Jueves 02 de octubre de 2014
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, suscribió convenios de colaboración con 14 municipios de la región para realizar el seguimiento social de los menores infractores que se encuentran cumpliendo alguna medida en medio abierto, y más concretamente, para menores que están en libertad vigilada o que están prestando algún servicio en beneficio de la comunidad, con el objetivo de que su integración social sea completa.
En este caso, los municipios que se han unido al proyecto han sido
Navalcarnero, Villa del Prado, Aldea del Fresno, Valdemorillo, Robledo de
Chavela, Villanueva de la Cañada, Tres Cantos, Villaviciosa de Odón,
Brunete, San Martín de Valdeiglesias, Miraflores de la Sierra, Galapagar;
y Móstoles y Torrejón de Ardoz, que renuevan los convenios. A estos se
unen los que tienen ya suscrito un convenio de este tipo: Algete, El
Escorial, Las Rozas, Majadahonda, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Martín
de la Vega y San Sebastián de los Reyes.
En la actualidad, un total de 1.102 menores se encuentran cumpliendo
medidas judiciales en medio abierto en la Comunidad de Madrid, de los
cuales, dos pertenecen al municipio de Navalcarnero, dos a Villa del
Prado, seis a Aldea del Fresno, tres a Valdemorillo, uno a Robledo de
Chavela, uno a Villanueva de la Cañada, tres a Tres Cantos, seis a
Villaviciosa de Odón, dos a Brunete, tres a San Martín de Valdeiglesias,
tres a Miraflores de la Sierra, cuatro a Galapagar, 36 a Móstoles y 31 a
Torrejón de Ardoz.
En cuanto al resto de municipios que actualmente tienen vigente el
convenio, dos menores son de El Escorial, 13 de Las Rozas, 18 de
Majadahonda, 28 de Parla, 18 de Pozuelo de Alarcón y 14 de San
Sebastián de los Reyes.
El consejero incidió en que con esta iniciativa se consigue una
respuesta ágil y eficiente a las necesidades socioeducativas que
presentan estos menores y jóvenes con residencia fijada en una localidad
de nuestra Comunidad, y por lo tanto en un territorio, población y marco
social determinado.
Para llevar a cabo este seguimiento, los ayuntamientos deberán
designar entre su personal a un titulado/a de Grado Medio, con
experiencia en el trabajo social con menores, que dependiendo
orgánicamente del ayuntamiento, seguirá prestando sus servicios en elseno de la Corporación y colaborará con el Programa de Ejecución de
Medidas Judiciales en Medio Abierto de la Agencia de Menor Infractor.
Así, el técnico designado hará un seguimiento de la medida judicial
impuesta al menor infractor, lo que conllevará un trabajo en el propio
medio sociofamiliar, educativo, laboral y social de los menores sujetos a
medida, siempre dependiendo de cada caso concreto. El Consistorio le
dotará de los medios materiales necesarios para la realización de su
trabajo, y especialmente para la realización de informes periódicos y
preceptivos que deben presentarse ante la Agencia del Menor Infractor.
Por su parte, la Agencia proporcionará a este profesional formación
y apoyo del personal especializado en la ejecución y seguimiento de las
medidas judiciales no privativas de libertad. Asimismo, el técnico podrá
utilizar la infraestructura de la Agencia del Menor y tendrá acceso a la
información necesaria para poder llevar a cabo su trabajo.
Tal como establece la Ley de Reguladora de la Responsabilidad
Penal del Menor, las comunidades autónomas con competencias para
ejecutar las medidas adoptadas por los jueces de menores en sus
sentencias firmes, pueden establecer convenios o acuerdos de
colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la
Administración del Estado, Local o de otras comunidades autónomas, o
privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de estas medidas, bajo su
directa supervisión, sin que ello suponga en ningún caso la cesión de la
titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecución.