gürtel”, que ya le produjo a los pocos días de estallar en el mes de febrero de 2009 una subida de tensión que obligó a hospitalizarle. El propio juez está convencido de que la derecha va a por él y la izquierda no va a hacer nada por salvarle, excepto algunos grupos de intelectuales. Zapatero le estima, pero no va a jugarse nada para sacarle del atolladero.
Las querellas por haber ocultado que cobraba de la Universidad de Nueva York al mismo tiempo que mantenía su sueldo judicial, la presunta prevaricación por la instrucción de la Memoria Histórica contra el franquismo o su intervención en el “caso Faisán” –el chivatazo a un colaborador de Eta de que le iban a detener- no son más que maniobras previas –según el círculo próximo al juez- para debilitar su imagen y darle el golpe final utilizando como arma las escuchas telefónicas y en los locutorios de la cárcel, ordenadas contra los abogados de los principales acusados en la trama de Francisco Correa y Alvaro Pérez, El Bigotes, y que, según Garzón, tenían que haber sido eliminadas del sumario.
La querella presentada por el dirigente del PP y ex ministro de Defensa, Federico Trillo, de ir contra el magistrado por lanzar el “caso Gürtel” contra la línea de flotación del partido de Mariano Rajoy, en febrero del año pasado, fue archivada. Tampoco prosperó la querella anunciada a bombo y platillo por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ni por Rafael Vera, desde el lado socialista, después de que el Tribunal de Estrasburgo reconociera que Garzón se tenía que haber inhibido en los casos contra el ex secretario de Estado de Seguridad por “enemistad manifiesta”. Tampoco los jueces de la Audiencia Nacional o del Supremo vieron nada ilegal en la instrucción de la Memoria Histórica o en sus cobros en Nueva York, pero todo eso cambió cuando el magistrado del Supremo, Luciano Varela, comenzó a instruir la querella presentada por Manos Límpias, un grupo ligado a la extrema derecha, por haber levantado la veda contra el franquismo.
Varela fue uno de los fundadores de Jueces por la Democracia y pasa por ser una persona muy próxima a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y a la miembro del Consejo General del Poder Judicial, Margarita Robles, Se da la circunstancia de que tanto una como otra fueron respectivamente secretarias de Estado de Justicia y de Interior en la época en que Garzón instruía los casos de guerra sucia contra el Gobierno de Felipe González. Sin embargo, Robles parecía que en aquella época apoyaba la actuación judicial de Garzón y ella misma fue la que destituyó al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, acusado de dirigir parte de las actuaciones sucias contra Eta. El entonces biministro de Interior, Juan Alberto Belloch también ha salido a defender la actuación de Luciano Varela.
Garzón creía que había conseguido reconstruir sus vínculos con el PSOE y parece que se lleva bastante bien con Zapatero que habría hecho tímidos esfuerzos para defenderle ante los ataques políticos y judiciales. Incluso se habló de que el Gobierno le iba a nombrar delegado judicial en Colombia para la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, la destitución del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, después de la cacería conjunta que protagonizaron ambos en la Mancha, dejó a Garzón sin su único apoyo real en el Gobierno socialista, porque aunque la policía le considera el juez más eficaz, tampoco tiene la simpatía del ministro del interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al que también hizo sufrir mucho durante la época en que era portavoz de La Moncloa coincidiendo con la instrucción del “caso Gal”.
Poco a poco Garzón ha ido perdiendo todos los apoyos del poder, al mismo tiempo que concitaba la solidaridad de los intelectuales y de las asociaciones de la Memoria Histórica que consideran su instrucción sobre el franquismo como el mejor “juicio” que se ha hecho a la dictadura. Hasta la nieta del ex presidente de la República, Juan Negrín, Carmen, ha solicitado, en un último y denodado esfuerzo por apoyar a Garzón, al Consejo General del poder judicial la recusación de todos los magistrados que juraron lealtad al Movimiento Nacional, que son prácticamente todos los que tienen más de 50 años, ya que el periodo abarca hasta el 5 de julio de 1977 en que se proclama el primer gobierno democrático.
Entre ellos están los cinco magistrados que admitieron la querella de Manos Limpias contra Garzón, Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo. Las asociaciones de la memoria histórica consideran que todos ellos están “contaminados” por haber jurado lealtad al franquismo.
Aunque nadie se atreve a sugerirlo abiertamente, hay tanto en la derecha como en la izquierda una gran animosidad contra Garzón al que consideran que va por libre y una prueba es precisamente la de haber “roto” el pacto entre los partidos para cerrar cualquier posibilidad de acusar a los franquistas de ilegalidades y mucho menos de crímenes cometidos durante la dictadura.
Hasta ahora, el juez instructor del “caso Gürtel” en Madrid, Antonio Pedreira, ha rechazado los recursos de dos de los imputados en la causa: José Luis Izquierdo, contable de las empresas de Francisco Correa, y Javier Nombela, que era asesor del concejal de Moncloa en el Ayuntamiento de Madrid, los cuales querían que se anulase la instrucción de Garzón por las escuchas a los abogados. Pedreira dice que las escuchas se atuvieron a derecho, pero la defensa del constructor imputado José Luis Ulibarri acudió directamente al Supremo para acusar al juez de prevaricación.
Los demás imputados en el procedimiento, capitaneados por el abogado de Francisco Correa, José Antonio Choclán, ex juez de la Audiencia Nacional, recurrieron directamente ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJM por estas escuchas. Sus recursos todavía no han sido resueltos, pero el contenido del auto notificado permite adelantar que correrán la misma suerte que los de los letrados que acudieron a Pedreira. De hecho, el instructor del caso afirma textualmente que “el derecho de defensa ha sido respetado en el caso de Correa”.
El hecho, sin embargo, de que después de los jueces rechazaran varias veces las querellas contra él y que luego fueran reabiertas hace pensar a Garzón que se ha quedado sin apoyos, tanto en el Gobierno, como en el PSOE y mucho menos en el Supremo y en la Audiencia Nacional, que literalmente le han dejado sólo. El único que ha salido un poco en su defensa ha sido el Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido, que puede conseguir que los fiscales no le acusen, pero que tiene poca incidencia en los jueces que van a por él.
Otro apoyo importante, pero insuficiente, es el del vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez, amigo personal de Garzón, pero sus intentos por conseguir una actitud más beligerante del CGPJ frente a los políticos del PP que han intentado presionar a Garzón por el “caso Gúrtel” han sido ineficaces.