Aguirre afirma que "ya no hay excusa" para que no se levante el secreto de sumario del caso Gürtel

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado que "ya no hay excusa" para que no se levante el secreto de sumario sobre el denominado "caso Gürtel" y se conozca de qué se acusa a cada uno de los imputados para que éstos no sufran indefensión.

Aguirre se ha referido al auto dictado hoy por el Tribunal Supremo en el que acuerda asumir la investigación del caso Gürtel sólo en lo que se refiera a los posibles delitos cometidos por el senador y tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al TSJM.

La presidenta ha dicho que "ya no hay excusa" y que "nadie se va a escapar", por lo que ha pedido que se levante el secreto de sumario.

"Una vez que ahora ya se sabe que no todo va al Supremo y por tanto el tribunal competente es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, (pido que) se levante por favor el secreto de sumario porque la Ley dice que como máximo el secreto de sumario tiene que durar un mes y si no se tiene el acceso a toda la información existe indefensión porque no se sabe de que se acusa a cada uno", ha afirmado.

Aguirre ha precisado que "no es lo mismo" un delito que otros para que el partido "tome las decisiones consecuentes con ello".

Ha recordado que todos los imputados ya han abandonado sus cargos y han sido suspendidos de militancia, aunque los que eran diputados lo siguen siendo porque "el escaño no es propiedad del partido", según estipuló el Tribunal Supremo en 1983, cuando Enrique Tierno Galván intentó quitar el acta a un concejal de Madrid.

Por su aparte, el secretario general de los socialistas, Tomás Gómez, ha dicho que "cada día estamos más convencidos, porque se ven más indicios, de esta presunta corrupción que afecta a las raíces del PP y que tiene un foco de incidencia importante en el PP de Madrid y en las instituciones que gobierna, independientemente de las resoluciones judiciales"

Ha afirmado que tiene "plena confianza en la justicia", pero que además de lo que ésta determine "hay adoptar responsabilidades políticas", lo que "corresponde a Aguirre en el caso de Madrid y a Rajoy en el caso del Estado".

En este sentido ha afirmado que no sabe lo que dirá el líder del PP sobre Bárcenas, pero en cualquier caso "una persona que quiere ser presidente del país tiene que empezar por arreglar su casa de presunta corrupción".

Sobre Aguirre ha asegurado que "está muy en entredicho" y que "son necesarias responsabilidades políticas por salud y por higiene democrática".

Preguntado por los diputados imputados del PSOE, Gómez ha dicho que "nada tiene que ver que a uno le pongan una multa de tráfico por aparcar mal con que a uno le detengan por atracar un banco. Son cuestiones nada comparables y nada tienen que ver las consecuencias ni las responsabilidades".

Recordemos que el juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha imputado en la causa que investiga una presunta trama de corrupción ligada a cargos del PP a Francisco de Paula Jurado, al tiempo que ha ordenado nuevos registros en Boadilla del Monte y Majadahonda.

Tras tomarle declaración esta mañana, Pedreira ha imputado a Francisco de Paula Jurado Argaz su participación en una trama y los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad, según informa en una nota el TSJM.

Jurado Argaz fue una de las diez personas -la mayoría de ellas relacionadas con los despachos de abogados que utilizaba la trama de corrupción liderada por Francisco Correa para sus actividades fuera de España- imputadas en el caso el pasado 27 de marzo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Esta mañana también han declarado ante el juez en calidad de testigos Juan Antonio Camargo Muñoz -funcionario del Ayuntamiento de Alcalá de Henares- y Miguel González Martínez -funcionario de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Boadilla del Monte-.

Estas nuevas declaraciones han coincidido con los registros que la Policía Judicial ha llevado a cabo esta mañana por orden del juez Pedreira en los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda.

El objetivo de estos registros era localizar y recabar documentación sensible relacionada con el "caso Gürtel".

En el caso de Majadahonda, los agentes de la Policía Judicial, según ha informado a Efe un portavoz del Consistorio, se han personado en el Ayuntamiento con el fin de "ampliar la información requerida en su día por la Audiencia Nacional en relación con el caso Gürtel" y, en su mayoría, anterior al año 2005.

Los ex alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero, y de Majadahonda, Guillermo Ortega, fueron imputados por Garzón durante la investigación realizada por el juez de la Audiencia Nacional antes de inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Además, el pasado día 9 González Panero compareció ante el juez del TSJM Antonio Pedreira, que le impuso una fianza de 1.800.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias en las que pudiera haber incurrido con su actuación en el seno de la trama.

Según Garzón, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría participado en la adjudicación directa de contratos a la empresa de Correa Town Consulting SL, la actual Easy Concept Comunicación SL, así como en la adjudicación del proyecto de la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte a la empresa Hispánica.

