19/11/2009.-Consideran que el anteproyecto "castiga" a las familias con menos recursos, "promueve" la especulación inmobiliaria y "limita" derechos fundamentales de funcionariado.
Jueves 02 de octubre de 2014
El Grupo Sindical del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid, integrado por UGT y CC OO, ha votado en el pleno de esta institución en contra del anteproyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas -también llamada Ley de Acompañamiento- remitido por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Por contra, los representantes del grupo de los empresarios y del de expertos en el CES, máximo órgano consultivo regional aunque sus consideraciones no son vinculantes, han votado a favor, según ha indicado a Efe el secretario de Políticas Sectoriales de UGT-Madrid, Juan Luis Martín Sierra.
UGT-Madrid considera que el anteproyecto "castiga" a las familias con menos recursos, "promueve" la especulación inmobiliaria y "limita" derechos fundamentales de funcionariado.
Para UGT y CCOO, el Ejecutivo de Aguirre "ha vuelto a utilizar la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para poner en marcha por la puerta de atrás políticas públicas que exigen el oportuno consenso y trámite parlamentario, despreciando así las aportaciones que puedan hacer las fuerzas políticas de la oposición y los agentes sociales".
Estiman que la ley "profundiza" la crisis financiera que sufre la Comunidad de Madrid como consecuencia de una política que "favorece la caída de la recaudación".
Ambos sindicatos critican, además, las deducciones y bonificaciones aplicadas por el Gobierno regional en el IRPF, según Jaime Cedrún, de CCOO.
En cuanto a las dirigidas a las familias, opinan que no tendrá "un gran impacto" en aliviar la carga impositiva de los ciudadanos con rentas más bajas, pues sólo se prevé una deducción del 10 por ciento del tramo autonómico del IRPF.
Así, según los cálculos de CCOO, una familia con ingresos de 1.000 euros al mes tendría una rebaja máxima de 50 euros al año, es decir 13 céntimos al día; y sin embargo, la rebaja para los empresarios es el doble, hasta un máximo de 4.000 euros.
Sobre la Ley del Suelo, los sindicatos consideran que, al eliminar la licencia municipal para actuaciones de urgencia y de interés general, abre las puertas a la especulación inmobiliaria, "pues serán los promotores y constructores quienes diseñarán la planificación urbanística de cada ayuntamiento, con un interés muy distinto al general y una finalidad absolutamente especulativa".
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