Jueves 02 de octubre de 2014
Caja Madrid se ha convertido en el paradigma del pulso soterra-do que libra el Gobierno con las comunidades autónomas para definir el nuevo modelo de ges-tión de las cajas de ahorros. Futuro que para el Ejecutivo de Zapatero, al igual que para Mariano Rajoy, pasa por profesionalizar estas entidades bancarias, reducir drástica-mente su número y limitar la influencia polí-tica de cada autonomía sobre ellas. Y eso es precisamente contra lo que lucha Esperanza Aguirre y su Ley de Cajas (José Antonio Griñán en Andalucía está haciendo otro tan-to, aviso incluido al Gobierno), con la que la presidenta de la Comunidad madrileña ha querido, y quiere, apuntalar e, incluso, incre-mentar el poder político en este organismo financiero. Aunque la estrategia de Zapatero es glo-bal, lo cierto es que Caja Madrid tiene una importancia prioritaria para el Gobierno, dado su carácter de cuarta entidad bancaria del país. Algo que está provocando que el pulso del Ejecutivo se haya transformado aquí en una batalla campal que se prolonga ya desde hace meses, poniendo al descubier-to los muchos, y pocas veces confesables, intereses políticos y económicos que se esconden tras ella. Tanta es la importancia de la Caja del oso para el Gobierno que, tras el sorpresivo pac-to del PP con IU para sacar adelante la Ley, la mismísima ministra de Economía, Elena Salgado, visitaba a Esperanza Aguirre, so pretexto de tratar la financiación autonó-mica, para exponer los deseos de su Eje-cutivo de invalidar el acuerdo suscrito con Izquierda Unida y la federación de banca de CC.OO de cara a realizar otro que tuviera al PSM como invitado principal. Un giro, vino a decir, que sería tenido muy en cuenta a la hora del reparto económico para Madrid. La entrada en escena de Salgado no parece haber calmado, más bien todo lo contrario, la convulsión política y sindical que se vive en la Caja madrileña desde que se diera a cono-cer el tan traído y llevado acuerdo, aprobado oficialmente en la Asamblea de Madrid la pasada semana. El que Izquierda Unida, decidida a proyectar un perfil propio que la aleje de ser un ente subsidiado del PSOE, se haya convertido en la llave para que Esperanza Aguirre pueda sacar adelante su reformada Ley, modificada después del recurso pre-sentado por el Gobierno, se está digiriendo mal tanto por parte de los socialistas que lidera Tomás Gómez, como por la cúpula de la Comisiones Obreras de Madrid de Javier López, que ha sufrido un impor-tante quebranto interno tras el apoyo de la federación de banca de CC.OO al polémico acuerdo. Lo cierto es que la sorpresiva entente suscrita entre los populares y una parte de la izquierda madrileña ha pillado con el pie cambiado a socialistas y sindicatos, no sólo por la inesperada maniobra de la coalición, sino por no darse cuenta que en Génova 13 se viene cocinando la paz en la entidad del oso entre la presidenta del PP madrileño y Alberto Ruiz Gallardón. Un espinoso tema en el que, según palabras de un alto dirigente del PSOE, el socialismo madrileño, con Tomás Gómez a la cabeza, se habría quedado literalmente, una vez más, a verlas venir. Irónica sentencia de un pre-boste de Ferraz ante la larga cambiada que Izquierda Unida ha dado al líder del PSM en un asunto al que hace meses, cuando se libraban las primeras escaramuzas, él mismo no hacía excesivos ascos, aunque ahora lo niegue vehementemente. Complacencia sustentada en poderosas razones, pues la Ley de Cajas de Aguirre no sólo iba a permitir a Gómez deshacerse de algunos incómodos miembros de su partido en este organismo financiero, véase Anto-nio Romero o Francisco Peréz (en su día simanquistas de pro y alineados con Blesa en esta pelea), sino que además, si la normativa prosperaba, el líder del PSM tenía el camino allanado para gobernar la Caja sin impedi-mentos una vez alcanzada la presidencia regional. Un dulce difícil de resistir. El freno a las veleidades agurristas de Gómez, según se decía sotto voce en Comi-siones Obreras, en esa época de uñas contra la estrategia de Gómez, llegó prvia llamada de atención del sindicato respecto al líder del PSM en Ferraz, que, por otra parte, sin-tonizaba en gran medida con la visión del Gobierno sobre este tema. A partir de ese momento el PSM se instaló en una postura abstencionista en las asam-bleas a cara de perro que se han celebrado en la entidad para tratar esta reforma. Tibieza que ha dado paso a todo tipo de declaracio-nes altisonantes, también desde CC.OO, tras el sorpresivo quiebro de IU. A la teoría de la pinza, que ha entrado de nuevo en circu-lación, le han seguido acusaciones de des-lealtad o valoraciones como las de Tomás Gómez tachando a quienes han suscrito la “entente” de “poca talla ética y política”, por obedecer ésta, según él, a un mero reparto de cargos. Lo que todos callan es que la original Ley de Cajas barría literalmente la representación de IU en esta entidad, por lo que la coalición estaba poco menos que abocada a pasar a la ofensiva si no quería desaparecer del mapa bancario. La batalla de la Caja madrileña se aven-tura larga y plagada de tiras y aflojas políti-cos y económicos más o menos secretos. El Gobierno de Zapatero, por boca de Salgado, ha puesto sobre la mesa cual es la estrategia a seguir sí Aguirre quiere limar asperezas financieras con el Ejecutivo. CC.OO quie-re un nuevo escenario en el que el sindica-to madrileño, y no su filial bancaria, tenga la palabra, Izquierda Unida va a forzar la vigencia de su acuerdo, al que espera “sumar voluntades” en clara alusión a los socialistas, a cuyo líder el coordinador de IU, Gregorio Gordo, ha solicitado un encuentro pacifica-dor (artículo aparte merece la falta de sinto-nía de Gordo y Gómez, principalmente por demérito de este último); el actual presidente de la Caja, Miguel Blesa, continúa erre que erre con mantenerse en el cargo y Gallardón de vez en cuando deja caer aquello de que él está a la espera de lo que tenga que decir el Gobierno.