Por su parte, el Tribunal Supremo (TS) considera que existen indicios "suficientes" para investigar al senador y tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y al diputado de este partido Jesús Merino por los presuntos delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.

Así lo expone el Alto Tribunal en un auto notificado hoy en el que acuerda asumir la investigación del "caso Gürtel" sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por estos dos aforados, y devolver el resto de la causa al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira.

Además, el Supremo ha rechazado ser competente para investigar al todavía eurodiputado Gerardo Galeote, ya que dejará de ser aforado el próximo 14 de julio, cuando se constituya el nuevo Parlamento europeo.

En el auto se designa instructor de la causa al magistrado Francisco Monterde, que deberá investigar la naturaleza de los cohechos y, en cuanto al delito fiscal, la posible prescripción del delito correspondiente a la anualidad 2002.

Respecto a Bárcenas, el Supremo señala que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en un registro domiciliario y las que resultan de la contabilidad intervenida "son indiciariamente expresivas" de la recepción de cantidades económicas y también del abono de un viaje turístico.

Sobre las alegaciones que el senador ha hecho llegar al Tribunal Supremo en las que trata de justificar sus ingresos, el auto concluye que "aunque puedan revestir cierta razonabilidad, se contrarrestan también con la argumentación contenida en un informe de la Agencia Tributaria", por los que las considera "insuficientes".

En cuanto a Merino, el TS indica que la exposición razonada que le remitió el TSJM refiere la percepción de cantidades económicas, basándose en la documentación intervenida en un registro domiciliario y en "un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo de empresas que se identifica como 'grupo Correa'", en referencia al presunto líder de la trama, Francisco Correa.

"Como quiera que esas cantidades entregadas presuntamente al aforado no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción y dada su condición de diputado, los indicios sobre la comisión de un delito de cohecho resultan, en principio, suficientes" para investigarle, añade la resolución.

El Alto Tribunal también señala que por el momento no existen indicios respecto a la pertenencia de los aforados a la trama dirigida por Correa o a su intervención en el entramado de empresas que éste lideraba y su participación en el desvío de fondos típico del blanqueo de dinero.

No obstante, añade que si en la investigación el instructor del caso en el TSJM encontrase nuevos indicios de su participación en éstos u otros delitos deberá informar al Supremo.

Aunque tanto Pedreira como la Fiscalía pidieron al TS que asumiera la totalidad de la causa -salvo la parte que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV)-, en el auto se considera que los hechos que se imputan a los aforados son "ciertamente escindibles" del resto, que se investiga en el TSJM.

Además, el Supremo argumenta que si bien es el órgano predeterminado por la ley para investigar a personas aforadas, no lo es para el resto de los imputados.

Agrega, no obstante, que sí podría ampliar su investigación a las personas que supuestamente entregaron dinero a Bárcenas y a Merino, ya que la "naturaleza relacional" del delito de cohecho "hace que deba extenderse la competencia por conexión sólo respecto a las personas que hubieran realizado las entregas de dinero y por estos hechos".

El hecho de que el Supremo se haya declarado competente para investigar a Bárcenas interrumpe el plazo de prescripción del primero del delito fiscal supuestamente cometido por éste respecto de la anualidad de 2002, que estaba a punto de dejar de ser perseguible, según fuentes del TS.

Ante todos estos hechos, el Partido Popular ha manifestado que con la resolución del Tribunal Supremo, que quedan "descartadas" las "tesis" del juez Baltasar Garzón y de la Policía Judicial sobre una trama de financiación ilegal de la formación.

Por medio de un comunicado enviado vía SMS a los medios de comunicación, el PP ha redactado un texto de cuatro puntos en los que define su posición tras saber que el Tribunal Supremo ha decidido asumir la investigación sólo de los presuntos delitos que se le atribuyen al senador y tesorero del partido, Luis Bárcenas, y al diputado popular Jesús Merino.

Para el PP, que el alto tribunal opte por asumir únicamente lo que concierna a estos dos cargos, y no la totalidad del "caso Gürtel", descarta cualquier indicio de financiación ilegal en la organización.

Pero también descarta supuestos delitos de blanqueo de capitales en los dos aforados que ahora investigará el Supremo, a los que sí se les aplica indicios de presuntas actuaciones de cohecho y de fraude fiscal.

El auto del Tribunal Supremo, según destaca el PP en su comunicado de cuatro puntos, tampoco "aprecia conexiones entre las empresas de los aforados y la trama 'Gürtel'".

Por último, el PP aplaude que el alto tribunal, al asumir la investigación, "agilice" la tramitación de la causa.

Igualmente celebra que del auto del Supremo "no se hayan producido las habituales filtraciones".