Granados asegura que el Ejecutivo regional "no va hacer nada contra la voluntad de los ayuntamientos" en Cañada Real

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha asegurado que el Ejecutivo regional "no va hacer nada contra la voluntad de los ayuntamientos" implicados en el anteproyecto de Ley de la Cañada Real, y se ha mostrado seguro de que se llegará a un acuerdo.

Granados se ha referido así a las declaraciones hechas por los responsables de los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada, quienes han dicho que se sienten "engañados" por el Ejecutivo regional porque ha modificado el texto del anteproyecto.

El consejero ha valorado que las diferentes instituciones quieran solucionar un problema "con 50 años de existencia" y ha asegurado que "la Comunidad no va a hacer nada contra la voluntad de los ayuntamientos afectados por esta cuestión".

Ha recordado que "la Ley se puso en marcha a petición de los alcaldes", y se aprobará un texto "que no sea beligerante con los consistorios".

Granados ha instado a los alcaldes de los tres municipios afectados "a aclarar en qué no están de acuerdo", y ha afirmado que las acusaciones de "engaño" o "mentiras" no responden en absoluto a la realidad, sino "al contrario, ya que desde la Comunidad ha habido desde el primer momento voluntad de colaborar en este problema".

"Es un problema sobre todo municipal, pero en cualquier caso de todos", ha matizado, y ha afirmado que "seguro que llegaremos a un acuerdo".

Por su parte, la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce, ha destacado la importancia de que se llegue a un consenso entre las administraciones para solucionar un "problema histórico", y ha respaldado "el diálogo y el consenso" que había hasta ahora.

En su opinión, los más importante "es el bienestar de las personas que viven allí", que son "los ciudadanos más vulnerables de Madrid".

"Estoy segura de que si hay alguna duda interpretativa se solucionará" ha concluido.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura que lo único que ha cambiado en los textos del anteproyecto de Ley que regulará la Cañada Real es la propuesta de la Comunidad de dar "participación" a los vecinos en el proceso, lo que parece "haber molestado" al Ayuntamiento de Madrid.

Así se ha expresado esta mañana la presidenta del PP, en una rueda de prensa posterior a la reunión de su Comité de Dirección Regional, preguntada por las acusaciones de sus compañeros en el Ayuntamiento de Madrid de haberles "engañado" al introducir cambios no pactados en la anterior reunión para intentar resolver el problema de la Cañada Real Galiana.

"Eso no es correcto", ha afirmado Aguirre, para explicar que la propuesta del Gobierno regional es que "lleguen a un acuerdo las Administraciones y sean los ayuntamientos los que califiquen los terrenos como les parezca oportuno".

Sí es cierto, ha señalado Aguirre, que se ha ampliado de uno a dos años el plazo al considerar que podía ser poco tiempo para que los ayuntamientos pudieran tomar decisiones.

"La única novedad es la de dar participación a los vecinos", que algunos cifran en torno a los 40.000, ha recordado Aguirre, y cada uno de los cuales con una historia dentro de la Cañada.

"A lo mejor es eso lo que les ha molestado: que los afectados puedan participar en este proceso", que aún no ha comenzado, ha dicho Aguirre, quien ha valorado el apoyo de los socialistas al texto que seguirá su trámite habitual, del CES al Consejo de Gobierno, y de ahí, a la Asamblea.

Aguirre cree que "a lo mejor está mal redactada, pero lo que busca es acabar con la hipocresía del uso ganadero, del tránsito de ganado, y reconocer que allí no lo hay desde hace más de cincuenta años".

Desde su punto de vista, es "vergonzoso" que exista en Madrid un problema como el de la Cañada Real, en una región "líder" en Europa.

"Parece que la Comunidad quiere obligar a algo, cuando lo que se hace es dar total potestad a los ayuntamientos: que quieren hacer zonas verdes y echar a todo el mundo, pues lo harán, nosotros no vamos a decir que no", ha concluido.

Los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada aseguraron que se sienten "engañados" por el Gobierno regional porque en el anteproyecto de Ley de la Cañada Real ha introducido un punto que no estaba en el acuerdo que alcanzaron el pasado 7 de julio y que permite que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta del suelo ocupado sin haber solucionado el tema de los realojos.

Por ello han considerado "roto" el acuerdo, y han exigido a la presidenta de la Comunidad que modifique o retire el anteproyecto y convoque la mesa de negociación.