12/2/2010.- La autorización judicial era para derribar el número 63 de la Cañada Real, sin embargo el Ayuntamiento tiró el número 61, donde no habían recibido ninguna notificación.
Jueves 02 de octubre de 2014
El Ayuntamiento de Madrid indemnizará a la familia de origen boliviano a la que derribó la vivienda en la que vivía en la Cañada Real cuando la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sea firme.
Así lo han indicado a Efe fuentes municipales, que han agregado que, una vez notificada esa firmeza, el Ayuntamiento dispone del plazo de dos meses para su ejecución y ésta debe llevarse a cabo "indemnizando, sin que los apelantes tengan más derecho que éste".
La sentencia, con fecha 30 de diciembre de 2009, declara que la entrada al piso por parte de la Administración local vulneró el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio.
Ronald Juan Arnez, padre de esta familia de origen boliviano, acompañado por su abogada, Sonia Rello, anunció el martes pasado que, a través del TSJM, solicitará al Ayuntamiento de Madrid que "repare, al menos, el daño ocasionado", por lo que pide una vivienda donde puedan rehacer sus vidas.
La autorización judicial era para derribar el número 63 de la Cañada Real, sin embargo el Ayuntamiento tiró el número 61, donde estaban empadronada la familia boliviana, por lo que eran personas distintas que no habían recibido ninguna notificación.
El TSJM no admitió las explicaciones dadas por el Ayuntamiento, en el sentido de que los ocupantes de las construcciones ilegales cambian los números que identifican las viviendas, entendiendo que lo definitivo es que la autorización judicial se otorgó para el nº 63 y no para el nº 61, por lo que la entrada en la vivienda en la que vivían Ronald, su mujer y sus dos hijos menores de edad no tenía cobertura en el título jurídico configurado por el auto judicial.
Según las fuentes municipales, el propietario del edificio era entonces presidente de la asociación de vecinos de la Cañada, del sector V, y su manera de proceder ha sido la de urbanizar y construir en este bien de dominio público, con trabajadores inmigrantes a los que alquila las viviendas construidas.
Después de la orden de demolición autorizada por el juez, añaden las mismas fuentes, cambiaron los ocupantes y se lo alquiló a otras personas.
Asimismo, añaden las fuentes, se cambió el número del edificio, actuación demostrada en otras sentencias recaídas sobre inquilinos del mismo propietario y del mismo edificio (sentencia de TSJM de 29 de abril de 2009, entre otras).
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