29/10/2009.- Según sus datos, el índice medio de empleo temporal en el sector público madrileño se sitúa en el 30 por ciento, un porcentaje "equivalente al sector privado".
Jueves 02 de octubre de 2014
El 7º Congreso de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid ha aprobado una resolución que aboga por situar la temporalidad en el sector público en un "máximo del 8 por ciento", índice que considera estructural.
Según sus datos, el índice medio de empleo temporal en el sector público madrileño se sitúa en el 30 por ciento, un porcentaje "equivalente al sector privado".
A su juicio, el origen de esa "elevada" temporalidad en las administraciones y servicios públicos está en la "privatización" de su gestión y ha sido "estimulada por la congelación de las ofertas de empleo público, que en el caso de la Comunidad de Madrid no se convoca ninguna desde 1998".
"La estructura del empleo público y la gestión privada de servicios considerados públicos y esenciales han favorecido un exceso de temporalidad que ha logrado enquistarse en la mayoría de administraciones de Madrid, hasta alcanzar un índice medio del 30 por 100 y mayor incidencia en las entidades locales", señala la resolución sindical.
El documento, que han aprobado hoy los delegados reunidos en la casa del Pueblo del sindicato de avenida de América, propugna que esta "elevada temporalidad no se puede justificar" y que "hay que corregirla para situarla en un máximo del 8 por 100, índice de temporalidad considerado estructural".
Para ello, propone negociar "planes extraordinarios de consolidación de empleo, acumulando en una sola convocatoria las ofertas de empleo público pendientes".
La resolución también aboga por una negociación colectiva coordinada y apoyada en el Estatuto Básico del Empleado Público.
En el apartado de Sanidad, analiza cómo "hace apenas un lustro los centros hospitalarios y de especialidades de gestión pública junto con alguna fundación sin ánimo de lucro ofrecían prácticamente el 100 por 100 de la asistencia sanitaria a la ciudadanía madrileña" y cómo "cuando termine la legislatura actual más de 2 millones de personas en la Comunidad de Madrid, un tercio de la población, será atendido en hospitales o centros de especialidades de gestión privada o mixta".
A este respecto advierte de que "uno de los problemas de fondo que se nos presentará es que la salud de esos 2 millones de madrileños queda al albur de los intereses económicos de las empresas que gestionan centros sanitarios públicos, cuyos intereses cotizan en mercados de valores, donde la racionalidad operativa -legítima- puede chocar con las necesidades de servicios y prestaciones sanitarias, que no siempre serán rentables".