17/07/2009.-A raíz de la detención de tres menores sospechosos de violar a una menor de 13 años en Córdoba.
Jueves 02 de octubre de 2014
La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, ha apostado hoy por endurecer la Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal del Menor a raíz de la detención de tres menores sospechosos de violar a una menor de 13 años en Córdoba.
En los cursos de verano de la Universidad Complutense, Hidalgo ha asegurado que "un acto de semejante violencia y crudeza" significa que "las estructuras sociales y familiares han fallado", por lo que ha considerado que se trata de "un fracaso de la sociedad en general".
"Ante la reincidencia de menores hay que llevar a cabo las modificaciones legales pertinentes", ha indicado Hidalgo, que ha recordado además que la Asamblea de Madrid ya ha instado al Gobierno central a reformar la Ley del Menor "para evitar situaciones gravísimas como ésta".
Las reformas deberían ser, según Hidalgo, "estudiadas y propuestas por sociólogos, psicólogos y psiquiatra".
Aunque "es necesario integrar y reeducar a los menores", hay que proteger a la sociedad y a personas como la niña de 13 años violada, que sufrirá "un trauma para el resto de su vida" y "es muy duro que los responsables estén en la calle".
Por otro lado, Hidalgo ha defendido cualquier modelo de familia, incluida la constituida por parejas homosexuales, como "referente básico de la sociedad", pues "cualquier entorno familiar es bueno si el niño aprende valores, principios y recibe cariño".
"En la sociedad se han relajado muchos principios que eran buenos y merece una reflexión, pues estamos ante delitos de una gravedad que nos ponen los pelos de punta", ha añadido.
Durante su intervención, Hidalgo ha subrayado que Madrid protege actualmente a 108 menores con distinto tipo de diagnóstico y problemática, desde la enfermedad mental a problemas emocionales relacionados con el consumo de sustancias tóxicas, maltrato o depresión.
En total, en la región existen 4.648 menores bajo la protección de la administración regional, de los que más del 60 por ciento viven con alguna familia madrileña en régimen de acogida.
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