M.A.M | Jueves 02 de octubre de 2014
En la sede del TC de Doménico Scarlatti, los expedientes se acumulan por miles: desde los más grandes, como el del Estatut de Cataluña, hasta el matrimonio entre gays. Pero lo que resulta menos conocido es que más del 40% de los asuntos a resolver por el Constitucional lo conforman los recursos de ilegales en España con orden de expulsión. Estos expedientes atascan la labor del Tribunal, pero han conformado una nueva e inmensa líena de negocio para bufetes de abogados privados y abogados del turno de oficio.
Esa fue la gran queja de la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, en la presentación de la Memoria de 2008, que en su breve exposición destacó que el pasado año fue “muy notable” el porcentaje de los amparos ingresados que versan sobre asuntos de extranjería –recursos contra la orden de expulsión del país-: un total de 3.518, que suponían en 34,23 por 100 del total de los asuntos llegados al tribunal.
Pero lo que entonces –febrero de 2009- no podía saber Casas es que en el periodo de enero a mayo de 2009 se han presentado ya 5.061 recursos de este tipo, lo que supone más de la mitad de la cifra total del año pasado. Este fuerte incremento, según fuentes del Tribunal, es un claro signo de “cambio de la sociedad española” y el papel de la inmigración, “que también se ve en la Justicia ordinaria y en la Justicia constitucional”.
Es decir, que a fecha de hoy, cuatro de cada diez recursos que recibe el Constitucional son presentados por inmigrantes en el deseo de que se anule su orden de expulsión. De los casi 1.000 recursos de amparo que recibe el Constitucional de media al mes, el 40,65% de los presentados son recursos en materia de extranjería, es decir, presentados por inmigrantes, incrementando en dos puntos el porcentaje con respecto al año anterior.
Esas cifras atascan el Constitucional, pero también lógicamente, toda la cadena inferior.
El asunto no ha pasado desapercibido en el PP y el PSOE, cuyos grupos parlamentarios en el Congreso estudian fórmulas para desatascar los juzgados. La primera “ocurrencia” que han “perpetrado” es gravar con una cantidad de dinero la puesta en marcha de recursos contra decisiones judiciales. Ahora estudian cómo frenar la cantidad de recursos que llegan al Constitucional.
¿Pero, cómo pudo el PP firmar un acuerdo de este tipo? “Es que el ministro de Justicia hizo “casus belli” de este tema y dijo que no se llegaba a un acuerdo sobre la tasa judicial, que se rompía el “pacto por la Justicia”. Así respondieron medios populares a la pregunta de sobre cómo se llegó a un acuerdo para colar, casi de matute, un “impuesto”-“depósito” en argot judicial –que grave entre 22 y 50 euros todos y cada uno de los recursos que se interpongan en un juzgado por una causa abierta en el mismo. Un pastón, literalmente, si se tiene en cuenta que en cada sumario judicial se suelen interponer no menos de tres o cuatro recursos- tirando por lo bajo- cuestionando otras tantas decisiones judiciales.